La permanencia de Freddy Vidovic en el Ministerio de Justicia podría definirse en las próximas horas, en medio de la presión política, la expectativa institucional
Fuente: eldeber.com.bo
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dio por válida una sentencia ejecutoriada de tres años de prisión por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo contra su colega de Justicia, Freddy Vidovic. La autoridad señalada denuncióse víctima de persecución en la era del MAS.
El informe, que concluye que Vidovic no puede continuar en el cargo, fue remitido al presidente Rodrigo Paz, quien deberá tomar una decisión en mérito a sus atribuciones constitucionales.
“No podrá ejercer cargo público. Es uno de los efectos de tener los derechos ciudadanos suspendidos (por efecto de estas sentencias)” subrayó el ministro Oviedo.
Según explicó, la información surgió luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyera verificar los antecedentes judiciales del ministro de Justicia.
La revisión permitió identificar una sentencia dictada en mayo de 2015 por el entonces juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Román Cordero, en el marco de un procedimiento abreviado al que Vidovic se sometió voluntariamente, renunciando a la apelación y dejando firme la condena.
“Otro aspecto que llamó mi atención es que este hecho jurídico no figura en el Rejap (Registro de Antecedentes Penales). Seguramente será un punto que tendremos que investigar”, advirtió el ministro, dejando abierta la posibilidad de indagar sobre este caso.
Según Oviedo, un fallo ejecutoriado implica la suspensión de los derechos ciudadanos, lo que inhabilita ejercer cargos públicos. Su declaración generó un fuerte impacto político, porque alcanza a uno de los integrantes del gabinete del presidente Paz.
Vidovic, en un comunicado, rechazó cualquier admisión de culpabilidad y denunció que la sentencia fue el resultado de persecución política durante el gobierno del MAS.
“Aceptar un juicio abreviado en tales condiciones no es una admisión de culpa, sino una decisión de supervivencia ante un sistema represivo y torturador”, sostuvo.
Recordó que en 2015 ejercía como abogado en el caso Belaúnde y que tanto él como otros juristas fueron detenidos ilegalmente, amenazados y torturados. “Durante mi detención ilegal se me obligó a firmar papeles en blanco. Muchos fuimos forzados a someternos a procesos abreviados bajo coacción, como única vía para salvar la vida”, señaló.
Aseguró que jamás fue notificado legalmente con la sentencia y que el proceso estuvo plagado de irregularidades.
Vidovic argumentó que la sentencia ya no debería producir efectos, porque la pena fue suspendida condicionalmente y han transcurrido más de ocho años desde su emisión. Citó el artículo 234 de la Constitución para afirmar que solo existe impedimento cuando una sentencia ejecutoriada está pendiente de cumplimiento, lo que —según él— no es su caso.
Anunció además que presentará un recurso extraordinario de revisión de sentencia para que se reconsideren las circunstancias en las que fue condenado. “Rechazo cualquier intento de privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como Ministro de Justicia. Defenderé mis derechos y seguiré trabajando por la justicia y la transparencia en Bolivia”, declaró.
El caso colocó al gobierno en un escenario inédito, con dos carteras claves —Gobierno y Justicia— ofreciendo visiones diametralmente opuestas sobre la misma situación jurídica. La documentación ya está en manos del presidente Rodrigo Paz, quien deberá decidir si ratifica al ministro, si lo destituye o si espera el resultado de las acciones legales anunciadas.
La permanencia de Freddy Vidovic en el Ministerio de Justicia podría definirse en las próximas horas, en medio de la presión política, la expectativa institucional y un conflicto jurídico que abre el primer gran desafío de estabilidad dentro del nuevo gabinete que fue juramentando hace menos de un mes.
El vicepresidente Edmand Lara defendió la versión de Vidovic en el contexto de las acciones contra la corrupción que propugna.