Para escuchar el fallo del Juez Agro Ambiental, los vivientes de las comunidades afectadas (Ipias, Ramada, Entre Rios,, Buena Vista y San Juan de Chiquitos), se trasladaron con loros, perros, ollas y enseres personales, porque consideraban que era un día histórico
Por Limber Cambara
Fuente: eldeber.com.bo
El Juzgado Agroambiental de Roboré emitió este jueves una sentencia histórica, que obliga a la destrucción inmediata de infraestructuras ilegales que desviaron el cauce del río San Lorenzo durante más de una década, dejando sin acceso al agua a cinco comunidades indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este. La decisión, que incluye indemnizaciones y el reconocimiento de los afectados como defensores ambientales, marca un precedente en la justicia ambiental del país.
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La resolución, dictada por el juez Álvaro Flores, responde a una demanda presentada en 2021 por Wilson Perrogón, cacique de la comunidad Buena Vista, tras el secado total del río el 3 de noviembre de 2020. Aquel día, un grupo de cerca de 100 indígenas ingresó a la hacienda San Lorenzo para investigar la desaparición del afluente, que tradicionalmente abastecía a las comunidades Ipias, Buena Vista, La Ramada, San Juan y Entre Ríos. Allí descubrieron represas, sistemas de captación para uso ganadero y terraplenes que bloqueaban el flujo natural del agua, afectando a más de 240 familias en una zona ya vulnerable por sequías y deforestación.
El cuerpo de la sentencia establece tres medidas clave para reparar el daño ambiental y social causado. En primer lugar, ordena la remoción en un plazo máximo de 10 días de todas las obras civiles no autorizadas, como muros, represas y terraplenes, con el fin de restituir el cauce original del río y garantizar su flujo libre hacia las comunidades y los ecosistemas conectados, incluyendo las nacientes del río Tucabaca, un tributario clave del Pantanal boliviano. En segundo lugar, instruye la elaboración de un informe pericial para cuantificar los daños acumulados por la afectación al derecho humano al agua, lo que derivará en indemnizaciones justas a las familias impactadas, quienes durante años tuvieron que adquirir agua para consumo y producción agrícola. Finalmente, declara a los miembros de la TCO Turubó Este como «Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales», otorgándoles protección legal contra posibles represalias y reconociendo su rol en la defensa del territorio.
El conflicto se remonta a inspecciones ambientales de 2020 que confirmaron la existencia de estas estructuras ilegales en propiedades ganaderas privadas, sin que se aplicaran sanciones iniciales pese a las recomendaciones de la autoridad departamental. Tras años de peritajes, audiencias y obstáculos procesales –incluyendo un cuarto intermedio declarado en octubre de 2025–, la demanda avanzó hasta esta resolución, celebrada como un hito por organizaciones ambientales como la Red Ambiental de la Iniciativa Amazónica (RAI) y ANA Bolivia. «Esta sentencia no solo devuelve el agua a nuestras comunidades, sino que fortalece la lucha contra la impunidad en temas ambientales», afirmó Perrogón en declaraciones previas a la lectura del fallo.
En las comunidades de la Chiquitania, la noticia ha generado un profundo alivio y esperanza. Para los indígenas guaraníes y chiquitanos de la TCO Turubó Este, el retorno del río San Lorenzo representa más que una victoria judicial: es la recuperación de una fuente vital que sostiene su cosmovisión, agricultura y biodiversidad en un contexto de cambio climático. Mientras se monitorea el cumplimiento de la sentencia, expertos advierten que este caso podría sentar precedentes para otros litigios ambientales en Bolivia, impulsando una mayor responsabilidad en el uso de recursos hídricos. Autoridades locales y nacionales han sido notificadas para supervisar la ejecución, asegurando que el «río que respira bajo el cemento» vuelva a fluir libremente.