Aseguran que las “reformas estructurales” que se plantea aplicar para modificar ciertos aspectos en el funcionamiento del Estado boliviano solo gozarán de legitimidad si se hacen a través de un nuevo proceso constituyente. Ven que temas como el Estado Federal, la supresión de las elecciones judiciales y otros que actualmente están en el debate político, deben ser debatidos por una nueva constituyente. Recuerdan que la actual CPE goza de legitimidad porque fue aprobada por más del 60% de la votación ciudadana.
Fuente: El Diario
Ante constantes planteamientos de la clase política sobre la necesidad de implementar reformas estructurales en distintos ámbitos del Estado boliviano, el abogado constitucionalista Víctor Hugo Chávez, señaló que la actual Carta Magna es la única que fue aprobada por voto popular, hecho que le da legitimidad y condiciona que cualquier cambio o modificación deba gozar de la misma cualidad.
“A lo largo de la historia de Bolivia, la única Constitución Política del Estado que ha sido aprobada mediante voto ciudadano del 25 de enero de 2009, es la actual, que además emerge, en gran parte, de la Asamblea Constituyente, eso quiere decir que goza de amplia legitimidad otorgada por el voto del pueblo”, sostuvo el jurista a través de sus redes sociales.
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Asimismo, resaltó que el tratamiento de la actual Ley Fundamental fue analizado, debatido y concertado por constituyentes que finalmente establecieron el contenido del texto constitucional.
En ese sentido, aseguró que las “reformas estructurales” que se plantea aplicar para modificar ciertos aspectos en el funcionamiento del Estado boliviano solo gozarán de legitimidad si se hacen a través de un nuevo proceso constituyente.
“Las reformas estructurales de nuestra norma suprema solo pueden hacerse a través de una nueva Asamblea Constituyente. Temas como el Estado Federal, la supresión de las elecciones judiciales y otros que venimos escuchando a lo largo del debate político deben ser debatidos en una nueva constituyente”, dijo.
Según Chávez, si lo que se quiere es aplicar reformas estructurales que gocen de un alto grado de legitimidad, el único camino es una nueva constituyente de la que emerja un nuevo texto constitucional, y que este sea puesto a consideración del soberano.
“Solo de esa manera se podrá gozar de legitimidad. La actual Constitución goza de legitimidad porque fue aprobada por más del 60% de la votación ciudadana”, finalizó.
Tras asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz lanzó un mensaje de cambio, al asegurar que su Gobierno pondrá fin al “Estado tranca”, caracterizado por la burocracia y la corrupción que, limita la gestión pública, la educación, la salud y la inversión.
“No se transforma la patria, se transforma el ‘Estado tranca’, ese es mi compromiso con ustedes. La patria somos nosotros y nosotros transformamos el Estado para que sirva a la patria”, afirmó.
En su mensaje, el mandatario planteó un ambicioso plan de reformas en el ámbito judicial, económico, productivo, educativo, tecnológico, en turismo y medio ambiente, además de anunciar una mejor protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica, como ejes para fomentar la inversión y el empleo.
Esta semana, durante una entrevista televisiva, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que, una vez cumplida la etapa de estabilización de precios y normal suministro de combustibles, el Gobierno nacional perfila para el mes de marzo de 2026 una reforma normativa estructural en los sectores de hidrocarburos y el agro.
El paquete normativo será una parte central del Acuerdo del Bicentenario, que impulsa el presidente Rodrigo Paz para revertir el “Estado tranca” y consolidar su política de “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”.
“Tenemos un plan integral que va a una primera etapa, la que estamos haciendo ahora de garantizar combustibles, de lograr estabilidad de precios y de poder generar condiciones para que esto sea sostenible”, explicó la autoridad.
Precisó además que, “hasta el mes de marzo, pensamos, que ya vamos a estar con un plan completamente consolidado para poder iniciar la reforma estructural que tiene que ver con cambiar las leyes de hidrocarburos, de energía, del sector agropecuario, para garantizar inversiones, porque sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay exportaciones, sin exportaciones no hay divisas y tampoco hay empleo”.
“Quedan tareas por realizar, sobre todo, cuando desde el Gobierno se reveló que los gobiernos del MAS dejaron, prácticamente, un Estado quebrado y muerto, sin institucionalidad”, explicó el ministro Lupo; no obstante, aseguró que el Gobierno trabaja para revertir este escenario.
Fuente: El Diario