Antes de ejercer el derecho al voto en cada elección nacional o autonómica, o aprestarse a cumplir el servicio militar obligatorio e incluso como requisito para recibir el título de bachiller, la ciudadanía tendría que curarse de espanto conociendo qué es el Estado y cómo funciona.

Tendría que ser un requisito para adquirir derechos ciudadanos, los cuales nacen de la relación de la persona precisamente con ese ente amorfo, implacable, abusivo y complejo que nos hace la vida a cuadritos desde todas las formas posibles como se ha reproducido, multiplicado y expandido.

Hasta hoy sólo quienes estudian Ciencias Jurídicas (si es que le ponen empeño al derecho público), ramas afines o pasan un tiempo como funcionarios estatales (en cualquiera de las instituciones del gobierno central, departamental, municipal y universitario) alcanzan algún grado de conocimiento básico. Con esto, no quiero promover la máquina de las facultades de Derecho ni mucho menos: Al contrario, si Ud. tiene una vocación que se inclina por la justicia elija hacer el bien en un ámbito menos amargo y frustrante como evitar cualquier pleito y conciliar antes de acudir a un juzgado… por causa del Estado.

Hecho el paréntesis, nadie queda a salvo de las garras del Estado. Por citar un par de ejemplos cotidianos, a nadie le enseñan en la adolescencia que para casarse la fiesta es lo de menos porque la firma los novios la ponen en un contrato donde los derechos y las obligaciones son hasta que la muerte los separe o hasta que terminan las buenas intenciones, cuando la división de bienes y de deudas, la guarda compartida de los hijos si hubiere, la heredad, las pensiones familiares, son un dolor de cabeza que lo dirime el Estado. O que para emprender un negocio como idea de trabajo, el rosario de obligaciones de una y otra repartición pública (ni qué decir si planea crear una fuente laboral) sumado a la cadena impositiva de formularios a, b, c y z por mes, por trimestre y por año, convierten un sueño en una pesadilla. El via crucis de la persona mayor de edad es un recorrido permanente de restricciones a la libertad, un derecho fundamental humano, por parte de un ente todopoderoso terrenal.

Lo que sufre un ciudadano por la acción coactiva del Estado no se limita a los hechos diarios de su propia existencia. Es lo que se decanta de una construcción perversa y monstruosa de una administración pública montada para su propia existencia. Es el Rey que creímos que nuestros antepasados habían desterrado con revoluciones y guerras independentistas para establecer la democracia y la república. Del esclavismo de otras épocas pasamos al sometimiento a leyes enrevesadas y al sello habilitante de cualquier funcionario estatal. De la pena de muerte, el exilio, los azotes y la cadena perpetua, pasamos a la condena de las multas, los pagos por cualquier trámite, la fotocopia de la fotocopia, la copia legalizada y, la costosa peregrinación (en tiempo y dinero) del «vuelva que le falta un papel, vuelva que esto tarda, vuelva pero si tiene «voluntad» sale más rápido».

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El Estado tranca no es invento de un día, sino la planificación concertada por el poder de turno para reproducirse sin opción de escape del ciudadano. El presidente Rodrigo Paz Pereira no ha descubierto la pólvora pero su definición describe al monstruo a deconstruir. En 1976, Mariano Baptista Gumucio publicó un compendio de ensayos de varios autores bajo el título «El país tranca: la burocratización de Bolivia», en el cual introduce que «apenas un siglo y medio nos separa del momento en que Antonio José de Sucre organizó la maquinaria del Estado, con cuatro ministerios y unos veinte empleados. El país no necesitaba más funcionarios y así se manejó durante su administración, una de las más fecundas y eficientes de nuestra historia. Inadvertidamente, fue creciendo la nómina de empleados en razón inversa a la falta de industrias y oportunidades de empleo…»

Cuando a 10 días de asumir el gobierno nacional, se le exige con desparpajo al presidente Rodrigo Paz Pereira que termine con el Estado tranca que se comprometió a desarmar, es porque se tiene una posición política opositora a su propósito para que nada cambie o un enorme desconocimiento del monstruo que enfrenta con estructuras anquilosadas y deliberadamente organizadas para extorsionar y justificar su ampulosa omnipresencia.

El andamiaje de ministerios y «autoridades de fiscalización y control social» (algunas que eran ex superintendencias antes de la llegada del MAS al poder), además de «agencias» y de otras instituciones establecidas para crear más empleos estatales y trabas a la ciudadanía, no se deshace con decretos supremos: Están supeditados a leyes nacionales y a la Constitución de 2009. El abogado Juan Carlos Urenda realizó un trabajo minucioso de reformas normativas, comprendiendo que un nuevo gobierno con el propósito de aliviar a los ciudadanos y simplificar la relación del Estado, su administración y su verdadero fin de servir a la población.

El gobierno actual ha emitido un decreto de reorganización ministerial, seguramente transitorio hasta que pueda simplificarse en las leyes modificatorias. Al menos, este decreto Nº 5488 tiene 25 páginas y tres ministerios menos: una disminución considerable respecto a las 149 páginas del decreto Nº 29894 de organización del Poder Ejecutivo emitido por Evo Morales el 7 de febrero de 2009. Sólo en el Ministerio de la Presidencia, a cargo de José Luis Lupo, habrá una reducción de 587 cargos públicos, información difundida por el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, y no se financiará a ninguna organización sindical, como lo hacía el gobierno del MAS.

Falta achicar, claro que falta pero no es tan fácil como borrar de un plumazo lo que se diseñó para dificultar su desarme.

Sólo por citar algunas marañas instaladas, que se suman a los 18 ministerios de Evo Morales y Luis Arce (que pocos podrían citar sus nombres y funciones reales), son un verdadero dolor de conciencia pública: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Servicios Financieros – ASFI, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico – AASS, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros – APS, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad – AE, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas – AEMP, Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN, Autoridad de la Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS, Agencia estatal de vivienda – AEVIVIENDA, Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, etc. etc. etc.

Si hasta aquí, Ud. se encuentra tan mareado y hastiado con este inabarcable agujero negro, le falta saber que otra categoría de esquemas de burocratización y complicación de la vida institucional, funcionaria y ciudadana es el sistema de planificación implantado para financiar consultores, asesores y más planilla de empleados públicos. Me arriesgo a afirmar que ni los propios dependientes de los ministerios, oficinas nacionales, gobernaciones y alcaldías pueden enumerarlos y ni siquiera los han leído, menos entendido o aplicado y evaluado para informar de qué han servido al país o a alguna inversión con resultados eficientes. A la «Agenda Patriótica» del MAS o Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) los 20 años de marañas narrativas y de despilfarro, le agregaron (de obligatorio cumplimiento por cualquier nivel del Estado) el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), el Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI), el Plan Estratégico Ministerial (PEM), el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral (PMDI), el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), el Plan de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC), las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI), el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan de Empresa Pública (PEP), el Plan Inmediato (PI), el Plan Operativo Anual (POA). Todo este mamotreto, con ley nacional.

Si para un profesional de cualquier área, este panorama organizativo es racionalmente inexplicable, es imposible exigir a cualquier ciudadano que comprenda por qué sus problemas y su resolución serán atendidos con la prontitud, la celeridad y la eficacia que demanda su situación. La construcción de un puente sobre un arroyo o la asignación de un maestro a una unidad educativa o la provisión de medicamentos esenciales a una posta de salud, como cualquier bien o servicio provistos por el Estado llegan cuando la necesidad ha sorteado decenas de escritorios verificando procedimientos y logrando firmas de una organización multinivel de burocracia aplastante. Esa trama indignante y humillante, que suele costar mucho más que el bien o el servicio demandado, es la que fomenta la corrupción y la prebenda a cambio de favores en lugar de solucionar en lo corto y lo transparente la solución estatal a los asuntos de su competencia.

Es básico que quienes opinamos con responsabilidad en esta oportunidad histórica, luego de 20 años de dictadura sindical e imperio de la irracionalidad burocrática y abusiva del MAS, nos munamos de los elementos y los argumentos para para no desperdiciarla. Rodrigo Paz Pereira es el presidente de un gobierno de transición hacia una democracia plena y un Estado menos inútil y despiadado, ni duda cabe. No resolverá en cinco años décadas de putrefacción y zancadillas institucionalizadas para someter por la fuerza o por cansancio a las libertades que queremos recuperar.

Nos toca asumir de qué lado queremos situarnos: En la crítica burlesca o destructiva de las intrascendencias o en el aliento constructivo colectivo de sacarnos de encima, piedra por piedra, los mecanismos que los que se fueron instauraron para no irse nunca, como los bloqueos, y que agazapados propugnan el fracaso para restaurarlos.

Por Gabriela Ichaso Elcuaz.