Un diputado electo anuncia que pedirá una auditoría del caso y un exdefensor del pueblo de Santa Cruz señala que urge la reforma judicial.

eju.tv / Fuente: Visión 360
La decisión de un juez de liberar a Sebastián D.V.D., quien fue extraditado de España, por estar sindicado por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente y corrupción agravada, desató las críticas en contra de la administración de justicia. Un diputado electo anuncia que pedirá una auditoría del caso y un exdefensor del pueblo de Santa Cruz señala que urge la reforma judicial.
«(El juez) manda y ordena al director del establecimiento penitenciario del Centro de Rehabilitación de Santa Cruz (Palmasola) que ponga en inmediata libertad, siempre que no esté detenido por otra causa al señor Sebastián D.V.D.», se lee en el mandamiento de libertad, emitido por el juez Hebert Zeballos.
El hecho investigado, data de 2023, cuando la víctima reveló que estudiantes con máscaras de un colegio privado de Santa Cruz fueron los responsables de la vejación que sufrió. Indicó que no los denunció porque recibió amenazas.
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En agosto de ese año se emitió la orden de aprehensión, pero no fue ejecutada porque el sindicado salió del país. En abril, Sebastián D.V.D. arribó a Bolivia extraditado de España. Después de su llegada, fue enviado a la cárcel con detención preventiva. El 1 de noviembre, el juez Zeballos emitió el mandamiento de libertad.
Resolución, «no gratis»
Diputado electo Rolando Pacheco lamentó que se libere al sindicado y sostuvo que está seguro que la resolución del juez «tiene un precio», algo sobre lo que el tribuno aludido aún no se pronunció.
El legislador electo anunció que elevará una petición de informe y adelantó, anunció, que pedirá de forma oficial una auditoría al caso ante el Consejo de la Magistratura, dado que a su modo de ver “la justicia se está parcializando y no es gratis”.
«Costó dinero al pueblo boliviano traerlo y de la noche a la mañana, ni meses, lo sueltan. Esa es lamentablemente la forma en la que actúan algunos jueces, algunos malos operadores de justicia. Este caso es de conocimiento público. Como bolivianos y en mi calidad de diputado pedimos que sea mano dura. Voy a pedir una petición de informe específicamente de este caso», expresó, en contacto con la prensa, en Santa Cruz.
«Mala nota» y «urge la reforma»
Sobre el caso, el exdefensor de pueblo de Santa Cruz, Hernán Cabrera, sostuvo que la justicia dejó de ser un derecho humano. «Urgente reformas en el sistema judicial sin anestesia», expresó. En tanto, Nadia Beller, activista y abogada, aseguró que el caso representa una «mala nota para la justicia boliviana».
Arlety Tordoya, activista de Mujeres Creando, manifestó que a ellas les preocupa la impunidad con la que actúan los jueces. «Ellos tienen que hacer una tutela efectiva de los derechos de niños y niñas y no lo están haciendo», lamentó, antes de exigirle a Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, «que haga su trabajo».