Roberto Rosso A.
Han trascurrido ya varios días que con bombos y platillos se posesionó un nuevo gobierno boliviano de apertura democrática, en busca de mejoras económicas y con los buenos deseos de que todos los actos de los bolivianos estén enmarcados dentro la Constitución Política del Estado y las leyes que norma la vida republicana, algo que grupos antagónicos al gobierno del Pdte. Paz Pereira no quiere comprender y menos cumplir y se prepara para convulsionar el país, basado posiblemente en financiamientos ilícitos.
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Hoy en día la capacidad de la delincuencia Transnacional y las del Crimen Organizado superan en medios, tecnología, ámbito de actuación, personas involucradas y capacidad de acción siendo similar a cualquier grupo terrorista ahora conocido, los mismos que están en condiciones de derrocar o colocar gobiernos y jefes de gobierno a su antojo.
Para lo cual importante efectivizar un diseño de políticas y planes de seguridad contra la delincuencia en Bolivia con base en la información y a la Inteligencia Estratégica disponible donde juegan su papel trascendental los fiscales por ser esenciales para combatir el crimen organizado, tomar decisiones claves sobre el enjuiciamiento, la selección de objetivos y estructurar estrategias de imputación. A pesar de su importancia, la configuración de estas estrategias sigue siendo empíricamente poco explorada.
Este breve artículo aborda esta premisa, de centrarse específicamente en el papel de los fiscales, con el objetivo de descubrir cómo sus decisiones discrecionales pueden dar lugar en el futuro mediato a la Organización Internacional contra la Impunidad en Bolivia, su mandato en prácticas operativas destinadas a lograr la disuasión sistémica, y en qué medida, podemos hablar de efectividad de la disuasión. ¿Y qué se va a conseguir con una organización de este tipo? Sencillamente, revelar las estructuras de poder incrustadas en el Estado, que abarcaban presidentes y ministros, militares, policías, tribunales, Congreso, partidos políticos y grupos del crimen organizado
Los fiscales dentro de los sistemas judiciales desempeñan un papel crucial en la disuasión de las redes ilícitas. En los últimos años, las organizaciones criminales nacionales y transnacionales se han vuelto más poderosas que nunca, infiltrándose en los gobiernos, diversificando los negocios ilícitos, expandiendo sus territorios, asegurando apoyo político y reclutando actores multisectoriales en varias regiones del mundo. Bajo esta creciente complejidad, las decisiones de los fiscales sobre si procesar, a quién cargar dentro de un grupo de individuos, qué cargos presentar y la estrategia general para presentar el caso ante un juez, se han vuelto primordiales y, por lo tanto, requieren un alto grado de inteligencia y estrategias de disuasión innovadoras. Todo esto debe ir acompañado de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público de Bolivia.
Las teorías del crimen organizado han examinado ampliamente la capacidad de las fuerzas del orden para desbaratar grandes redes criminales, como cárteles u organizaciones terroristas, a través del análisis de actores y actividades. Sin embargo, una comprensión simplista de estas redes a menudo conduce a estrategias contraproducentes, como la criminalización excesiva de grupos enteros, el recurso a intervenciones policiales o militares de mano dura y la implementación de políticas de encarcelamiento masivo, estrategias que podrían producir resultados insostenibles y cuya efectividad es cuestionable. Este debate es significativo porque da forma a las tendencias contemporáneas en el diseño de castigos e intervenciones legales, destacando la necesidad de investigación empírica sobre cómo se toman las decisiones de enjuiciamiento para apuntar estratégicamente a individuos, regiones locales y organizaciones, con el objetivo de desmantelar redes y disuadir.
Causas de un Estado débil
Lo demuestra claramente el probable desarrollo de organizaciones criminales, organizaciones delictivas que se vinculan a la economía ilícita como el contrabando, minería ilegal, narcotráfico, trata, etc. Donde tiene un espacio favorable para desarrollar sus acciones utilizando medios como la violencia o la corrupción de funcionarios públicos locales, incluso de autoridades políticas.
Los resultados no se dejan esperar, ya que la organización criminal adquiere cuotas de poder considerables, se convierte en parte de la población local, controla el territorio y se vuelve un actor con legitimidad para disputar al Estado territorios donde debería imponerse la Ley. Esta situación ocasiona daño a la sociedad, las instituciones y la democracia, debido a que el Crimen Organizado (CO) tiene que conseguir que el aparato estatal y la sociedad trabajen en beneficio de sus propios intereses utilizando los medios necesarios para mantener los negocios ilícitos. Lo vemos claramente en Colombia, México y en nuestro país, donde existen en determinadas regiones un vacío de poder, que nos dejaron gobierno sin autoridad, incluso en los gobiernos locales y la policía, que en algunos casos ya comprobados trabajan para los carteles de poder real.
Basado en un ejemplo de características importantes como es el caso guatemalteco, específicamente referido, la estrategia de enjuiciamiento conjunto implementada ejemplifica un modelo de disuasión basado en grupos. Su enfoque tiene como objetivo no solo aumentar la amenaza percibida de castigo para las personas dentro de las redes criminales, sino también interrumpir la estructura organizativa de estas redes. A diferencia de las estrategias de disuasión tradicionales que enfatizan los programas de prevención y vigilancia lo que se buscó ahora es incapacitar a los actores clave a través de imputaciones e intervenciones legales coordinadas y de múltiples casos, un enfoque que sigue siendo poco teorizado en la literatura legal y criminológica convencional, en otras palabras, el actual gobierno debe tener mayor efectividad judicial en el menor tiempo.
Efectividad y eficiencia de los fiscales en el sentido de la teoría de la disuasión ofrece una visión limitada de cómo las acciones de la fiscalía influyen en el comportamiento colectivo o desbaratan las redes criminales interconectadas. En primer lugar, está diseñado principalmente para explicar el comportamiento de los delincuentes individuales que actúan solos. En segundo lugar, mientras que la teoría de la disuasión se centra en la prevención del delito, los fiscales operan en una etapa posterior del proceso judicial, con el objetivo de interrumpir la actividad delictiva en curso. En tercer lugar, la investigación criminológica y económica ha enfatizado tradicionalmente la relación entre las tasas de criminalidad y la amenaza de castigo por parte del sistema judicial, sin prestar suficiente atención a cómo la dinámica de grupo, las estructuras de codelincuencia y la resiliencia organizacional sostienen las actividades ilícitas a lo largo del tiempo.
Para abordar esta brecha, proponemos un marco basado en redes para comprender la disuasión sistémica o grupal. Este enfoque permite el análisis de las decisiones de la fiscalía como intervenciones estratégicamente coordinadas en múltiples casos y actores. En lugar de ver el enjuiciamiento únicamente como un mecanismo legal para la rendición de cuentas individual, lo conceptualizamos como una herramienta sistémica para debilitar los lazos relacionales de las redes criminales, con el objetivo final de influir en su dinámica, cohesión y capacidad de reorganización.
Finalmente, si bien este marco reconoce que dirigirse a actores centrales o influyentes puede mejorar los efectos disuasorios, este artículo no evalúa la centralidad de los nodos ni asigna pesos a actores individuales. Aunque las decisiones de la fiscalía a menudo reflejan consideraciones de visibilidad de los actores e influencia política, la exclusión de las métricas de centralidad formal es una elección metodológica deliberada. En lugar de evaluar si las redes criminales fueron desmanteladas de manera efectiva, nuestro objetivo central será comprender como poner en práctica por mandato presidencial una institución internacional contra la impunidad en Bolivia que esté en condiciones de combatir la corrupción y desbaratar las redes ilícitas como una estrategia de disuasión fiscal.
Desde esta perspectiva, la actividad delictiva en Bolivia debe ser situada dentro de un universo más amplio de interacciones en red que también abarca coaliciones políticas, empresas conjuntas, asociaciones comerciales, alianzas políticas y círculos sociales de élite. En tales entornos, la corrupción, entendida como un crimen de los poderosos, facilitado a través de roles ocupacionales para obtener ganancias económicas o políticas con frecuencia actúa como un catalizador, permitiendo formas superpuestas de conducta delictiva y reforzando los lazos estructurales entre los actores del sector público y privado.
Lo que aprendimos: cinco hallazgos clave para fiscales y defensores: 1. Las redes criminales no son solo criminales (No operan de forma aislada. Construyen redes que incluyen funcionarios públicos, intermediarios privados, financieros y facilitadores) 2. Apuntar a los actores centrales funciona (Algunos individuos actúan como nodos clave o intermediarios, conectando distintas partes de la red y facilitando flujos ilegales de dinero, información y protección) 3. La severidad debe ser estratégica, no excesiva (Cargos con penas más severas no siempre implican mayor impacto. Lo que importa es si la gravedad de los delitos imputados realmente amenaza las estructuras de poder de las redes criminales. 4. Combinar delitos puede revelar el panorama completo (Muchos infractores operan en múltiples tipos de delito: fraude, soborno, lavado de dinero, narcotráfico e incluso delitos electorales. 5. Imputar conjuntamente a coacusados revela la red (Hallazgo clave del estudio es el valor de lo que llamamos imputaciones triangulares: cuando los fiscales acusan conjuntamente a grupos de actores conectados implicados en un mismo delito.
La conclusión es clara: los fiscales en América Latina y de manera particular en Bolivia deben ir más allá del pensamiento caso por caso. El artículo propone un modelo más sistémico y basado en inteligencia, que utilice datos, mapeo de redes y teorías de disuasión para comprender y desarticular los ecosistemas del crimen organizado. Lo presentado no está dirigido únicamente a académicos o juristas. Esperamos que sirva también a organizaciones civiles, periodistas de investigación y defensores anticorrupción para formular preguntas más agudas ahora que todo está listo para la Cumbre de Justicia en la ciudad de Sucre, con miras en la reforma y el presupuesto.