La aprobación en la Asamblea abre la cuenta regresiva: el presidente debe promulgar la norma, el TSE tendrá que emitir la convocatoria y el calendario sufrirá ajustes técnicos para temas como el registro de alianzas, actualización del padrón y la impresión de papeletas.

Con la sanción de la ley transitoria que viabiliza las elecciones subnacionales, el proceso electoral entra por fin en la fase decisiva. Desde la promulgación presidencial –que se estima será en las próximas horas– hasta la publicación de la convocatoria por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), existen pasos y plazos legalmente establecidos que definirán si la fecha prevista para el 22 de marzo de 2026 se mantiene o sufre variación, ya que el calendario tendrá que ser evaluado y ajustado de ser necesario.
Una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la ley para esos comicios, el texto será remitido al Órgano Ejecutivo; si bien el presidente del Estado tiene la potestad de promulgarla en el plazo de 10 días hábiles una vez recibida la norma, en el caso presente se estima que Rodrigo Paz lo hará en el transcurso de la jornada, debido a que el ente electoral debe ajustar los tiempos para emitir la convocatoria correspondiente, con lo que dará luz verde a ese proceso electoral.
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Hay pasos que se deben cumplir y deben ser acelerados para poder llegar a la fecha estipulada por los vocales electorales; en consecuencia; la ley debe publicarse en la Gaceta Oficial para que los actos administrativos que habilitan la convocatoria entren en vigencia. Tras la publicación el TSE puede expedir las resoluciones internas que fijan plazos para registro de alianzas, presentación de candidaturas, veedurías, fiscalización y, finalmente, el calendario de votación.
Según información del propio Tribunal Electoral, una vez que la norma esté vigente la Sala Plena deberá: emitir la convocatoria formal; publicar el calendario electoral complementario con fechas para registro de alianzas y candidaturas; ajustar plazos operativos (verificación de actas, capacitación de jurados, impresión y distribución de papeletas) y coordinar con otras instituciones la actualización del padrón y el cómputo de escaños municipales tras el Censo 2024.

El vocal Gustavo Ávila fijó un plazo fatal para la aprobación legislativa y advirtió que la demora obliga a acortar etapa, ya que la fecha se calcula en base a todas las actividades electorales que el TSE debe organizar en el marco del proceso electoral, de modo de poder llegar a la fecha de los comicios máximo hasta el 22 de marzo, porque se debe contemplar una probable segunda vuelta en la elección de gobernadores para abril y tomar en cuenta que las más de cinco mil autoridades subnacionales culminan su gestión la primera semana de mayo.
Los vocales del TSE admiten que, por la demora en la norma, el calendario podría modificarse, aunque esa decisión dependerá técnicamente del espacio entre la promulgación y la publicación de la norma. “A medida que se atrasa la aprobación, tenemos que ir modificando la fecha de la votación, queríamos hacerlo el 15 de marzo, pero eso va ser imposible y ahora pusimos como fecha límite el 22 de marzo”, explicó hace unos días, para luego incidir en que el martes debía aprobarse la norma, lo que no sucedió.
“Estamos al borde del precipicio, del abismo. Esperemos que puedan aprobar la convocatoria”, afirmó también el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe hace unos días, además de remarcar que la premura del TSE se debe a que el 3 de mayo de 2026 es la fecha límite para la posesión de las más de 5.000 autoridades subnacionales. “No existe posibilidad de prorrogar los mandatos actuales, por lo que cualquier retraso compromete directamente la transición institucional”, aseguró entonces.
Con la sanción legislativa concluida, el tiempo oficial corre: la promulgación y la publicación en la Gaceta son el punto de partida para que el TSE active la maquinaria electoral. Las próximas semanas serán clave para ver si los plazos se mantienen con ciertos ajustes técnicos, o si la fecha prevista para el 22 de marzo de 2026 debe moverse para asegurar la transparencia y la operatividad del proceso electoral subnacional.