En julio recuperó su libertad y acaba de pasar su primer cumpleaños en libertad. Aún sufre. Estar en prisión le dejó secuelas y sigue buscando un empleo que le permita vivir con dignidad. Casos como este se han llevado a la Corte Interamericana
Por Ariel Melgar Cabrera
Fuente: El Deber
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El 27 de julio de 2025, cuando las puertas del penal de Morros Blancos se abrieron, Richard Mamani Martínez volvió a sentir el viento en la cara. Tenía 28 años y una vida suspendida. Había entrado con 19, acusado de violar a una niña. La justicia le había impuesto 20 años de prisión por un delito que nunca cometió. Nueve años después, con la mirada cansada y dos bolsas en las manos, el Estado apenas reconocía su inocencia.
“¿Quién me devuelve mis años? ¿Quién me arregla eso?”, preguntó con lágrimas al salir. Había sobrevivido al encierro, pero no a la pérdida del tiempo. Su cuerpo lleva las marcas del trabajo forzado y su mente, el peso de un miedo que no se disuelve ni con el aire libre.
Antes de caer en esa pesadilla, Richard trabajaba en la construcción de la represa de Chaullamayu. No terminó la primaria, hablaba quechua y ayudaba a su familia en las labores del campo. El 27 de julio de 2016, cuando visitaba a su abuela en una comunidad de Chuquisaca, la Policía llegó buscándolo. Pensó que era un malentendido. No lo fue. Lo llevaron directo a Morros Blancos, uno de los penales más violentos de Bolivia. Nunca volvió a ser el mismo.
Dentro del penal, lo golpearon, lo humillaron, le quitaron el habla. Le ofrecieron declararse culpable para reducir su pena. Rechazó la propuesta, convencido de que algún día alguien escucharía su verdad. “Querían que me eche la culpa. Pero ¿cómo me voy a echar la culpa de algo que no hice?”, recuerda. Los años siguientes fueron de oscuridad, de golpes y de silencio.
Su refugio apareció en el rostro sereno del padre Miguel Sotelo, un sacerdote y terapeuta español que trabaja desde hace décadas con los reclusos de Tarija. Lo escuchó, lo contuvo y lo hizo parte de la Pastoral Social Carcelaria. Juntos construyeron, con donaciones y las manos de los presos, un centro multifuncional con capilla, biblioteca y sala de terapia. Paradójicamente, en ese mismo edificio, nueve años después, Richard recibió su mandamiento de libertad.
La verdad que tardó en llegar
La condena de 20 años fue dictada en 2019 por un tribunal de Camargo que nunca pidió pruebas de ADN ni verificó los hechos. Todo se basó en una sola declaración: la de su prima, una niña presionada por su hermana para culparlo y encubrir a su propio esposo, el verdadero agresor. Richard fue enterrado en vida mientras la justicia dormía.
La verdad emergió en febrero de 2023, cuando la víctima, ya mayor de edad, se presentó en la plaza de Tarija y habló ante los medios: “El verdadero autor es mi cuñado, y mi hermana me obligó a mentir”. Esa confesión estremeció a la ciudad, pero la burocracia judicial demoró dos años más en corregir el error. En julio de 2025, la magistrada Rosmery Ruiz Martínez firmó la anulación de la sentencia y su absolución definitiva. “Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”, dijo.
La abogada Rosmery Peralta fue su otra tabla de salvación. Llegó a su vida en 2023, cuando el padre Miguel le envió una carta pidiendo ayuda. Peralta, exdirectora del Servicio de Prevención de la Tortura, tomó el caso ad honorem. Fue ella quien presentó la revisión extraordinaria y denunció las irregularidades del juicio: una investigación sin pruebas, una fiscalía ausente y una defensa pública negligente.
El eco del encierro
Fuera de la cárcel, Richard no encontró libertad, sino abandono. Nadie le ofreció apoyo psicológico ni asistencia laboral. Sin libreta militar ni estudios, trabaja en lo que puede: arando campos, cargando materiales, cuidando animales. Vive con miedo. “Tengo miedo hasta de pasear, porque el verdadero culpable está libre”, dice con voz baja. Incluso tuvo que pagar a policías para poder votar dentro del penal, donde aún está empadronado, en las elecciones del 19 octubre. Esto lo revictimizó.
Su abogada confirma que teme responder llamadas desconocidas. La Defensoría del Pueblo le recomendó no salir del país y anunció que acompañará su demanda de reparación integral. “Richard no duerme, tiene pesadillas, desconfía de todos. Vive en estado de alerta”, explica.
La psicóloga Jimena Melgar resume lo que la prisión dejó en él: un trauma profundo. “El encarcelamiento injusto destruye la identidad. Las víctimas desarrollan miedo constante, insomnio, aislamiento. Con apoyo pueden recuperarse, pero nunca del todo”, señala.
Castigo a los más los pobres
Morros Blancos es un símbolo de la miseria judicial del país. Hacinamiento del 105 %, torturas, asesinatos y extorsión. “Es un basurero humano”, lo define el padre Miguel. Ahí dentro, los policías cobran por todo y los internos sobreviven entre mafias y castigos. Richard vendía gaseosas en una tiendita para poder comer y enviar algo de dinero a sus padres, que solo podían visitarlo una o dos veces al año.
Juristas como Génesis Olmos advierten que se violaron todos los principios del debido proceso: la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el in dubio pro reo. “Ninguna reparación puede devolverle nueve años de vida”, dice. Paolo Mojica, de la Casa del Hombre, denuncia que hay más de 20.000 casos similares de hombres condenados injustamente por aplicación distorsionada de la Ley 348. “Se ha vuelto un arma contra los pobres”, lamenta.
Responsables y silencio
La Defensoría del Pueblo pidió una auditoría al Consejo de la Magistratura, que confirmó responsabilidad disciplinaria de los jueces que lo condenaron. El órgano anunció capacitaciones para evitar nuevos errores. Pero Richard no espera disculpas: espera justicia.
La magistrada Ruiz defiende que no fue un fallo del sistema, sino de la sociedad que “miente y manipula”. Sin embargo, ella misma admite que ningún juez puede dictar sentencia sin pruebas contundentes. “La justicia no puede permitirse errores irreparables”, advirtió.
El ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor, ex preso injustamente y referente ante la Corte Interamericana, recordó que el Estado boliviano tiene el deber de reparar sin que la víctima lo pida. “La reparación no es un favor, es una obligación”, sostuvo. Debe incluir compensación económica, atención médica y psicológica, restitución del honor y garantías de no repetición.
El precio de la inocencia
Richard acaba de cumplir su primer cumpleaños en libertad trabajando bajo el sol de Tarija. No hubo torta ni brindis, solo cansancio y una esperanza tenue. Dice que sueña con tener una casa, un trabajo y paz. “Solo quiero vivir tranquilo”, repite.
Su historia es la radiografía de un país donde ser pobre y hablar quechua puede costar una vida. Donde la justicia tarda tanto en llegar que, cuando lo hace, ya no repara nada.
Richard Mamani fue absuelto, sí, pero sigue pagando el precio de su inocencia: la desconfianza, el miedo y el silencio.
El Estado lo liberó del encierro, pero aún no le devolvió lo más importante: la dignidad.
Fuente: El Deber