La banda de Nabor López, con tres miembros muertos en un año


Nabor fue ejecutado en enero en Chonchocoro, Alfredo Rengipo a principios de este mes en Entre Ríos, y Remberto, hace cuatro días en Palmasola.

Mariela Cossío Mercado 

Ilustración de Nabor López, Alfredo Rengipo y Remberto López en una recreación de sala de audiencia. / IMAGEN GENERADA CON IA
Ilustración de Nabor López, Alfredo Rengipo y Remberto López en una recreación de sala de audiencia. / IMAGEN GENERADA CON IA

 



Fuente: Opinión

Balas, cuerpos y sombras. La banda que, según la Policía, era liderada por Nabor López Herbas cae uno a uno. Primero mataron al cabecilla; luego, Alfredo Rengipo Mérida, vinculado al grupo, fue acribillado en Entre Ríos; y hace unos días, Remberto López Herbas. Los dos hermanos fueron ejecutados a tiros dentro de cárceles, en hechos que se apuntan a “encargos”.

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A Nabor se le atribuyó el liderazgo de una organización dedicada a secuestros y asesinatos en el trópico de Cochabamba. Tras su caída, junto a otros miembros en mayo de 2023, el grupo no desapareció: se reorganizó. Según la Policía, surgió un sucesor, Ariel Villarroel, al frente de un grupo llamado “Nuevo Amanecer”, mientras las operaciones continuaban bajo el mando del líder, detenido preventivamente en el penal de El Abra.

En la cárcel descubrieron que Nabor López tenía un celular y seguía comunicándose con el exterior. Por eso lo trasladaron en enero de 2024 al penal de máxima seguridad San Pedro de Chonchocoro, en La Paz. Un año después, fue asesinado con siete tiros por dos privados de libertad; Da Silva Tavares, brasileño, y Ricardo Rodríguez A. Ellos dijeron que se trató de un “ajuste de cuentas” y aseguraron que un policía les vendió el arma del crimen por 4.000 bolivianos, hecho que terminó con la baja de ese efectivo de la institución policial.

LA CAÍDA DE NABOR Y OTROS El 18 de mayo de 2023, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, presentó a los miembros de una banda que operaba en el Trópico; los hermanos Nabor y Remberto López Herbas, Alfredo Rengipo Mérida y Mateo R., a quienes sindicó de secuestrar el 16 de mayo a tres hombres – padre, hijo y su trabajador – en Entre Ríos. Según Aguilera, exigieron 100 mil dólares de rescate; al no conseguir el dinero, liberaron a dos para que gestionen el pago y el tercero escapó por su cuenta. También les atribuyó otros secuestros en la región. Todos fueron enviados con detención preventiva a distintas cárceles.

CAE HERMANO DE SUCESOR Con el paso de los meses, la Policía aprehendió a algunas personas presuntamente vinculadas a la misma banda. En junio de 2024, informó que detuvo en Sacaba a Elvis Villarroel C., hermano del supuesto sucesor de Nabor, por secuestros y asesinatos ocurridos en el Trópico. Un juez ordenó su detención preventiva en el penal de San Sebastián Varones, en Cochabamba.

En distintos momentos, las autoridades reportaron operativos para capturar a Ariel Villarroel, señalado como líder del grupo, incluso después del asesinato de Nabor. Hasta ahora no lograron ubicarlo. Lo último que se conoció es que difundió un video en el que afirma estar en el exterior y niega las acusaciones.

ACRIBILLADO EN ENTRE RÍOS Este mes se registraron crímenes vinculados a miembros de esa banda. El sábado 1 de noviembre, alrededor de las 09:30, asesinaron a Alfredo Rengipo Mérida, de 28 años, con 18 disparos en el barrio Paraíso de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba. Alfredo había sido detenido junto a Nabor, pero – según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, Vanderley Flores – logró cambiar su detención preventiva por detención domiciliaria. No cumplía esa medida, pues estaba pidiendo una cerveza cuando un vehículo tipo Noah se detuvo cerca de él.

Dos hombres armados bajaron del auto y dispararon 18 veces: 12 con calibre 5.56 y seis con calibre 9 milímetros. Alfredo intentó huir, pero cayó boca abajo en el piso. Los atacantes escaparon en el mismo motorizado.

Los investigadores procesaron la escena y secuestraron varios indicios, entre ellos billetes de 10, 20 y 50 bolivianos y la llave de un vehículo. El auto tipo Noah en el que Alfredo se movilizaba tenía una tarjeta telefónica, un celular y un equipo de sonido con la inscripción “El Patrón”. También recuperaron imágenes de una cámara de vigilancia que registró parte del ataque. Según Flores, Alfredo acumulaba al menos tres antecedentes, incluidos casos de secuestro.

Por este asesinato, no hay detenidos y los móviles siguen sin esclarecerse.

Cuerpo de Alfredo R. tendido en el piso tras el ataque en el barrio Paraíso, Entre Ríos, Cochabamba, el 1 de noviembre. / CORTESÍA
Cuerpo de Alfredo R. tendido en el piso tras el ataque en el barrio Paraíso, Entre Ríos, Cochabamba, el 1 de noviembre. / CORTESÍA

 

EL CRIMEN DEL JUEZ QUE PUSO EN LA MIRA A HERMANOS DE CABECILLAS El 7 de noviembre, el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, del Tribunal de Sentencia No. 1 de Villa Tunari, complicó la situación de Remberto López, hermano de Nabor, y de Elvis Villarroel, hermano de Ariel.

Esa noche, el juez acompañó a su hijo de 17 años a un festival de danzas folclóricas, una actividad educativa. Al salir, ambos subieron a su vehículo. Apenas avanzaron un kilómetro, en la intersección de la calle Diego Almagro con la avenida D’Orbigni de Cochabamba, dos hombres en una motocicleta los alcanzaron.

Eran las 22:52 cuando una cámara de vigilancia registró la aparición de los atacantes. La motocicleta se acercó a la ventana del conductor. El juez esperaba el cambio del semáforo cuando lo sorprendieron con tres disparos. El auto avanzó y luego retrocedió levemente; la moto giró en “U”, se detuvo junto a la ventana del copiloto por unos segundos y luego escapó, dejando presuntamente una nota manuscrita: “Por no cumplir tu trabajo. Te lo advertí… igual Cristina. Pe…”. El hijo gritó, desesperado: “¡Auxilio, por favor, ayuda…Papá!”.

Al poco tiempo, la Policía llegó al lugar. Cruz ya estaba muerto. Acordonaron la zona mientras su hijo, desconsolado, estaba sentado al borde de la acera, observando el procesamiento de la escena. Al día siguiente, sábado 8 de noviembre, tras la autopsia en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), trasladaron el cuerpo al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde sus colegas lo velaron durante unas horas. Luego lo llevaron a su ciudad natal, Sucre, donde el domingo 9 de noviembre recibió un último adiós en una ceremonia similar, en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

El lunes 10 de noviembre, las autoridades anunciaron que el caso quedaba bajo reserva judicial por 10 días, para no entorpecer las investigaciones. Esa misma tarde, fiscales y policías ingresaron al penal San Pablo de Quillacollo, centrando su atención en un privado de libertad presuntamente vinculado intelectualmente al asesinato.

En esa cárcel estaba Remberto López H., hermano de Nabor. Allí incautaron celulares y un cuaderno que, según Jhon Rioja, abogado que representaba a la familia del juez, contiene hojas similares a la nota encontrada en la escena del crimen.

A pocas horas se confirmó la vinculación de otro privado de libertad, esta vez de San Sebastián Varones. Elvis Villarroel, hermano de Ariel. El miércoles 12 de noviembre, los trasladaron desde sus cárceles hasta un juzgado de Cochabamba. Tras cuatro horas de audiencia, el juez resolvió su detención preventiva por seis meses. Remberto fue enviado a Palmasola, en Santa Cruz, y Elvis a El Abra, en Cochabamba.

Sobre la participación de ambos hombres con el asesinato, no hay una versión oficial debido a la reserva judicial. Por ahora, la investigación sigue dos líneas. El abogado Jhon Rioja relató que días antes de su muerte, el magistrado recibió dos llamadas. En la primera, le ofrecieron dinero a cambio de liberar a un hombre recluido por un caso de violencia sexual contra una niña de cinco años, quien además estaría vinculado a la banda que antes lideraba Nabor y que actualmente dirige Ariel, pero el juez se negó. En la segunda, lo amenazaron de muerte a él y a su hijo. Para Rioja, se trataba de una autoridad proba, firme en compromiso con la justicia.

Otra opinión tiene el abogado Lurwyn Ledezma, quien horas antes del crimen denunció corrupción en el Juzgado donde trabajaba Cruz, un trabajo que, según él, estaba enfocado en el control social. Para el jurista, el juez fue asesinado por incumplir la liberación de Remberto López, a quien en ocasiones había beneficiado con fallos.

Por ahora, el caso sigue en investigación y ampliaron la reserva por 10 días más.

EL TRASLADO DE REMBERTO Y SU MUERTE EN PALMASOLA Remberto fue trasladado del penal de San Pablo de Quillacollo, en Cochabamba, a Palmasola, en Santa Cruz, donde ingresó el 15 de noviembre. 11 días después, lo hallaron muerto en un baño del PC-7.

Los autores fueron identificados rápidamente: Lima Silva Caiqui, de 28 años, como autor material, y Óscar Junior Terra Díaz, de 38, quien proporcionó el arma de fuego y las municiones; ambos son de nacionalidad brasileña. Según el fiscal Luis Alberto Hurtado, ellos declararon ser miembros del Comando Vermelho y afirmaron haber actuado por “encargo”, sin revelar quién lo habría ordenado, aunque insinuaron que la víctima tenía una rencilla previa con esa persona.

Esa no es la única hipótesis. El comandante de la Policía de Santa Cruz, Rolando Rojas, indicó que, según la investigación preliminar, se trataría de un “ajuste de cuentas”, porque Remberto habría incumplido una entrega relacionada con drogas. Por su parte, los familiares de la víctima acusan a un grupo que vive en el Trópico, presuntamente vinculado al narcotráfico, y que habría pagado 60 mil dólares por el asesinato.

AUTORES A CHONCHOCORO El viernes 28 de noviembre, un juez de Santa Cruz ordenó recluir preventivamente por seis meses a ambos autores en el penal de Chonchocoro, en La Paz, pero en distintos espacios, por el asesinato de Remberto López.

Los dos brasileños manifestaron su intención de acogerse a un procedimiento abreviado, que les habría impuesto una pena de 30 años de cárcel. Sin embargo, los abogados de la familia de la víctima rechazaron esa salida, argumentando que querían conocer toda la verdad y exigiendo que la investigación continúe hasta identificar a quien o quienes ordenaron matar a López.

El juez finalmente negó la solicitud de abreviado. Durante la audiencia, el abogado de uno de los imputados advirtió que sus defendidos temían permanecer en Palmasola porque habían recibido amenazas de muerte, por lo que pidió su traslado a Chonchocoro.

El autor material fue identificado inicialmente como Caiqui Lima Silva (27), pero en la audiencia del viernes descubrieron que su nombre verdadero es otro. En 2019 fue procesado por robo agravado y tentativa de asesinato. Luego, en el Centro de Readaptación Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí, asesinó de 20 puñaladas a su compañero Enrique E.Q., por lo que recibió una condena de 30 años en septiembre de 2020.

El otro sindicado, también brasileño, es Oscar Junior Terra Días, procesado por homicidio. La Policía lo vincula al caso por presuntamente facilitar el arma y las municiones. Lima ingresó a Palmasola el 10 de julio de 2020. Oscar llegó al penal el 19 de abril de 2024 por intentar matar a una persona. Ambos ya se conocían: en 2019 se fugaron juntos del penal de Morros Blancos, en Tarija, pero la Policía los recapturó y, años después, volvieron a coincidir en la cárcel cruceña.

LA ÚLTIMA COMUNICACIÓN El abogado de la familia de Remberto, Hugo Iriarte, aseguró que todavía hay muchos aspectos por esclarecer. Relató que su cliente se comunicó alrededor de las 22:00 del 25 de noviembre con una tía, informándole que dos policías habían entrado a su celda, donde estaba en catreras, para trasladarlo a otro sector. Horas después, el 26 de noviembre, alrededor de las 07:30, Remberto fue encontrado muerto con dos disparos: uno en la sien y otro en el pómulo.

Iriarte aseguró que las personas que están detrás del asesinato de Remberto también están implicadas en el crimen del juez Cruz. Señaló que su cliente no tenía nada en contra del magistrado, quien había protegido su vida. Recordó que cuando López fue trasladado a la cárcel de Cantumarca, en Potosí, ya habían intentado asesinarlo. Fue atacado con un cuchillo, pero logró defenderse, dejando una herida en la mano como evidencia. Luego lo regresaron a San Pablo de Quillacollo, por orden del juez que fue asesinado hace tres semanas. Iriarte afirmó que había personas interesadas en trasladarlo a otra cárcel para dar fin a su vida.

UN VIDEO PREMONITORIO Poco antes de su traslado a Palmasola, el 13 de noviembre, Remberto grabó un video en el que negaba estar involucrado en el asesinato del juez. En la grabación, el privado de libertad afirmó que el magistrado asesinado le había concedido la libertad en julio, dando a entender que no tenía nada en su contra. Sin embargo, sostuvo que luego le armaron otro caso que impidió su salida. Apuntó a personas del Trópico y mencionó al menos cuatro nombres, alegando que eran quienes decían ser víctimas de secuestros y que buscaban acabar con su vida.

APUNTAN A GENTE DEL TRÓPICO LIGADA AL NARCO En puertas de Palmasola, sus familiares aseguraron el miércoles 26 de noviembre que las amenazas eran constantes, aunque no conocían los motivos de fondo. Estas amenazas no solo apuntaban a Remberto, sino también a ellos, obligándolos a cambiar de domicilio por al menos cinco veces.

Por mensajes, les prohibían visitar a Remberto, y la comunicación con él era generalmente por llamadas. Además, señalaron a personas del Trópico, presuntamente vinculadas a grupos de narcotráfico, quienes también serían responsables del asesinato de Nabor. Descartaron que se trate de un “ajuste de cuentas” con grupos como el PCC u otros similares.

Hugo Iriarte, abogado de la familia de Remberto, rechazó que organizaciones extranjeras estén detrás del asesinato. Señaló a personas que se declararon víctimas y cuyo abogado acusó al Tribunal de Villa Tunari, donde trabajaba el juez Cruz, de corrupción, y que además estarían vinculadas al narcotráfico. Añadió que en unos días revelará sus identidades.

También mencionó que el abogado de Nabor, con oficina en el Trópico, en cierto momento recibió amenazas. Cámaras de vigilancia captaron cuando dos hombres en moto llegaron a su estudio y le mostraron un arma de fuego. Según Iriarte, esas personas tienen características físicas muy similares a las de los que asesinaron al juez semanas atrás.

Para él, la versión de que su cliente hubiera participado intelectualmente en el crimen del magistrado se derrumbó tras su asesinato.

Mientras tanto, las investigaciones continúan. Los abogados de la familia de Remberto anunciaron que solicitarán varios actuados para identificar a los autores intelectuales y determinar los móviles del crimen.

Lo cierto es que, en menos de un año, tres personas vinculadas a la misma organización fueron asesinadas, y recientemente se conoció que Elvis Villarroel también manifestó temor por su integridad.

Fuente: Opinión