El objetivo final es erradicar las malas prácticas que generan congestión procesal y afectan la credibilidad de la Justicia.
Fuente: eldeber.com.bo
Carlos Spencer Arancibia, consejero del Consejo de la Magistratura, presentó un avance de los resultados de las inspecciones realizadas en los juzgados del departamento de Santa Cruz, ante las constantes denuncias por retardación de justicia y mora procesal. El informe, que abarca el 70% de las inspecciones planificadas, revela datos significativos sobre el estado de la administración de Justicia en esta región.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
De acuerdo con el reporte, la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura ha identificado 76 casos considerados graves, debido a la inactividad procesal injustificada y la prolongación indebida de causas judiciales.
Como consecuencia directa de estas investigaciones, se ha determinado que 20 jueces serán sometidos a proceso disciplinario por su presunta responsabilidad en estos hechos.
“Estas inspecciones responden a un mandato claro: garantizar a la ciudadanía una Justicia pronta y cumplida. La retardación y la mora procesal no solo son una falta administrativa; son una vulneración directa a los derechos de las personas”, afirmó Spencer, durante la presentación del informe.
“Los casos graves detectados serán atendidos con la máxima celeridad y rigor, aplicando todo el peso del régimen disciplinario”, agregó el consejero.
El trabajo de fiscalización se centra en evaluar el desempeño de los juzgados, verificando el avance de los procesos, el cumplimiento de los plazos legales y la justificación de cualquier demora.
El objetivo final es erradicar las malas prácticas que generan congestión procesal y afectan la credibilidad de la Justicia.
Spencer destacó que el proceso de inspección continúa y se espera que, una vez completado el 100% de las inspecciones, se realizará el informe general. El Consejo de la Magistratura reafirma así su compromiso de supervisión y su rol fundamental en la defensa de la ética judicial y el buen servicio a la población.