
Jeanine Áñez junto a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari y otros, el 12 de noviembre de 2019, en el balcón del Palacio Quemado. Foto: Archivo La Razón
Fuente: https://larazon.bo
La mañana del 12 de noviembre de 2019, los promotores de la asunción de Jeanine Áñez aún insistían en ese propósito en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica Boliviana (UCB), en La Paz.
Su nombre había surgido antes de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, acosado por una movilización cívica, un motín policial y la carga del presunto fraude en las elecciones generales del 20 de octubre.
A las 16.50, desde Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, el mandatario renunció a sus funciones junto al vicepresidente Álvaro García. Los acompañaba la entonces ministra de Salud, Gabriela Montaño.
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Minutos después, la oficina del Rectorado de la UCB comenzó a organizar la sucesión. Propiciados por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la representación de la Unión Europea (UE) y la Embajada de España, allí estaban reunidos líderes políticos sin representación legislativa, representantes cívicos y algunos activistas.
En su informe del 19 de marzo de 2021, año y medio después de los sucesos, la CEB recordó que ese día se reunieron el secretario general de la CEB, Aurelio Pessoa; el obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini (+); el obispo auxiliar de El Alto, Giovani Arana; el secretario adjunto José Fuentes Cano y Juan Carlos Núñez (Fundación Jubileo).
UCB
Además, fueron citados a la reunión los embajadores de Brasil, Octavio Henrique Cortes; de la UE, León de la Torre; y de España, Emilio Pérez de Ágreda, y el exembajador de España Carmelo Angulo. También estuvieron presentes Jerjes Justiniano, en representación del presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; Waldo Albarracín, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia y Derechos Humanos (Conade), Ricardo Paz, en representación del expresidente Carlos Mesa.
“El diálogo se centró en la ruptura del orden constitucional, producida por la renuncia del Presidente y toda la línea de sucesión”, describe el informe.
“Todos coincidieron en que cualquier solución debía plantear cumpliendo la Constitución”, aclara.
Recuerda que Áñez era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, que “no había presentado su renuncia”, y “se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidenta del Senado”, dice la memoria de la CEB.
Llamada a Áñez
Así, dice que Paz tomó contacto con Áñez vía teléfono “y con micrófono abierto y le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado”. “Si es para servir al país, aquí estoy”, cita a Áñez el documento.
Más tarde, a las 18.45, la senadora declaró a la red Unitel que, “según el orden constitucional”, le correspondía asumir la Presidencia del Estado.
Al día siguiente, llegó a El Alto. Luego fue trasladada en un helicóptero al Colegio Militar de Irpavi bajo una cápsula presidencial. Mientras, Morales lidiaba por su salida del país y la reunión de la UCB consolidaba su propuesta de Áñez presidenta.
A la reunión se habían sumado Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Luis Vásquez y Rolando Villena, del lado de la oposición. De la Torre había trasladado a la entonces dimisionaria presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, acompañada de Teresa Morales.
Las decisiones no avanzaron.
Mesa
En su declaración ante el Ministerio Público, Áñez dijo que Mesa bloqueó la sucesión de Salvatierra. “El señor Carlos Mesa realiza una declaración en una radio mencionando que no aceptaría la sucesión de Adriana Salvatierra”.
En tanto, Teresa Morales denunció que había presión por que el Movimiento Al Socialismo (MAS) defina su posición y que Doria Medina advertía con aplicar el “plan B”, que consistía en la sucesión de Áñez, fuera de la prelación.
Al día siguiente, el 12 de noviembre, Morales ya había llegado a México, acogido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En Bolivia, el expresidente Jorge Quiroga se dijo que fue su agente de viaje, al tramitar su salida ante los jefes de Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y generar un “vacío de poder”.
A la reunión de la UCB se habían sumado la diputada del MAS Susana Rivero y el senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz. La misma memoria de la Iglesia Católica recuerda que el MAS estaba dispuesto a ni aceptar la renuncia de Morales ni la sucesión de Áñez; defendía la idea de promover a una militante masista para el cargo.
Sesiones
Luego de reunirse con el clero católico, Áñez convocó a sesiones de la Cámara de Senadores, primero, y de Asamblea Legislativa, después. En sendos actos sin quorum ni asistencia del MAS, se autoproclamó sucesivamente como titular del Senado y también presidenta del Estado.
El MAS consideró que, así, la senadora consumó el golpe de Estado y el expresidente Mesa, en declaraciones posteriores, afirmó que se trató de una “sucesión impecable”. El mismo Mesa promovía la idea de que la Asamblea Legislativa resuelva la sucesión, para evitar, en su criterio, cualquier argumento masista de golpe de Estado.
El 13 de marzo de 2021, Áñez fue detenida en Trinidad, acusada por una serie de acciones durante su régimen. Una de ellas fue su autoproclamación, caso por el que fue juzgada en la vía ordinaria al no poder el MAS conseguir apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa para un eventual juicio de responsabilidades.
Sin embargo, el argumento, a instancias de la exdiputada Lidia Patty, fue que la senadora cometió el delito en el ejercicio de sus funcionales, no mientras fue mandataria.
Sentencia
El 10 de junio de 2022, luego de un proceso largo, Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión bajo los cargos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
Sin embargo, el 5 de noviembre reciente, mediante Sentencia 011/2025, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, resolvió la absolución y la libertad inmediata de la sentenciada luego de que la defensa arguyera la revisión de su caso.
Presidido por Romer Saucedo, quien propugna independencia de la Justicia luego de la liberación también de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, protagonistas de la crisis poselectoral de 2019, el TSJ cuestionó la sentencia de Áñez.
Consideró que el tribunal se sentencia “construyó una culpabilidad política revestida de legalidad penal, ignorando los fundamentos constitucionales que rigen la sucesión presidencial en situaciones excepcionales”.
Absolución
Así, argumentó que Áñez “no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido, y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad constitucional del Estado boliviano”.
Para cerrar sus cuestionamientos a la sentencia condenatoria, el TSJ afirmó que ésta “adolece de error de subsunción, vulnerando la legalidad penal y falta de fundamentación y fáctica, razones por las cuales la condena resulta incompatible con el principio de culpabilidad y el derecho penal del acto.
Al día siguiente de resolución, Áñez abandonó la cárcel de Miraflores, donde estuvo detenida desde el 15 de marzo de 2021.