A los pocos días de asumir el cargo y luego de recibir los primeros informes sobre el estado del Estado, el presidente Paz afirmó que encontraba “una cloaca de dimensiones extraordinarias” y denunció un robo al Estado de 15 mil millones de dólares, en las gestiones del MAS. El anuncio retrata de manera elocuente lo que se advertía desde hace años y que cualquier análisis podía confirmar.
Veinte años de hegemonía del MAS llevaron a Bolivia a ser uno de los países con mayor índice de corrupción en el mundo. Según el informe The World Justice 2025, en el componente que mide este delito, nuestro país se encuentra en el puesto 141 de 142 países evaluados, mientras que, en el estudio de Transparencia Internacional de 2024, estamos en el lugar 133 entre 180 naciones. En los gobiernos del “proceso de cambio”, el latrocinio de la cosa pública superó los 3.000 millones de dólares anuales, abarcó todas las instancias del Estado, degradó la función pública y produjo un daño reputacional incalculable.
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La corrupción descomunal en esas gestiones se sustentó en un sistema perverso y estructurado; que incluía normas hechas a la medida del partido, un poder judicial servil y obsecuente, un esquema de opacidad informativa y un modelo de protección mutua donde las unidades de transparencia, las instituciones de fiscalización y control, y las entidades de regulación servían como instrumentos para garantizar impunidad y acallar las denuncias.
Otro indicador del desastre fue la economía. Además de haber dilapidado más de 50 mil millones de dólares de renta petrolera, el MAS decidió desatender la exploración gasífera, disminuyendo la inversión en ese rubro en más del 75%. Tal nivel de irracionalidad explica la caída de la producción, la pérdida de mercados y la reducción de los ingresos, de 6.600 millones de dólares en 2014 a tan solo 1.600 millones en 2024. La consecuencia fue desastrosa: escasez de dólares, inflación, aumento del déficit fiscal y crisis de los carburantes.
El nuevo gobierno hereda una deuda pública superior a los 44 mil millones de dólares, un déficit fiscal superior al 10%, reservas líquidas de apenas 73 millones de dólares y una economía en recesión. Según las nuevas autoridades, no hay recursos ni para cubrir las necesidades básicas de la gestión, e incluso el gobierno anterior habría desviado fondos de otras partidas para financiar su abultado gasto corriente.
La crisis económica tiene efectos sociales muy preocupantes. El CEDLA calcula que la pobreza multidimensional en Bolivia alcanza ya al 61%, mientras que la Fundación Jubileo estima que la pobreza extrema llega al 17,5%, la moderada al 44%, y la rural supera el 52%. Nuestro sistema de salud está colapsando y los indicadores en calidad educativa sitúan al país entre los peores de la región. La informalidad laboral alcanza al 85%, y el poder adquisitivo del salario se ha erosionado generando una pérdida significativa de capacidad de consumo.
En el ámbito internacional el escenario es alarmante. La llamada “diplomacia de los pueblos” del MAS alineó a nuestro país al eje del socialismo del siglo XXI, un experimento liderado por Venezuela y Cuba que nos subordinó ideológicamente a los intereses de China y Rusia, nos adscribió a iniciativas fracasadas como el ALBA, la UNASUR y los BRICs y nos alejó de los bloques de integración regional. Por 20 años nuestro país perdió toda capacidad de incidencia internacional, generó una profunda desconfianza y desanimó a la inversión extranjera.
En materia de derechos ciudadanos, la situación fue igualmente crítica. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project nos ubica en el puesto 131 de 143 países en el mundo (la peor calificación desde que se realiza el estudio), y en el puesto 29 de 32 naciones en Latinoamérica. Según la Global Human Rights League, hasta 2024 había 278 presos políticos en el país. Y si a esto sumamos los miles de exiliados, los cientos de juicios políticos, la violencia contra la prensa, la inseguridad ciudadana, el creciente narcotráfico y un sistema judicial colapsado, tenemos un escenario pocas veces visto en nuestra historia reciente.
Esa es la herencia de un modelo político que nos gobernó por dos décadas, con un nivel de ineficiencia, corrupción e irresponsabilidad que rebasan los límites de la comprensión. El discurso del MAS-IPSP, que colocó la ideología por encima de la ley y la ética, y el convencimiento de que el Estado les pertenecía explican la degradación de un régimen que se envileció hasta el extremo y que, en nombre de una ilusoria “revolución democrática y cultural”, nos condujo a una crisis económica, política, social, institucional y sobre todo moral, sin precedentes.
El daño ha sido tan extenso y profundo que no puede atribuirse únicamente a la falta de conocimiento y experiencia. Por eso mismo no es correcto permitir que el olvido nuble nuestra memoria. Debemos mantener viva la conciencia de que el MAS fue responsable del descalabro económico, del crecimiento exponencial de la corrupción y del aislamiento internacional más graves de nuestra historia reciente. Esa amarga experiencia no puede repetirse y los delitos cometidos tienen que sancionarse. Debemos asegurar que nunca más un partido concentre tanto poder que lo coloque por encima de la ley, ni que impunemente genere tanto perjuicio al país.
Tras dos décadas de retroceso, hoy los bolivianos tenemos la oportunidad histórica de reconstruir nuestras instituciones, de retomar un crecimiento económico sostenido y de renovar nuestros liderazgos con responsabilidad y ética. Somos capaces de recuperar el tiempo perdido, fortalecer la democracia y cimentar un futuro donde la corrupción no tenga lugar y el desarrollo sea para todos.
Ronald Nostas Ardaya
Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia