Fiscalía investiga a cinco implicados en el caso ‘harina subvencionada’


De acuerdo con los primeros informes, los convenios observados entre Emapa y Conapabol causaron pérdidas de más de Bs 6 millones.

Por Daniel Zenteno

La Fiscalía abrió una investigación contra cinco personas por presuntas irregularidades en la compra de harina en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), luego de una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia.Entre los implicados figuran el exgerente de la estatal Franklin Flores y el dirigente de los panificadores, Rubén Ríos.

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El fiscal departamental, Omar Quisbert, confirmó que los investigados serán procesados por incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

“El Ministerio Público tomó conocimiento de la denuncia presentada ante el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción e inició las investigaciones correspondientes”, afirmó.

Caso

La pesquisa preliminar identificó dos convenios firmados entre Emapa —representada entonces por Franklin Flores— y la Confederación Nacional de Panaderos de Bolivia (Conapabol), a cargo de Ríos.

De acuerdo con el Viceministerio de Transparencia, ambos acuerdos presentan múltiples irregularidades, como ausencia de certificados del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), falta del certificado Pro Bolivia, omisión en su publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y variaciones de precios sin respaldo técnico ni legal.

“Estos requisitos debieron cumplirse antes de la firma del acuerdo; sin embargo, fueron ignorados, generándose observaciones que ahora forman parte de la investigación”, explicó Quisbert.

Añadió que ya fueron emitidas las citaciones formales para todos los implicados, quienes deberán acudir a declarar ante el Ministerio Público en los próximos días. “Los señores Franklin Flores y Rubén Ríos tienen programada su declaración informativa la próxima semana”, señaló sin precisar fechas.

La denuncia también alerta sobre un posible daño económico al Estado de Bs 6,2 millones, cifra que aún será verificada mediante auditorías y revisión documental. “El Ministerio Público continuará ampliando las investigaciones hasta establecer responsabilidades penales y determinar el destino de los recursos comprometidos”, sostuvo el fiscal departamental.

Horas antes, Ríos informó que se le convocó a declarar el próximo 3 de diciembre, aunque aseguró que no incurrió en enriquecimiento ilícito. Se espera que Flores declare un día después, el 4 de diciembre.