Los legisladores de las alianzas Libre, Unidad y Autonomía Para Bolivia (APB – Súmate) están buscando los mecanismos para que la Asamblea Legislativa recupere su rol de fiscalización a través de las interpelaciones. Una facultad que fue suspendida por un amparo constitucional en 2023, que interpusieron los ministros del entonces gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Fuente: ANF
“Nosotros tenemos que recuperar ese mecanismo de fiscalización, estamos planteando un proyecto de ley que interprete ese artículo para que nunca más se de un sabotaje por parte de una falsa justicia constitucional que lo único que ha hecho es servir a los intereses del gobierno de Luis Arce”, afirmó el diputado de Unidad Carlos Alarcón, en declaraciones a la ANF.
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El 23 de agosto de 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz, presidida en ese entonces por Israel Campero, determinó aplicar la medida cautelar que paralizó las interpelaciones a los ministros de Estado en la Asamblea Legislativa. El caso sigue en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que hasta la fecha no emitió resolución, pese a los plazos que prevé la norma.
Alarcón indicó que, en la anterior legislatura, se elaboró un proyecto de ley, pero que no se lo presentó porque requería de algunos ajustes. Aunque cree que en la actual coyuntura las prioridades son los proyectos de ley sobre la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las elecciones subnacionales y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.
“Se intentó reponerla a través de un proyecto de ley del artículo especifico que establece la Constitución Política del Estado, pero se deben hacer algunas mejoras. Creo que ese procedimiento puede ser una vía para reponer las interpelaciones”, agregó.
Al respecto, la jefa de bancada de la Alianza Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, dijo que su bancada se reunirá «para definir qué acciones legales se van a plantear para que se reponga este mecanismo de fiscalización, no podemos dejar que se vulnere esa atribución de la Asamblea Legislativa de fiscalizar al Ejecutivo. No se debe repetir las mismas acciones que en la legislatura donde el MAS tenía el control en el Legislativo”, indicó.
Informes al TCP
En ese contexto, el jefe de la bancada de APB – Súmate, Diego Brañez, anunció que solicitarán una reunión con el vicepresidente Edmand Lara para retomar las interpelaciones, además anticipó que solicitarán información al TCP sobre la demora en la resolución del caso. Recordó que no se puede coartar las atribuciones de la Asamblea Legislativa.
“Nosotros vamos a conversar con el gabinete y el vicepresidente para que se retomen estas acciones, nosotros vamos a presionar a través de nuestra bancada para que esto se resuelva lo más antes posible y que nosotros podamos cumplir con nuestra labor de fiscalización, tal como establece la Constitución Política del Estado”, afirmó.
A inicios de agosto de 2023, el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, interpuso un amparo constitucional contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, solicitando dejar sin efecto ese mecanismo de fiscalización. Alegó la existencia de una supuesta vulneración de sus derechos al convocarlo a una interpelación por el caso de la Gestora Pública porque, aparentemente, no se cumplió con el procedimiento legislativo.
De acuerdo a la Cámara de Senadores, quedó pendiente la realización de al menos una decena de interpelaciones a los ministros del expresidente Luis Arce a causa de ese recurso constitucional.
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