Testimonios y un celular desaparecido redefinen el rol del gobierno en la asonada militar


Declaraciones de testigos y omisiones cruciales en la investigación generan dudas sobre las acciones del saliente gobierno, contradiciendo el relato oficial sobre los hechos ocurridos..

El exgeneral Juan José Zúñiga durante una toma militar en la Plaza Murillo, en La Paz / EFE Archivo

Fuente: https://lapatria.bo



A una semana del informe del Senado que calificó los hechos como “insubordinación militar”, las declaraciones de militares implican a altos funcionarios del gobierno saliente de Luis Arce y generan dudas sobre el supuesto “autogolpe”.

A pesar de la reciente aprobación por unanimidad del informe final del Senado sobre los sucesos del 26 de junio de 2024, las declaraciones de militares y testigos directos han reavivado la controversia sobre la naturaleza de la asonada que estremeció al país.

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Informe del Senado

El informe del Senado, aprobado el 27 de octubre, concluyó que no se trató de un golpe de Estado ni de un autogolpe, sino de una “insubordinación militar” liderada por el entonces comandante del Ejército, el general Juan José Zúñiga Macías, junto a un grupo de oficiales de inteligencia conocidos como “Los Pachajchos”.

Sin embargo, los testimonios recopilados por la Comisión Especial del Senado y las declaraciones públicas de los implicados han introducido nuevas dudas sobre la actuación del gobierno saliente de Luis Arce. Varios exoficiales señalan que el gobierno pudo haber participado o al menos haber tenido conocimiento previo del operativo.

Pruebas omitidas en la investigación

Según información publicada por El Deber, la controversia se centra en las pruebas que fueron omitidas en la investigación fiscal original. La Comisión Especial del Senado destaca una omisión crucial: “El teléfono de Zúñiga, que contenía información sensible sobre comunicaciones y órdenes, no fue incorporado como evidencia.”

El sargento Alan Condori, conductor del vehículo blindado que impactó la puerta del Palacio Quemado, declaró que actuó siguiendo órdenes. Confirmó que el dispositivo del general Zúñiga no fue presentado en la audiencia de apertura de celulares, a pesar de haber sido utilizado durante la toma de la plaza.

Testimonios contradictorios

Varios testimonios de militares recogidos por el Senado, que ahora son centro del debate público, contradicen la versión oficial de un “golpe fallido”. Estos testimonios insinúan que hubo una operación conocida o permitida por autoridades civiles.

Por otro lado, el suboficial Demetrio Mamani, quien fue obligado a conducir el vehículo donde se encontraba Zúñiga, declaró haber visto al entonces Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, golpear el blindado. También mencionó que el Comandante de la Policía, Álvaro Álvarez Griffiths, subió al vehículo y habló al oído con Zúñiga. El capitán Miguel Ángel Burgos Daza también aseguró haber sido testigo de un intercambio entre Zúñiga y Del Castillo.

Presencia de periodistas y funcionarios

El coronel Juan Carlos Delgadillo Guzmán, comandante del regimiento Ayacucho, afirmó que antes de la irrupción notó la presencia de periodistas, funcionarios con banderas y policías de la UTOP “sin intervenir”. Escuchó gritos de “Lucho no está solo”, lo que refuerza la hipótesis de que la movilización fue conocida.

La publicación del informe, que se da en vísperas de la transmisión de mando presidencial del 8 de noviembre, ha provocado que los propios implicados reaparezcan ante la prensa para acusar al Ejecutivo de haber armado la trama.

Declaraciones desde la cárcel

El general Zúñiga, desde la cárcel, afirmó que la operación fue una puesta en escena para “justificar detenciones de opositores y lanzar la campaña `Lucho Presidente`”, justo un año antes de las elecciones.

El mayor Miguel Iriarte, otro de los “Pachajchos” (miembros del círculo de inteligencia de Zúñiga), reforzó esa versión: “El Gobierno tenía todo planificado; nosotros solo cumplimos órdenes.”

Recomendaciones del informe

El informe del Senado, aprobado con votos de distintas bancadas, recomienda ampliar la investigación a autoridades del Ejecutivo. Además, cuestiona la omisión del Ministerio Público al no revisar pruebas fundamentales.

El tratamiento desigual en la justicia también es observado, pues de los cinco “Pachajchos” identificados como el círculo de confianza de Zúñiga, solo él y Balanza continúan recluidos. Los demás fueron liberados tras acogerse a procesos abreviados.