El Órgano Judicial toma, por primera vez, la iniciativa de plantear reformas estructurales para resolver la crisis de la justicia y, por ello, convocó a los demás poderes del Estado a reunirse en la ciudad de Sucre y unirse para tomar acciones
Fuente: eldeber.com.bo
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El Órgano Judicial, constituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, esperó a la instalación de un nuevo Gobierno nacional para impulsar una reforma del sistema judicial en Bolivia. El primer paso de este proceso es un diálogo interinstitucional con la participación de los cuatro poderes del Estado, entes colegiados, el cuerpo diplomático, y sin la presencia de los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En un comunicado conjunto, las tres instancias del Órgano Judicial, anuncian la realización del Primer diálogo interinstitucional para la Reforma Judicial, encuentro programado para el viernes 14 de noviembre en la ciudad de Sucre, capital del país.
Esta reunión contará con cuatro mesas de trabajo: Reforma Normativa, Presupuesto del Órgano Judicial, Carrera Judicial en Bolivia, y Desarrollo Tecnológico y Modernización.
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, adelantó que esta iniciativa busca iniciar un proceso de ‘transformación de fondo’ en el sistema judicial, comprometido con el pueblo y orientado a garantizar la seguridad jurídica en Bolivia
“Este diálogo va a ser el inicio de una reforma judicial que el país necesita, y nosotros, como Órgano Judicial hemos querido tomar la iniciativa aprovechando también la predisposición del Ejecutivo y de las nuevas autoridades del Legislativo”, afirmó Saucedo.
La autoridad aseguró la presencia del presidente Rodrigo Paz, como líder del Ejecutivo, de los representantes del Legislativo y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. También busca la participación de las entidades y actores de la sociedad civil como colegios de profesionales juristas y universidades públicas y privadas, además del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia.
Y los únicos excluidos del encuentro son los cinco magistrados del TCP que, desde la elección judicial de 2017, continúan en sus cargos, entre ellos Gonzalo Hurtado, quien es el presidente del TCP. Además, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.
“A ellos no los hemos invitado”, dijo Saucedo y agregó que los únicos magistrados del TCP que recibieron invitación fueron los cuatro tribunos electos en diciembre de 2024.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, tras la entrega de credenciales, recomendó a los nuevos asambleístas que, de manera urgente, convoquen a las elecciones judiciales complementarias para elegir a los cinco magistrados del TCP y a dos del TSJ, y así terminar con la prórroga de los actuales tribunos.
Mientras los nuevos asambleístas apoyan el pedido, el asambleísta Carlos Alarcón, dijo que solo se debe aplicar la Ley 075 de cese de mandato de los magistrados ‘auto prorrogados’. La norma fue promulgada hace un año por el expresidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en ausencia del entonces presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.
Diferencias
La intención de solucionar de forma estructural la crisis judicial en Bolivia no es un tema reciente, y siempre toma especial relevancia al comienzo de un nuevo gobierno, momento en el cual las autoridades de turno se arremangan las camisas y se muestran más que dispuestas a coordinar soluciones con reformas profundas.
Pero esta vez, el escenario es distinto y se pueden identificar al menos dos diferencias: primero, que la convocatoria a este encuentro para analizar la crisis de la justicia nace del Órgano Judicial y no del Órgano Ejecutivo, como ocurrió en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, ambos del MAS.
Y la otra gran diferencia es que el Órgano de Justicia no convocó a las organizaciones sociales, que eran la base del MAS, como los campesinos, indígenas, interculturales y demás representaciones populares, para participar de esta cumbre interinstitucional.
Además, este encuentro programado para el 14, no se desarrollará bajo la norma 898 Ley de la Comisión de seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia (2016), mediante la cual la cartera de Justicia presidía dicha comisión.
Y es que todo ese escenario ha cambiado para el presidente del TSJ, quien señala que la intención de cambiar la justicia tenía intereses netamente políticos.
“Nosotros no le debemos nada a los políticos. Cuando dijimos que la Comisión 898 hacía daño porque el Ministerio de Justicia estaba por encima del Órgano Judicial, hicimos que se disuelva. Cuando un ministro intentó golpear al Órgano Judicial tomamos las acciones correspondientes e hicimos respetar”, subrayó.
Antes de esta convocatoria, el presidente Rodrigo Paz ya había anunciado instalar un “gran encuentro nacional de reforma a la justicia”, evento que debía realizarse en la primera quincena de noviembre.