El 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce recibió la banda presidencial en medio de una Bolivia fracturada, asumió un mandato explícito que el pueblo le había confiado con el 55,11% de los votos: recuperar y preservar la democracia tras la ruptura del orden constitucional de 2019.
Fuente: ABI
Cinco años después, cuando entregue el mando a Rodrigo Paz el próximo 8 de noviembre de 2025, dejará un legado que trasciende las obras materiales: ningún boliviano murió por represión estatal durante su gestión.
La administración de Arce resistió más de 7.000 conflictos sin recurrir a las balas.
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Es un hecho verificable que define su presidencia, tanto como las carreteras construidas o las plantas industriales inauguradas.
El gobierno más asediado
Los números hablan por sí solos. Según el documental «Crónica del gobierno más asediado desde la recuperación de la democracia», de Bolivia TV, la administración del presidente Arce enfrentó 2.487 conflictos en 2021, 3.162 en 2022, 1.813 en 2023 y 1.350 en 2024.
No fueron protestas esporádicas ni manifestaciones pacíficas. Fueron bloqueos que paralizaron ciudades enteras, paros que cortaron el suministro de alimentos, marchas que exigían su renuncia y, finalmente, un intento de golpe de Estado militar que pudo haber terminado en masacre.
Las protestas más prolongadas marcaron hitos de resistencia. En 2022, los cívicos cruceños mantuvieron un paro de 36 días exigiendo adelantar el Censo de Población y Vivienda.
En 2023, 2024 y 2025, Evo Morales organizó bloqueos que duraron semanas, paralizando carreteras estratégicas para presionar por su habilitación como candidato presidencial.
En medio de todo esto, el bloque disidente que responde a Evo Morales y la oposición de derecha se unieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para bloquear la aprobación de créditos internacionales, cortando las vías de financiamiento del gobierno.
Desde 2023, más de $us 1.800 millones en créditos quedaron retenidos en el Legislativo.
La intención era clara: estrangular económicamente al gobierno para forzar su caída o, al menos, convertirlo en un cadáver político que llegara moribundo al final de su mandato.
El sabotaje parlamentario se tradujo en escasez de combustibles, presiones sobre el tipo de cambio del dólar y dificultades para importar insumos esenciales.
Pero Arce no cayó. No renunció. No huyó. Tampoco disparó.
El 26 de junio: cuando los tanques llegaron a plaza Murillo
El punto más crítico llegó el 26 de junio de 2024. Aquella tarde, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, acompañado de militares encapuchados, tanquetas blindadas y vehículos artillados, tomó la plaza Murillo, el centro neurálgico del poder político boliviano.
El objetivo era explícito: derrocar al presidente constitucional Luis Arce.
Las imágenes parecían sacadas de los archivos históricos de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta. Militares armados, blindados ocupando calles, la democracia suspendida por la fuerza. Pero esta vez, el desenlace fue diferente.
Cuando Zúñiga intentaba ingresar al Palacio de Gobierno, contiguo a la Casa Grande del Pueblo, se encontró con Luis Arce esperándolo en la puerta. No había huido. No había negociado.
Estaba ahí, enfrentando personalmente a los golpistas. Detrás de él, el vicepresidente David Choquehuanca y miles de ciudadanos que habían salido a las calles para defender la democracia.
El documental del canal estatal revela detalles inquietantes sobre la conspiración. Militares y civiles vinculados con la oposición política y exfuncionarios de la legación de Estados Unidos habrían coordinado el operativo.
Se movilizaron vehículos y armamento siguiendo un manual sobre operaciones urbanas elaborado a partir de las «falencias militares» en los hechos de octubre de 2003, cuando murieron decenas de bolivianos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
Más inquietante aún: Evo Morales alertaba minutos antes del inicio del operativo golpista sobre movimientos militares. Su exministro Juan Ramón Quintana reveló días después que conocía del traslado de tanquetas al Estado Mayor del Ejército con anterioridad.
Las preguntas sobre quién sabía qué y cuándo siguen sin respuesta definitiva.
Lo que sí está claro es que Arce no permitió que se consumara el golpe. Cambió el mando militar, desactivó la intentona y procesó a los responsables.
Y lo más importante: no hubo muertos. Ni un solo boliviano cayó ese día bajo fuego de las fuerzas de seguridad.
La unidad como blindaje
«Lo importante de esto es rescatar un factor que hoy en día el pueblo boliviano tiene que internalizarlo: hemos enfrentado difíciles momentos, como es un golpe de Estado, y cuando enfrentamos todos una amenaza al pueblo boliviano, una amenaza a la patria, hay un factor que es fundamental para vencer, y ese factor fundamental es la unidad», afirmó Arce tras ver el documental sobre el 26 de junio.
La unidad de la que habla no fue solo entre sectores afines. Fue también la decisión de no responder con violencia a la violencia.
Los militares golpistas movilizaron armamento y seguían un plan que incluía «seguimiento a autoridades». Estaban preparados para escenarios de confrontación. Pero Arce no les dio esa batalla.
Choquehuanca recordó que ese día decidieron «estar junto al pueblo” y asumir todas las consecuencias que represente la defensa de la democracia.
“Estábamos dispuestos a todo para defender a nuestro pueblo y la democracia», dijo.
Esa disposición a «todo» no incluyó disparar contra manifestantes, golpistas o bloqueadores.
Incluyó resistir sin recurrir a la represión letal.
El boicot legislativo y las largas filas
El golpe militar fallido no fue el único intento de derrocar o acortar el mandato de Arce. El boicot parlamentario resultó más efectivo para desgastar al gobierno. Durante más de tres años, la administración enfrentó trabas sistemáticas en la aprobación de proyectos de ley destinados a financiar obras y programas de desarrollo.
La consecuencia más visible fueron las largas filas de vehículos en estaciones de servicio. YPFB importa el 100% de la demanda del mercado nacional de combustibles, pero sin acceso a créditos para comprar divisas, las importaciones se complicaron.
El evismo y la oposición habían calculado que la escasez de gasolina y diésel erosionaría el apoyo popular al gobierno hasta hacerlo inviable.
Sin embargo, a pocos días de terminar su mandato, la Asamblea aprobó varios créditos por miles de millones de dólares que había bloqueado durante años.
Para el Ejecutivo, esto confirma que hubo «boicot y sabotaje» deliberado.
«Se está allanando el camino para el próximo gobierno», señaló Arce con ironía, aunque expresó dudas sobre el cumplimiento de las promesas del nuevo gobierno de Rodrigo Paz.
«Dudo que el día de mañana cumplan las promesas que le hicieron al pueblo boliviano», sentenció.
El tiempo demostrará si tenía razón. Lo que ya está demostrado es que el bloqueo de créditos perjudicó directamente a la población boliviana, no solo al gobierno.
Cinco años sin muertos
En medio de 7.000 conflictos, un intento de golpe de Estado, 36 días de paro cívico en Santa Cruz, semanas de bloqueos evistas, sabotaje parlamentario y presiones económicas, el gobierno de Luis Arce no produjo ni una muerte por represión estatal.
Este dato, que podría parecer anecdótico, es en realidad el núcleo de su legado democrático.
Gobiernos de izquierda y derecha en América Latina han justificado la represión violenta argumentando «defensa del orden público», «protección de la propiedad privada» o «garantía de abastecimiento».
En Chile, durante las protestas de 2019, murieron más de 30 personas y cientos perdieron la vista por perdigones disparados por carabineros. En Colombia, las protestas de 2021 dejaron decenas de muertos. En Perú, tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, la represión policial y militar causó más de 60 fallecidos.
Arce enfrentó presiones similares o peores. Los bloqueos paralizaban ciudades, afectaban el abastecimiento de alimentos y combustibles, generaban pérdidas económicas millonarias.
Los cívicos cruceños exigían su renuncia. El evismo lo acusaba de traición. La derecha lo señalaba como responsable de la crisis económica. Tenía todas las excusas que otros gobiernos han usado para reprimir, pero no lo hizo.
Preservar la democracia, según entendió Arce, no significa solo respetar el calendario electoral. Significa también respetar el derecho a la protesta, tolerar la crítica, soportar el bloqueo y resistir sin disparar.
La defensa de la democracia como mandato cumplido
«Hemos preservado la democracia por sobre todas las cosas, pese a todo y a todos. Hemos sido el gobierno más asediado desde que hemos entrado al gobierno: bloqueos, paros, marchas, golpes de Estado. Todo hemos aguantado, hermanos. Todo por cumplir el compromiso con el pueblo de garantizar la democracia», afirmó Arce.
Esta no es solo una evaluación propia. La comunidad internacional reaccionó inmediatamente el 26 de junio de 2024, condenando el intento golpista. Organismos regionales respaldaron la institucionalidad democrática boliviana. Y aunque la crisis económica, las filas por combustible y las tensiones políticas marcaron su gestión, nadie puede negar que el mandato central —preservar la democracia— fue cumplido.
En un país con historia de golpes de Estado, dictaduras militares e interrupciones constitucionales, esta normalidad democrática no puede darse por garantizada. Es el resultado de decisiones políticas concretas: no reprimir, no huir, no renunciar, resistir dentro del marco constitucional.
El ministro de Defensa y la valentía del presidente
Edmundo Novillo, ministro de Defensa, destacó»la valentía y coraje» del presidente que enfrentó personalmente a los golpistas aquel 26 de junio.
La imagen de Arce esperando a Zúñiga en la puerta del Palacio de Gobierno quedará como símbolo de su gestión: un presidente civil enfrentando militares armados, sin escoltas, confiando en que el pueblo y las instituciones democráticas lo respaldaran.
Y lo hicieron. Miles de bolivianos salieron a las calles y se concentraron en la plaza Murillo hasta acabar con la asonada golpista. Esa movilización popular, sumada a la decisión presidencial de no esconderse ni negociar con los golpistas, desactivó el intento en horas.
Las inundaciones y la emergencia permanente
Además de los conflictos políticos, el gobierno de Arce enfrentó situaciones de emergencia climática sin precedentes.
Las inundaciones de 2024 y 2025 afectaron regiones del país como no había ocurrido en 40 años.
La sequía amazónica de 2024 fue la peor en medio siglo. Los incendios forestales redujeron a cenizas 12 millones de hectáreas.
Cada crisis ambiental se sumaba a la presión política y económica. Cada emergencia exigía recursos que el bloqueo parlamentario impedía obtener. Y cada desastre natural ofrecía nuevas excusas para que la oposición exigiera la renuncia del presidente.
Arce resistió también esto. Declaró emergencias, movilizó recursos limitados, gestionó ayuda internacional. No fue perfecto. No resolvió todos los problemas. Pero tampoco huyó ni renunció cuando las cosas se complicaron.
El legado de no matar
Cuando los historiadores evalúen la gestión de Luis Arce, encontrarán luces y sombras. Verán una economía presionada por factores externos e internos.
Verán conflictos políticos irresueltos. Verán la división del MAS como herida abierta.
El próximo 8 de noviembre, cuando Rodrigo Paz reciba la banda presidencial de manos de Luis Arce, Bolivia habrá consolidado algo que parecía imposible hace cinco años: una transición democrática pacífica después de la ruptura constitucional de 2019.
Ese será el verdadero legado de Arce. No solo que entregó el poder, sino que lo hizo sin haber matado a nadie para conservarlo.
Mac/Afbs
Fuente: ABI