Walter Guevara Anaya
La mayor parte de la gente piensa que los fiscales y jueces en ejercicio están a la venta del mejor postor, ya sea que los compre una persona particular o los presione un personero del gobierno.
Por supuesto que existen excepciones honrosas. Son los pocos jueces y fiscales que han debido arriesgar sus cargos al evadir las presiones y las ofertas del anterior gobierno.
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Al actual gobierno le conviene ser sumamente cuidadoso en el manejo de la justicia, particularmente si se la aplica a personeros del gobierno anterior. Sin duda que si así lo desea, el actual gobierno puede encontrar muchos fiscales y jueces absolutamente predispuestos a seguir sus indicaciones.
Sería un grave error que el actual gobierno se apoye en una justicia corrupta para perseguir a los pillos y abusadores del anterior régimen. Hacer eso les quitaría legitimidad a esos procesos. Daría la impresión de que el actual gobierno estaría usando la justicia para perseguir a sus enemigos políticos, exactamente tal como lo hizo el populismo autocrático durante dos décadas.
Sin duda hay autoridades salientes que deben rendir cuentas ante la justicia. La decisión de encaminar procesos de inmediato o postergarlos hasta reformar la justicia no es nada fácil. Se trata de un verdadero dilema que pone a prueba la sabiduría del nuevo gobierno.
El Presidente Rodrigo Paz ha dicho que convocará a una gran reunión nacional para planificar la reforma de la justicia. Eso es lo correcto y lo prioritario en esta materia. La urgencia de atender el desastre económico requiere su atención prioritaria.
El actual gobierno debe mirar hacia adelante. No le toca perder un tiempo valioso persiguiendo a los sospechosos de haber cometido delitos en el pasado.
Por supuesto que los perdedores de las elecciones dirán que, si sigue este camino, es porque el gobierno actual tiene un trato bajo la mesa con Evo Morales y sus seguidores. Esa sería la continuidad de la mentira que le costó la elección al rival de Rodrigo Paz en la segunda vuelta.
No cabe la menor duda de que si el actual gobierno toma el camino de reformar la justicia antes de aplicarla, los malos perdedores se rasgarán las vestiduras de todas maneras. Dirán que este gobierno está haciendo lo mismo que el anterior.
Tampoco se puede ignorar que un suspenso judicial dejaría vía libre a nuevos pillos y abusivos, los que saltarían al delito apenas se den cuenta de que no se los procesaría hasta que se cuente con una justicia honesta, capaz y confiable.
Por supuesto que no se puede paralizar todo el sistema judicial hasta que sea debidamente reformado. Lo que sí se puede hacer es no encomendarle el inmediato procesamiento de los personeros del gobierno saliente sospechosos de haber cometido delitos.
El caso de Evo Morales es muy ilustrativo de este duro dilema.
No parece justo ni conveniente dejar en suspenso todas las acciones judiciales contra Evo Morales hasta que se haya reformado el sistema de justicia de punta a canto. Tampoco parece justo ni conveniente dejar que Evo se defienda ante jueces nombrados por el gobierno anterior, muchos de los cuales pueden querer quedar bien con el actual gobierno para no perder sus cargos.
En el caso de faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, toca que el expresidente Evo Morales sea procesado por el Tribunal Supremo de Justicia mediante un juicio de responsabilidades. Así lo dictamina el mandato detallado en el Inciso 4° del artículo 184 de la Constitución Política del Estado:
“Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento.”
En el caso de delitos comunes cometidos fuera de sus funciones presidenciales, toca que Evo Morales sea juzgado por la justicia ordinaria. No se puede dejar la impresión de que los procesos ordinarios contra Evo Morales estén siendo conducidos por una justicia que se ofrecería muy obsecuente al gobierno actual, exactamente como se ofreció y dependió del gobierno anterior.
Tal vez una posible salida a este difícil dilema sea la constitución de una Comisión Especial de Verdad y Justicia, tal como la que Nelson Mandela organizó en África del Sud para lidiar con los personeros del gobierno racista y asesino que perdió las elecciones en ese país.
Las investigaciones de esta comisión quedarían registradas en un informe final, en el que todos los hechos estarían respaldados con la mejor evidencia disponible. Los acusados tendrían la oportunidad de defenderse ante esta comisión. Sus alegatos y sus pruebas, así como los testimonios de testigos de todas las partes, se registrarían en el informe final.
Lo que no haría esta comisión sería juzgar y sentenciar a ningún presunto culpable. Dejaría esa labor a los fiscales y jueces nombrados con base en méritos por un sistema de justicia reformado.
La mejor señal que dejaría esta Comisión al país sería el mensaje de que es urgente y necesario encarar un proceso de reconciliación nacional, evitando la apariencia o la realidad de procesos motivados por deseos de venganza o de autopromoción de las autoridades del nuevo gobierno.