La Delegación Defensorial de Cochabamba informó que al menos 50 reclusos son sometidos a un proceso de revisión de sus detenciones preventivas, en cumplimiento del instructivo 019/2025 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La delegada defensorial, Maryoli Álvarez, confirmó que el trabajo se realiza de manera coordinada con la Defensa Pública y el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), con el fin de identificar casos que hayan excedido los plazos legales de esta medida cautelar.
Fuente: Los Tiempos
Álvarez detalló que la cifra inicial de 50 corresponde a solicitudes canalizadas por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, aunque el número puede ser mayor porque otras personas acceden a abogados particulares. “No hay un plazo de cierre para este proceso. Cada juez deberá analizar caso por caso y resolver si corresponde levantar o sustituir la detención preventiva”, señaló. La Defensoría espera un informe consolidado del TDJ sobre cuántos reclusos se acogieron finalmente a este beneficio.
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Sobre la situación carcelaria en Cochabamba, señaló que atraviesa una crisis profunda; los recintos penitenciarios están por cumplir seis meses sin recibir los prediarios, monto económico destinado a la alimentación de las personas privadas de libertad. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana a nivel nacional, advirtiendo del riesgo humanitario y del impacto en derechos fundamentales, especialmente en recintos como San Sebastián Mujeres, donde permanecen niños menores de seis años junto a sus madres.
“La empresa concesionaria que ingresa los alimentos al penal del Abra ya no continuará prestando el servicio; esto agrava la emergencia”, afirmó Álvarez. Explicó que la Gobernación atribuye el incumplimiento al Ministerio de Economía, que no habría realizado los desembolsos necesarios para cubrir este gasto. En los próximos días, la Defensoría, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, iniciará nuevas gestiones ante instancias nacionales para exigir una solución inmediata.
Alertó sobre la precariedad en servicios básicos. En la cárcel de El Abra, la población reclusa debe pagar cisternas de agua, mientras el municipio de Sacaba busca alternativas para conectar el sistema de Misicuni, debido a la falta de recursos del Gobierno Departamental. Los internos han financiado trabajos de conexión a la espera de que la red externa se concrete.
Fuente: Los Tiempos