MSc Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
El Contrato Social es la base filosófica y política que explica cómo los individuos ceden ciertos derechos a un poder central (el Estado) a cambio de protección y orden, garantizando así una convivencia justa y organizada. Pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau sentaron las bases de este pacto.
Sin embargo, en Bolivia, esta figura de protección de los derechos ciudadanos entró en un preocupante retroceso desde el año 2006. El Estado dejó de ser la encarnación de la voluntad general para convertirse en el instrumento de una élite. Si la función esencial del Estado es mantener el orden, garantizar derechos, libertades y promover el bienestar, la realidad boliviana bajo los gobiernos de Evo y Arce demostró una desviación alarmante de este pacto fundamental.
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Durante este periodo, se consolidó un Estado percibido como corrupto y autoritario, que sistemáticamente conculcó derechos ciudadanos esenciales como la libertad y la propiedad, y promovió políticas que generaron miedo e inseguridad, en abierta contravención con su obligación primordial de protegerlos.
Hoy, la sociedad exige reencauzar urgentemente la protección de los derechos naturales fundamentales de las personas: la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad. Estos derechos no solo deben ser reconocidos, sino que deben funcionar como límites estrictos e infranqueables a la acción del Estado.
El pueblo debe recuperar su capacidad de resistencia y control cuando el poder se torna abusivo. La soberanía popular activa, ejercida a través de sus mecanismos directos (el voto, el referéndum y los cabildos), debe establecer límites estrictos al gobierno e implementar procedimientos ágiles para destituir o enjuiciar a los funcionarios que violen la ley suprema. El poder no emana del gobierno; la soberanía reside única y exclusivamente en el pueblo.
Ciertamente, la Constitución Política del Estado (CPE 2009) de Bolivia es pionera en América Latina al incluir explícitamente la Revocatoria de Mandato y otros mecanismos de democracia directa.
Sin embargo, es aquí donde se evidencia la trampa: el debate sobre la legitimidad frente a la obstaculización. En la práctica boliviana, los requisitos excesivamente elevados (como altos porcentajes de firmas o umbrales de votación) han funcionado como una barrera burocrática infranqueable. Este diseño, si bien se justifica oficialmente para «asegurar un respaldo genuino», en realidad se convierte en una forma de blindar a los funcionarios corruptos y vaciar de contenido el derecho de revocatoria, haciéndolo sumamente difícil de ejercer para el ciudadano común.
Por lo tanto, los ciudadanos tenemos el pleno derecho de exigir que el cumplimiento de estos requisitos no solo sea viable, sino que los procesos para activar la soberanía popular sean totalmente gratuitos y accesibles, eliminando las cargas logísticas y financieras que favorecen a las estructuras de poder.
Un Nuevo Contrato Social es imperativo para la estabilidad democrática de Bolivia. Este nuevo pacto debe centrarse en reestablecer la confianza y la subordinación del Estado al ciudadano. Es fundamental diseñar y fortalecer mecanismos que promuevan una participación ciudadana real y sin obstáculos, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y, sobre todo, donde los gobiernos despóticos y autoritarios no tengan cabida.