La crisis del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial boliviano, evidenciada por la figura de los magistrados «autoprorrogados», trasciende la esfera política para convertirse en una enfermedad sistémica que amenaza el Estado de derecho y la viabilidad del desarrollo económico. La Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 no solo generó un cisma institucional, sino que ha destruido la seguridad jurídica, ahuyentando las inversiones que Bolivia necesita urgentemente (Sánchez Morales, 2025; Rivera, 2024). Lo que está en juego es la autoridad institucional y la prosperidad futura de la nación.
- Anatomía de la Crisis: El Fallo que Quiebra la Confianza
La gravedad del momento reside en el concepto de los «autoprorrogados» y su impacto en el máximo órgano constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
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El TCP es el guardián de la Constitución Política del Estado (CPE), cuya misión es garantizar que ningún acto de poder vulnere la Ley Fundamental. Cuando el TCP emite un fallo, este se convierte en la norma suprema para todo el Estado (Rivera, 2024).
Los Magistrados Autoprorrogados: Usurpación de la Soberanía
El término se refiere a los magistrados de las altas cortes que, ante la incapacidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de convocar elecciones judiciales, emitieron la DCP 0049/2023 (TCP, 2023). Este fallo les permitió extender sus mandatos más allá del plazo legal, alegando la necesidad de evitar un vacío de poder.
El Auto Constitucional 0113/2024-O prolonga mandatos de magistrados tras la elección de nuevas autoridades, contraviniendo los arts. 197 y 200 CPE.
Esta prórroga perpetúa la permanencia ilegal, generando inseguridad jurídica y desconociendo la voluntad popular.
La única vía para ejercer la legitimidad es la elección transparente de magistrados, excluyendo cualquier prórroga indefinida. A mayor abundamiento cabe recordar que todos los auto prorrogados, incluyendo a los que fueron o renunciaron, fueron elegidos por una baja votación que fue superada por los votos nulos y blancos. Por tanto, carecen de legitimidad.
El Artículo 183.I de la CPE y Ley N° 025 prohíbe exceder el período de seis años de mandato.
Esta conducta debe ser sancionada mediante procesos penales ordinarios y no juicios de privilegio, dada su gravedad en el quiebre del Estado de derecho y llevado a cabo arbitrariamente por personas que ya no tienen el mandato constitucional.
La falta de sanciones penales genera un precedente nocivo de impunidad que compromete la independencia judicial y la confianza ciudadana. Al parecer se quieren escudar en la ley de responsabilidades para miembros del Tribunal Constitucional, esto doctrinal y legalmente no sería posible. Sería generar un antecedente peligroso que en futuro podrían volver a echar mano otros potenciales infractores como los autos prorrogados para cobijarse en un manto de impunidad.
Esta acción fue ampliamente percibida como una usurpación de la soberanía popular y una violación al principio de temporalidad de los cargos (Sánchez Morales, 2025). ha señalado que este acto afectó gravemente la legitimidad del órgano supremo de justicia, al poner en riesgo la división y el equilibrio de poderes. La imparcialidad de un juez que ha decidido su propia permanencia queda irremediablemente en entredicho.
La Reforma Judicial: La Promesa Incumplida
Una Reforma Judicial es el conjunto de cambios estructurales dirigidos a mejorar la eficiencia, transparencia, e independencia del sistema de justicia (Sauma, 2023). En Bolivia, la necesidad de esta reforma es crónica, pues el sistema ha sido históricamente percibido como el «talón de Aquiles del Estado» (Human Rights Watch, 2025), vulnerable a presiones políticas (Asbún, 2025). La reforma, que busca despolitizar la justicia y combatir la corrupción, es la promesa de que ningún poder político ha querido ejecutar, pues un poder judicial débil resulta útil para la agenda coyuntural.
- El Costo en Confianza: La Inseguridad Jurídica
El efecto más corrosivo de la crisis de la auto prórroga se siente en la Seguridad Jurídica
¿Qué es la Seguridad Jurídica?
Es la certeza de que el ciudadano y el inversor tienen de que el ordenamiento legal es estable, predecible y será aplicado por tribunales imparciales (Sauma, 2023). Es la garantía de que las reglas del juego no cambiarán arbitrariamente y que los conflictos se resolverán con base en la ley, no a la consigna política (Nino, 1992).
El Impacto en el Estado de derecho
La crisis de los auto prorrogados ha destruido esta certeza, impactando directamente en la estabilidad legal de Bolivia (Rivera, 2024):
Duda sobre Fallos: Cada resolución del TCP, incluso las relativas a propiedad y contratos, está bajo la sombra de la ilegalidad, introduciendo un riesgo legal insostenible para el ámbito empresarial (Diputados, 2025).
Incertidumbre Normativa: La pugna entre poderes ha generado un caos normativo y una parálisis judicial, agravando la incertidumbre en un momento de necesidad de reformas (ABI, 2025).
Riesgo de Arbitrariedad: El precedente del TCP abre la puerta a futuras interpretaciones acomodaticias de la ley por otros órganos, perpetuando la inestabilidad institucional (Asbún Rojas, 2025).
Un país sin seguridad jurídica está expuesto a la arbitrariedad política, impidiendo el desarrollo económico (Rivera, 2024).
III. La Inversión: El Motor Asfixiado por la Inestabilidad
La economía boliviana depende críticamente de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la capitalización interna para la generación de empleo, innovación y riqueza (Sachs, 2005).
El Freno a la IED
Antes de invertir, un capitalista realiza un exhaustivo análisis de riesgo, donde el Riesgo Político/Legal (protección de propiedad y cumplimiento de contratos) es determinante. El «efecto autoprorrogado» ha inflado este riesgo a niveles inaceptables (Sánchez Morales, 2025).
La Cámara Nacional de Comercio (CNC, 2024) ha advertido que la falta de certeza legal es el principal factor de freno para la reinversión de utilidades y la concreción de nuevos proyectos. La IED es inherentemente cobarde y huye de la incertidumbre. Hoy, Bolivia envía una señal de anarquía legal al mundo.
El Costo Oculto: Fuga y Arbitraje Internacional
La inestabilidad no solo ahuyenta a los extranjeros; también castiga al empresario nacional, fomentando la fuga de capitales y la paralización del desarrollo interno (Rivera, 2024).
Además, la debilidad judicial aumenta el riesgo de que el Estado boliviano enfrente costosos procesos de arbitraje internacional (como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI). Los conflictos que terminan en arbitraje suelen tener como causa subyacente la falta de un sistema judicial interno confiable (CEJIL, 2022). Cada arbitraje perdido es un costo que el pueblo boliviano asume por la debilidad de sus propias instituciones.
- El Camino a la Restauración: Hechos Concretos
La solución exige acciones multifacéticas y valientes por parte de la clase política.
Resolución de la Auto prórroga: El paso ineludible es resolver la situación de los auto prorrogados mediante un mecanismo que restablece la legalidad y la legitimidad, idealmente a través de elecciones judiciales aceleradas y consensuadas. Esto restablecerá el principio de periodicidad que define a la democracia.
La Verdadera Reforma Judicial: Superado el conflicto inmediato, debe asumirse una reforma integral, blindada de la política. Esto incluye:
Reingeniería del Consejo de la Magistratura: El actual sistema de preselección de jueces, altamente politizado, debe ser reemplazado por un modelo técnico basado en el mérito, como sugieren las recomendaciones de la OEA (2020) sobre la necesidad de sistemas de carrera judicial transparentes.
Independencia Presupuestaria: Dotar de recursos suficientes y fiscalizados al Órgano Judicial para evitar la mendicidad política.
Digitalización y Transparencia: Reducir la discrecionalidad y la corrupción a través de procesos judiciales transparentes y automatizados.
Mensaje de Confianza: El gobierno debe acompañar estas acciones con hechos concretos que demuestren a la comunidad internacional que la seguridad jurídica ha vuelto a ser la máxima prioridad del Estado boliviano.
Conclusión: La Responsabilidad Histórica
El dilema de los auto prorrogados es un espejo de la profunda carencia institucional de Bolivia. El TCP se ha convertido en el principal foco de incertidumbre, paralizando las inversiones y asfixiando las oportunidades de desarrollo. La clase política tiene la responsabilidad histórica de superar la disputa coyuntural y asumir el costo de una verdadera Reforma Judicial. Si no se restaura la certeza legal, la promesa de crecimiento económico será solo una quimera. El Estado de derecho es el único fundamento sólido sobre el que se puede construir una Bolivia próspera.
Referencias. –
ABI. (2025, 31 de diciembre). Modernización del sistema judicial y reformas estratégicas están entre los seis retos del Gobierno para 2025. Agencia Boliviana de Información.
CEJIL. (2022). Inversión extranjera y derechos humanos en América Latina. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
CNC. (2024, 15 de marzo). Comunicado sobre la Inseguridad Jurídica y la Inversión. Cámara Nacional de Comercio de Bolivia.
Diputados. (2025, 14 de enero). Proyecto de Ley Modificatoria de la Ley 025 del Órgano Judicial. Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados.
Observador de derechos humanos. (2025, 8 de noviembre). Declaración sobre el Sistema Judicial Boliviano.
Nino, CS (1992). Fundamentos de derecho constitucional. Astrea.
OEA. (2020). Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia: Recomendaciones de la OEA. Organización de los Estados Americanos.
Sachs, JD (2005). El fin de la pobreza: Posibilidades económicas para nuestro tiempo.
TCP. (2023, 11 de diciembre). Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023. Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.