Fuente: Visión 360
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El presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, Christian Arancibia, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Gobierno que se extremen las medidas para garantizar una justicia proba, independiente e imparcial, tras el asesinato de un juez en el trópico de Cochabamba el viernes pasado, presuntamente motivado por negarse a favorecer a una de las partes del caso.
«Este atentado no solo es contra la vida de nuestro colega, sino contra todo el Órgano Judicial y su institucionalidad», señaló Arancibia, en entrevista con la televisora estatal BTV.
Detalló que la investigación por el asesinato del juez Wilder Marcial Cruz está a cargo de la Fiscalía departamental de Cochabamba, aunque hasta el momento no se han dado mayores avances en la investigación.
Sin embargo, subrayó que el crimen envía un mensaje claro sobre los riesgos que enfrentan los jueces que cumplen con su deber.
«Lastimosamente, se habría cobrado la vida del colega (…). El equipo de fiscales ha decidido no dar todavía mayores avances respecto a la investigación; entendemos que es una buena medida para evitar que los posibles responsables de este fatal hecho se den a la fuga y, obviamente, que no se filtre la información», añadió.
Explicó que la víctima era un juez del Tribunal de Sentencia, encargado de casos complejos que incluyen causas por narcotráfico, corrupción y delitos contra la integridad física y sexual. Además, era responsable del cuidado de su hijo de 17 años y de su madre de la tercera edad.
Arancibia aseguró que los servidores judiciales se enfrentan diariamente a amenazas, agresiones e intimidaciones, y señaló que en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, con más de 10 juzgados en materia penal, solo cuentan con dos o tres funcionarios policiales, lo que no garantiza su seguridad durante las audiencias.
Enfatizó que la independencia judicial depende de que los jueces puedan actuar sin presiones externas ni internas, y recordó que el Órgano Judicial recibe solo el 0,5 % del presupuesto del Tesoro General del Estado, lo que es insuficiente para garantizar seguridad, personal, infraestructura y recursos materiales adecuados.
En este contexto, el magistrado anunció que, en el Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, programado para este viernes 14 de noviembre en Sucre, se abordará la seguridad de los jueces y otros desafíos estructurales que permitan una administración de justicia proba, independiente e imparcial.