El Gobierno informó que la Ley de Diferimiento fue objetada por el sistema financiero debido a un mal procedimiento en su aprobación. La exsenadora Virginia Velasco, de la Comisión de Planificación, evitó aclarar el trámite que siguió la norma
Fuente: eldeber.com.bo
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Los micro y pequeños empresarios, transportistas y gremiales convocaron a un ampliado de emergencia en defensa de la Ley de Diferimiento de Créditos que quedó paralizada tras la impugnación presentada por la banca ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los dirigentes anunciaron la reunión para este sábado y lanzaron un ultimátum hasta mañana para conocer el pronunciamiento del TCP.
La Ley de Diferimiento de Créditos fue promulgada el 5 de noviembre por el entonces presidente Luis Arce; sin embargo, el sistema financiero objetó el procedimiento de su aprobación en la Asamblea Legislativa. La exsenadora de la comisión de Planificación Virginia Velasco rehusó aclarar el tema que desató el conflicto.
“Para el sábado vamos a convocar a un ampliado de emergencia, no solo de los micro y pequeños empresarios, ya tuvimos reuniones previas con la COB (Central Obrera Boliviana), con otras organizaciones como panificadores, choferes, gremialistas y cuentapropistas, vamos a sacar una resolución, de todos en uno, vamos a esperar el pronunciamiento de TCP hasta este viernes”, manifestó la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Riveros.
No obstante, la representante del sector enfatizó que se tiene una “desconfianza total” hacia el TCP, por estar compuesto por magistrados prorrogados. “Estamos casi seguros de que los prorrogados podrían dar viabilidad a este amparo que ha presentado la banca, porque lamentablemente se están parcializando con algunos sectores del Gobierno, con los intereses financieros y no con el pueblo”, sostuvo.
Riveros afirmó que la Ley de Diferimiento beneficia solo al 3% de todos los prestatarios e indicó que al ser un porcentaje mínimo no representaría una situación de incertidumbre sobre la banca.
Por su parte el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limberth Tancara, señaló que su sector está “muy preocupado” por la paralización de la Ley de Diferimiento. Explicó que la medida del gobierno, que se encontraba en proceso de implementación, es crucial porque “más del 80% del sector del autotransporte trabaja con créditos bancarios”.
“Como sector estamos muy preocupados hemos visto que el ministro de Economía y Finanzas indica que la Ley del Diferimiento va a quedar temporalmente congelada por la situación de que la Asoban y las empresas bancarias han presentado un recursos ante el Tribunal Constitucional, lo cual para nosotros es preocupante. Por eso que nosotros en coordinación con los otros sectores sociales de deudores vamos a hacer una movilización la siguiente semana”, expresó Tancara.
Asimismo, el representante de los prestatarios, Maycol Chura, subrayó que la Ley de Diferimiento constituye un alivio “vital” para reactivar los negocios y cumplir con los pagos bancarios, especialmente en la temporada navideña. A su consideración, la norma cumplió todos los pasos para entrar en vigencia.
“El gobierno anterior ya ha pasado por todas las instancias reglamentarias a esta ley, ha sido promulgada por el expresidente, ha sido reglamentada, ha seguido por todos los pasos que tiene que seguir, y no hay ninguna observación. Estamos a la espera del pronunciamiento del TCP en caso que de que nos dé la espalda vamos a movilizarnos a nivel nacional: choferes, gremiales, cuentapropistas, mypes”, señaló.
Asimismo, Chura indicó que en caso de que se determine la abrogación de la norma, el Gobierno actual debe presentar alternativas a los prestatarios para que enfrenten la crisis económica.
La polémica
Hace tres días el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza informó que la Ley de Diferimiento de Créditos fue impugnada por el sistema financiero ante el TCP debido a irregularidades en su aprobación legislativa.
Según explicó la autoridad, la norma, aprobada inicialmente en Diputados y modificada en el Senado, no regresó a la Cámara baja para su revisión, antes de ser remitida a la Asamblea Legislativa para su promulgación, como establece el procedimiento legal. Esta observación derivó en una medida cautelar que mantiene la ley en pausa.
EL DEBER intentó conocer la versión de los legisladores de la Comisión de Planificación del Senado, donde habría ocurrido el mal procedimiento; sin embargo, la exsenadora del MAS Virginia Velasco se negó a aclarar el tema argumentando que ya no era asambleísta.
“Que se pronuncien las nuevas autoridades, ellos tienen que revisar de forma y de fondo”, fue su respuesta y rehuso explicar el procedimiento que le dieron a la ley a pesar de que insistentemente se le indicó que fue la Comisión a la que pertenecía que trató el proyecto de ley. “Que respondan ellos, que estudien la norma, que lo revisen ellos”, reiteró.
Cuando la norma fue aprobada en la Asamblea Legislativa, el 31 de octubre, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y Finrural manifestaron su profunda preocupación, asegurando que la medida afectaba el flujo del sistema financiero y reduciría la liquidez de las entidades.
Señalaron que el diferimiento de créditos establecido en esa norma limitaría su capacidad de otorgar créditos a familias, emprendedores y empresas, y tendría un impacto directo en la economía del país.
También advirtieron que el diferimiento automático, sin análisis de los prestatarios ni mecanismos compensatorios, podría debilitar la estabilidad financiera y generar desconfianza en el público.
Hasta el momento, ninguno de los magistrados del TCP se pronunció sobre el tema.