Por Ramiro Sánchez Morales
La reciente victoria de Rodrigo Paz Pereira en las elecciones presidenciales de octubre de 2025 representa un punto de inflexión para Bolivia. En esta nueva coyuntura política, donde el presidente asume el poder con una amplia mayoría, la seguridad jurídica se erige como el eje central y la palanca primordial para la reconstrucción del andamiaje democrático y la reactivación de una economía debilitada por años de inestabilidad, imprevisibilidad y una profunda crisis de confianza ciudadana e inversionista. El éxito del nuevo gobierno dependerá, en gran medida, de la capacidad para transformar las promesas de un Estado de derecho sólido en una realidad tangible.
La seguridad jurídica: fundamento histórico y filosófico
La seguridad jurídica es mucho más que una noción técnica; constituye el soporte ético y funcional de cualquier sociedad que pretenda la paz, el orden y el progreso sostenible. Desde un enfoque filosófico, simboliza la certeza del derecho, garantizando que las normas no solo sean claras, estables y conocidas, sino que también se apliquen de manera uniforme, imparcial y justa por parte de las instituciones estatales.
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Figuras esenciales como Hans Kelsen , en su Teoría Pura del Derecho, y Gustav Radbruch, con su fórmula de Ley y justicia, enfatizan que la seguridad jurídica es un valor que debe equilibrar con la justicia material, pues sin la previsibilidad de un sistema legal estable, el derecho pierde legitimidad, y el Estado, su autoridad ante sus ciudadanos. La ciudadanía debe contar con certeza para planificar su vida, sus negocios y su futuro sin temor a cambios arbitrarios o interpretaciones caprichosas.
En Bolivia, esta necesidad no es nueva, sino una demanda histórica insatisfecha. La Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 consagra la seguridad jurídica como principio en su artículo 178, señalando que la función judicial debe sustentarse en dicho principio. Sin embargo, su materialización ha sido un desafío constante, debido a la politización del aparato judicial y a la consecuente pérdida de confianza pública en la imparcialidad del sistema. Por ello, el fortalecimiento de este principio se presenta como una tarea de refundación que exige no solo reformas normativas sino una voluntad política firme para desmantelar interferencias políticas en la justicia. El compromiso del nuevo gobierno con el Estado de derecho
El discurso de Paz Pereira ha puesto la seguridad jurídica en el centro de su agenda, reconociendo su papel como habilitador de la prosperidad. Sus declaraciones en el foro “Visión Empresarial Bolivia 2025” han sido categóricas: “Se acabaron los secuestros y la inseguridad jurídica. Construiremos un país con reglas claras, basado en el respeto y la colaboración”.
Esta promesa tiene una dimensión tanto interna como internacional. El presidente ha señalado que “quienes llegan del exterior deben saber que en Bolivia hay seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y garantía en las inversiones para generar empleo”.
El nuevo paradigma propuesto transforma la figura del Estado de un ente potencialmente burocrático o imprevisible, a ser un facilitador del desarrollo. Esto obliga a garantizar la autonomía judicial y proveer un marco normativo claro que elimine la discrecionalidad y la corrupción, fomentando así la confianza entre Estado, ciudadanos y capital privado nacional y extranjero.
Seguridad jurídica y reactivación económica
La relación entre seguridad jurídica y crecimiento económico es directa y sustancial. La falta de reglas claras y garantías para la propiedad y ejecución de contratos propicia la fuga o informalidad del capital. En contraste, la certeza legal reduce los riesgos percibidos, disminuye el costo del capital y fomenta la inversión a largo plazo, generando empleo estable y desarrollo sostenido.
El modelo económico del gobierno se define como un “capitalismo para todos”, enfocado en producción, con un Estado que acompaña, no frena, la iniciativa privada. Para ello, la estabilidad legal es la materia prima primordial. El compromiso de reformas rápidas en leyes económicas estratégicas, con metas previas a seis meses para asegurar estabilidad jurídica, enfatiza este sentido de urgencia.
Un marco legal moderno, competitivo y predecible es la única vía para atraer el capital necesario para explotar el potencial productivo del país y cumplir con las demandas de empleo digno de la población. Retos estructurales en la seguridad jurídica
No obstante la voluntad política, la seguridad jurídica en Bolivia enfrenta varios obstáculos:
- Herencia normativa contradictoria: Legislación fragmentada y reactiva genera ambigüedad y facilita la interpretación arbitraria y el litigio.
- Politización y crisis judicial: La interferencia política en el nombramiento y función judicial erosiona la confianza ciudadana, haciendo urgente un enfoque en independencia judicial.
- El equilibrio de Radbruch: La fórmula plantea que seguridad jurídica debe prevalecer salvo que conduzca a injusticias intolerables, criterio ya reconocido en la jurisprudencia constitucional boliviana para proteger derechos fundamentales.
- Corrupción e impunidad: La corrupción y la impunidad de delitos de cuello blanco socavan la estabilidad y credibilidad del sistema jurídico.
Hoja de ruta para un Estado de derecho consolidado
Para transformar esta visión en realidad, se proponen acciones clave:
- Garantizar la independencia judicial absoluta, despolitizando la designación de autoridades judiciales y fortaleciendo una carrera judicial basada en méritos y probidad.
- Realizar una revisión y reforma profunda para simplificar y armonizar el marco normativo.
- Mejorar la transparencia y el acceso ciudadano a la información legal y judicial.
- Fortalecer la protección efectiva de los derechos de propiedad, garantizando procesos justos y compensaciones adecuadas.
- Crear un entorno legal confiable para la inversión, incluyendo mecanismos eficientes de resolución de conflictos como el arbitraje internacional. Conclusión
La seguridad jurídica es el terreno fértil donde se siembran la democracia y el progreso económico. La llegada de Rodrigo Paz Pereira con mandato claro representa una oportunidad histórica para que Bolivia rompa con ciclos de inestabilidad y avance hacia un futuro más próspero y democrático. Su promesa de un “Estado eficiente al servicio de los bolivianos” que garantice “reglas claras, justicia transparente y oportunidades para todos” es ambiciosa.
Sin embargo, esta tarea no es solo del Ejecutivo; requiere el compromiso de los tres órganos de podere estatales, la vigilancia activa de la sociedad civil y la confianza del sector privado. Si las reformas se ejecutan con profundidad y coherencia, Bolivia podrá construir un verdadero Estado de derecho que asegure el bienestar y prosperidad de sus ciudadanos.
Citas y fuentes
- Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, 1934.
- Gustav Radbruch, Ley y Justicia, 1946.
- Constitución Política del Estado de Bolivia, Artículo 178, 2009.
- Declaraciones de Rodrigo Paz Pereira en “Visión Empresarial Bolivia 2025” (Publiagro, 2025).
- Douglas North, Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico.
- Hernando de Soto, El misterio del capital.
- Tribunal Constitucional Plurinacional, jurisprudencia 2024.