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El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó este miércoles su profunda preocupación por la anulación de los procesos judiciales vinculados a las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019.
Consideró que, “por la magnitud que estaba en juego, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “es un golpe fuerte para las víctimas, para la sociedad, para el trabajo de la Comisión y para la institucionalidad en Bolivia”.
“Y, de alguna manera, hay un eje también en la conducción de un nuevo gobierno (ndR: de Rodrigo Paz), que está tomando conocimiento”, dijo Caballero.
CIDH
Además, parafraseó a Jan Jara, representante de víctimas: “La anulación de los actuados puede ser un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, nada más y nada menos, y supone una revictimización, sin heridas abiertas”.
Caballero recordó que la CIDH acompañó estos casos desde su inicio. “Estamos ante un punto de inflexión en toda esta trayectoria de seis años que empezó con el conocimiento puntual, rápido, oportuno de la Comisión Interamericana en estas graves violaciones a derechos humanos”, señaló en la audiencia sobre ambos casos en la CIDH.
Masacres
Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) elaboró un informe con recomendaciones centradas en reparación y justicia, cuyo seguimiento demandó tres años de trabajo. Precisamente, el informe fue presentado el 17 de agosto de 2021 y considera que la represión con muertes en Sacaba y Senkata, durante el gobierno de Jeanine Áñez, fue masacre.
El presidente de la CIDH explicó que la Comisión ha sostenido reuniones constantes con instituciones del Estado para monitorear el avance en las reparaciones. “Fuimos en diciembre de 2023 a entender cómo estaba pudiendo trabajarse el tema de reparación integral. Y las víctimas nos dijeron: ¿se acuerdan en El Alto lo que estaba pasando?”, recordó.
Asimismo, sostuvo que en ese momento hubo conversaciones con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para evaluar el estado de los procesos.
Sacaba y Senkata
Añadió que el nuevo gobierno también debe comprender la magnitud del caso.
El presidente de la CIDH citó además un pronunciamiento del sistema de Naciones Unidas. “El 12 de septiembre (…) sacamos un alto comisionado y ahí hay afirmaciones que recuperamos hoy”, dijo en referencia a los llamados internacionales a garantizar justicia sin retrocesos.
Caballero recordó que los hechos de Sacaba y Senkata siguen siendo “heridas abiertas” e insistió en que el asunto debe ser tratado con responsabilidad y diálogo. “No es una cuestión menor, nada menor, el hecho de la anulación de estas causas”, concluyó.
Así, se refirió a las masacres de Sacaba, Cochabamba (15 de noviembre) y Senkata, El Alto (19 de noviembre). Esos hechos dejaron 10 personas fallecidas a bala en cada fecha.
Procesos
Entonces, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas actuaban bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, que liberaba de responsabilidad penal a ambas instituciones por el posible uso excesivo de la fuerza en las movilizaciones poselectorales.
Una vez que las elecciones del 17 de agosto reconfiguraron el escenario político en el país, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó la revisión de los casos de detención preventiva de los protagonistas de la crisis de 2019.
A raíz de la decisión, la principal implicada en el caso, la expresidenta Áñez, fue librada del caso, cuyo proceso ordinario fue anulado.