Según García, ese incremento no es un fenómeno aislado: “La presencia de la DEA no ha mostrado correlación alguna con la reducción de la producción, sino más bien con dinámicas de expansión y fortalecimiento del narcotráfico”.
Fuente: ANF
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El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos abrió el debate sobre la posible llegada —o reincorporación— de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Para el sociólogo Tupaj García y el investigador Roger Cortez, este escenario no solo implica un giro político significativo, sino también riesgos concretos para la soberanía, la seguridad interna y la propia dinámica del narcotráfico en el país. Ambos advierten que la presión estadounidense podría activar una agenda antidroga que históricamente ha tenido consecuencias opuestas a las que promete.
García subrayó que la DEA no ha demostrado efectividad en reducir la producción de estupefacientes en la región. Recordó que Colombia, con más de cuatro décadas de trabajo conjunto con esta agencia, concentra alrededor del 80% de la producción sudamericana de cocaína, mientras que Bolivia —sin la presencia de la DEA— representa aproximadamente el 5%. A pesar de tener solo unas 22.000 hectáreas de coca autorizada, y un total estimado que no supera las 30.000, el sociólogo enfatizó que en los países donde la DEA opera, las superficies cocaleras suelen aumentar.
Según García, ese incremento no es un fenómeno aislado: “La presencia de la DEA no ha mostrado correlación alguna con la reducción de la producción, sino más bien con dinámicas de expansión y fortalecimiento del narcotráfico”, dijo a ANF. En su interpretación, esta agencia tiende a desplazar la producción, pero no a disminuirla, abriendo espacios para estructuras criminales más consolidadas y, en algunos casos, para negociaciones entre actores ilícitos y operadores externos.
Ese señalamiento conecta con una advertencia más amplia sobre los impactos sociales. García recordó que en Bolivia ya existe un precedente grave: entre 1997 y 2001, durante el “Plan Dignidad”, murieron 35 personas y se acumularon centenares de denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de dirigentes sindicales. Bajo su análisis, la intervención de la DEA implica mayores niveles de represión y un control político ejercido a través de sus agentes, además de prácticas vinculadas a violaciones de derechos humanos.
El sociólogo añadió un elemento económico-político a su lectura: la DEA y otros organismos podrían operar mecanismos de obtención de dólares en circuitos irregulares para financiar movimientos políticos en terceros países, recordando el caso de Nicaragua en los años 80. Para García, este tipo de dinámicas demuestra que la lucha antidroga muchas veces sirve intereses geopolíticos antes que objetivos de salud pública o seguridad.
Roger Cortez introduce una lectura centrada en la política internacional. El investigador considera que el restablecimiento de relaciones forma parte de una visión estadounidense de “excepcionalismo” y proyección “desvergonzadamente imperialista”. Según afirma, en contacto con ANF, Washington busca recuperar una presencia hegemónica plena en América Latina, y la lucha antidroga constituye una herramienta estratégica para ello.
Cortez sostuvo que Estados Unidos está reactivando la guerra contra las drogas como instrumento de predominio político, en un contexto donde despliega acciones bélicas abiertas: hundimientos de embarcaciones, bombardeos y “asesinatos sin juicio previo” bajo la justificación de combatir al narcoterrorismo. En esa lógica, la reanudación de relaciones con Bolivia podría incluir exigencias severas orientadas a la intervención directa.
El investigador advirtió que el nuevo gobierno podría enfrentar una demanda “muy clara, muy franca, brutal” para permitir el ingreso o la operación ampliada de la DEA, a cambio de apoyos diplomáticos y financieros. Bolivia, por su pertenencia a la comunidad andina y por ser uno de los tres países productores de coca —aunque en una proporción mucho menor frente a Colombia—, adquiere relevancia estratégica para la agenda estadounidense.
Cortez recordó que la ayuda estadounidense a finales del siglo pasado tuvo efectos inesperados: lejos de debilitar al movimiento cocalero, contribuyó a fortalecer su presencia social y política, especialmente en el Chapare. Bajo esa experiencia, un eventual “choque frontal con los cocaleros”, como sugiere la narrativa estadounidense, podría reactivar tensiones profundas y reproducir conflictos que Bolivia ya vivió.
El debate también se alimenta de las declaraciones del nuevo gobierno. Rodrigo Paz afirmó que trabajará con todos los organismos antidroga, incluida la DEA, y sostuvo que esta “nunca se fue” del país. Sin embargo, su vicepresidente electo, Edmand Lara, aseveró que valora la cooperación internacional, pero que ninguna organización externa puede vulnerar la soberanía boliviana ni operar con abusos.
Lara propuso fortalecer la Policía Boliviana como vía para enfrentar el narcotráfico, mientras voces del oficialismo saliente —como Andrónico Rodríguez y el expresidente Evo Morales— rechazaron el retorno de la DEA y advirtieron que depender de organismos extranjeros “es autosubestimarnos como país”. Morales, quien en su gobierno expulsó a la DEA en 2008, además, recordó que la Constitución Política prohíbe la presencia de “extranjeros armados”.
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