Valda criticó lo que denominó un “proteccionismo fiscal” hacia las autoridades del gobierno anterior, el cual —según afirmó— impide que la Fiscalía impulse procesos penales a pesar de que existen hechos que consideran delitos graves.
Fuente: ANF
El abogado Jorge Valda, quien también fue víctima de tortura policial, denunció que en Bolivia persiste un sistema de permisibilidad institucional que permite que los casos de tortura se mantengan en total impunidad. Según afirmó, los abusos cometidos por autoridades policiales y ministeriales no solo no son sancionados, sino que son encubiertos sistemáticamente por los propios organismos encargados de investigar.
Valda señaló que la tortura no es un fenómeno aislado, sino un patrón sostenido que ha afectado a figuras políticas, activistas y ciudadanos comunes. Entre las víctimas mencionó a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, César Apaza, Raúl Uría y Tonchi Bascopé. Recordó además que él mismo, junto con el abogado Freddy Vidovic y otros miembros de su oficina, fue torturado en las instalaciones de la FELCC de La Paz en 2015.
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Otros casos con connotación mediática son el de Juan Bascopé Cari, Marco Antonio Aramayo y Juan Laura. En todos los gobiernos en los últimos 20 años, sin excepción —Evo Morales, Jeanine Áñez, Luis Arce—, la policía torturó y los fiscales y jueces encubrieron, de acuerdo a información del Instituto contra la Tortura (ITEI). Para Valda, la raíz del problema es la ausencia total de sanciones contra los responsables.
“Nunca ha habido un policía sancionado”, afirmó en contacto con ANF, cuestionando por qué la tortura continúa a pesar de que la ley establece penas de al menos seis años de cárcel. “¿Cuántas condenas de tortura contra policías torturadores tenemos en Bolivia? Ni una”, señaló, criticando que tampoco existan fallos disciplinarios ni sanciones administrativas.
El abogado advirtió que esta impunidad genera una “conciencia de naturalidad” dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Al no existir consecuencias, aseguró, los abusos se vuelven prácticas normalizadas: “Se vuelve natural golpear a los detenidos porque nadie dice nada”, añadió, lamentando que ni jueces ni fiscales establezcan límites efectivos.
Valda también relató su propia experiencia con el encubrimiento institucional. En 2020, él y Vidovic presentaron una denuncia de torturas contra los exministros de Gobierno Hugo Moldiz y Carlos Romero. Aunque se inició una investigación y ambos fueron citados a declarar junto a los policías involucrados, nadie fue imputado. Con la llegada del gobierno de Luis Arce, la causa —según denunció— fue “rechazada, archivada y escondida”. A su juicio, los casos de tortura “tienen que ser ocultados” para proteger a las autoridades.
El abogado fue más allá y responsabilizó directamente a exministros por permitir o dirigir operativos marcados por violencia y tortura. Mencionó particularmente a Eduardo del Castillo, a quien acusó de ordenar el traslado ilegal de efectivos policiales para la represión durante el paro de los 36 días en Santa Cruz, así como de enviar más de 2.000 policías a Potosí para la detención de Marco Antonio Pumari, situación que, dijo, derivó en violencia contra comunidades enteras.
Valda criticó lo que denominó un “proteccionismo fiscal” hacia las autoridades del gobierno anterior, el cual —según afirmó— impide que la Fiscalía impulse procesos penales a pesar de que existen hechos que consideran delitos graves. Esta falta de acción, indicó, consolida un sistema donde quienes ordenan o cometen actos de tortura quedan blindados institucionalmente.
El abogado concluyó que la única forma de frenar la repetición de estos crímenes es sancionar con firmeza a las autoridades responsables del pasado. Solo así —sostuvo— las actuales autoridades entenderán que lo que no está permitido debe castigarse “con la mayor de las firmezas” y que la tortura no puede seguir siendo un delito sin consecuencias en Bolivia.
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Fuente: ANF