En los próximos días, el acusado de 27 años comparecerá ante un tribunal de Manhattan mientras su figura sigue polarizando a la sociedad y alimentando un debate sobre el sistema de salud en Estados Unidos.
Por Rossana Marín
El respaldo a Luigi Mangione, acusado del homicidio de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, exhibe una intensidad poco vista, con manifestaciones públicas, recaudación millonaria de fondos y miles de cartas de apoyo, según reveló el Wall Street Journal. En los próximos días, Mangione comparecerá ante un tribunal de Manhattan mientras su figura sigue polarizando a la sociedad y alimentando un debate sobre el sistema de salud en Estados Unidos.
El caso de Mangione, de 27 años y graduado de la Ivy League, tomó notoriedad tras el asesinato cometido frente a un hotel de Midtown Manhattan. El episodio, que ha cumplido casi un año, desencadenó reacciones que van desde la simpatía convertida en movilización hasta la condena.
Un sector de la opinión pública y quienes han librado batallas propias con aseguradoras han adoptado a Mangione como símbolo de inconformidad con el sistema de seguros de salud. Entre las muestras más visibles de ese respaldo figuran campañas en redes sociales y la venta de camisetas y artículos alusivos.
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Al inicio de la investigación, la respuesta social ya sorprendía: se reunieron 1,4 millones de dólares para la defensa legal de Mangione mediante donaciones en línea, indicó el Wall Street Journal. La mayoría de las aportaciones oscilaron en torno a los 15 dólares
Durante el último año, se realizaron otras acciones inusuales como el despliegue de un cartel aéreo sobre la ciudad en el cumpleaños del acusado, con una consigna que reclamaba “salud gratuita” y su liberación. Un portavoz de la defensa, el organizador comunitario de Chicago Sam Beard, explicó en declaraciones recogidas por el diario: “nuestra teoría del cambio es que, cuando ocurren crisis y rupturas sociales, surge una nueva conversación en la esfera pública“.
La solidaridad también incluye esfuerzos individuales. Michael Kissling, amputado de 32 años que responsabiliza a UnitedHealthcare por denegar tratamientos que habrían evitado la pérdida de su pierna, apoya la causa aunque rechaza la violencia. «Si Mangione es Malcolm X, yo intento emular a Martin Luther King“, afirmó en diálogo con el Wall Street Journal.
La empresa ha cuestionado esta versión, defendiendo sus procedimientos. Mientras tanto, la campaña de apoyo organizó un vehículo con una pantalla digital mostrando la historia de Kissling, que recorrió las inmediaciones del tribunal de Manhattan.
El respaldo ha superado el activismo en redes. Mangione, recluido en un centro penitenciario de Brooklyn, ha recibido más de 6.000 cartas, que registra cuidadosamente con un código propio y una tabla detallada, según un manuscrito divulgado en línea.
Una de las remitentes, Natalie Jeremias, enfermera residente en Nueva Jersey diagnosticada este año con esclerosis múltiple, contó a Wall Street Journal su propia odisea para acceder a tratamientos: “nadie escuchaba. ¿Qué otra salida tenía?“, relató sobre el sentimiento de impotencia ante las denegaciones y altos deducibles.
Plataformas de activismo
El fenómeno social ha inspirado la creación de nuevas plataformas de activismo. El grupo People Over Profit NYC, cofundado por la intérprete de lenguaje de señas Ico Ahyicodae, impulsa campañas digitales y espacios donde se comparten testimonios sobre seguros de salud. “No especulo sobre la culpabilidad de Mangione; la ley presume su inocencia”, expresó Ahyicodae.
Paralelamente, académicos y expertos analizan el efecto social del caso. El profesor de la Universidad de Nueva York Jeff Goodwin declaró a Wall Street Journal que Mangione “tuvo el arrojo de hacer algo que muchos consideran audaz o valiente“. En sentido contrario, la especialista Heather Mac Donald, del Manhattan Institute, cuestionó el fenómeno asegurando que “la única pregunta después del asesinato y la celebración inmediata es: ¿Qué está ocurriendo con la brújula moral de Estados Unidos?“.
Mangione afronta cargos estatales y federales con posible pena de muerte. En las próximas audiencias estatales, la Justicia determinará qué pruebas presentarán los fiscales en su contra.