En Santa Cruz, el abogado Guery Pereira denunció una campaña para desprestigiar al titular de Justicia. En La Paz, el exfiscal Anghelo Saravia corrobora presunta extorsión. El TSJ anuncia revisión de antecedentes de la autoridad del Ejecutivo.
En Santa Cruz, el abogado Guery Pereira denunció una campaña para desprestigiar al titular de Justicia. En La Paz, el exfiscal Anghelo Saravia corrobora presunta extorsión. El TSJ anuncia revisión de antecedentes de la autoridad del Ejecutivo.
Fuente: eldeber.com.bo
El abogado Guery Pereira Terrazas, exdefensor del ahora vicepresidente Edmand Lara, develó una historia de torturas, persecución judicial y presiones contra el nuevo ministro de Justicia, Freddy Vidovic Falch, por el caso del peruano Martín Belaúnde Lossio y la sentencia que apareció en las últimas horas contra la autoridad. Por su lado, el exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia, quien dirigió la investigación del caso, reveló a EL DEBER una serie de acusaciones que involucran a exautoridades del Órgano Judicial y del Gobierno de Evo Morales.
Desde Santa Cruz, Pereira señaló que existen policías identificados, entre ellos un exagente identificado como “Tamala, el torturador”, acusado de haber obligado a Vidovic a firmar dos hojas en blanco bajo amenazas. “A partir de esas hojas, aparece una supuesta declaración, un juicio y una sentencia. Eso es jurídicamente imposible”, denunció.
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Según el abogado, este mismo grupo policial operó bajo la protección de autoridades del anterior gobierno y habría manipulado varios procesos. “En ese tiempo, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ayudó a armar este caso. Ahora tenemos que averiguar dónde se encuentra Tamala, porque fue él quien forzó esas firmas para fabricar una condena”, explicó.
Pereira recordó que el propio Evo Morales, en su momento, atribuyó la fuga de Belaúnde a “malos policías”, sin mencionar a Vidovic. También citó declaraciones del entonces ministro de Gobierno Carlos Romero, quien responsabilizó a la gestión de su predecesor Hugo Moldiz, destituido tras la evasión del empresario peruano en 2015.
El abogado anunció que solicitará la revisión integral del proceso, exigiendo la presentación de la carpeta judicial completa. “Queremos ver el cuaderno procesal, la imputación formal, la declaración informativa. Dicen que fue un proceso abreviado, pero no existe prueba alguna de que haya habido juicio”, sostuvo.
Pereira, quien también defendió a Edmand Lara en su etapa de capitán de la Policía, aseguró haber sufrido persecución y hostigamiento por parte del anterior régimen. “Cuando defendí a Lara me pincharon las llantas, me cortaron los frenos (del auto) y hasta un policía me golpeó. Así operaba el gobierno del MAS. Hoy están usando las mismas infamias para atacar a un profesional honesto como Vidovic”, concluyó.
Cargos y descargos
El exfiscal Anghelo Saravia, que encabezó la comisión de fiscales en el proceso contra el empresario Belaunde, indicó a EL DEBER desde La Paz que. durante la investigación se registraron “hechos irregulares” que habrían buscado encubrir a funcionarios y autoridades vinculadas al Gobierno de esos años. Según su versión, tanto Belaunde como Juliano Arista -conocido como el Curaca Blanco- declararon que entregaron grandes sumas de dinero a cambio de promesas de refugio político.
“El señor Belaunde señaló que el ministro de Gobierno de ese entonces, Hugo Moldiz, y el magistrado Pastor Mamani le sonsacaron dinero con el compromiso de ayudarlo. Esa declaración fue modificada posteriormente bajo presión”, afirmó Saravia. De acuerdo con su relato, el exfiscal departamental de La Paz, Paul Franco (hoy expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional), habría ordenado cambiar la declaración “para no involucrar a personas del Gobierno”.
El exfiscal también acusó al exfiscal general Ramiro Guerrero de haber “direccionado” el proceso para proteger a autoridades de alto nivel. “Se destruyó una declaración clave que implicaba a exministros y funcionarios de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare)”, aseguró.
Ingresa el TSJ
Consultado sobre el caso, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó que se instruyó una verificación a todos los tribunales departamentales del país, para establecer si el ministro Vidovic tiene procesos judiciales o antecedentes.
“Hemos emitido un instructivo a los nueve tribunales departamentales de justicia, para que nos remitan la información de los procesos que tuviera el actual ministro de Justicia. En caso de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, la daremos a conocer”, explicó Saucedo.
El titular del TSJ recalcó que el informe será remitido en un plazo de 24 horas y que se actuará con transparencia. “Un ciudadano con sentencia ejecutoriada no puede ejercer ningún cargo público, pero también somos respetuosos de la independencia de los órganos del Estado y reconocemos que la designación de ministros es una atribución exclusiva del presidente”, añadió.
Sobre el caso en sí, Martín Belaunde Lossio, empresario peruano y exasesor del expresidente Ollanta Humala, fue detenido en Bolivia en 2015, tras ingresar al país solicitando refugio político. Su fuga temporal y posterior recaptura en Magdalena, Beni, desató una crisis diplomática entre Bolivia y Perú. En medio de ese proceso surgieron versiones contradictorias sobre quiénes facilitaron su salida del domicilio donde guardaba detención domiciliaria.
Hasta el cierre de esta edición, las exautoridades mencionadas no respondieron a las denuncias.