El vocal Gustavo Ávila remarcó que el TSE se ratifica en lo dispuesto por la norma: las organizaciones políticas que no obtengan al menos el 3% de los votos válidos en elecciones nacionales perderán automáticamente su personería jurídica.
Fuente: Visión 360
Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que, tras el proceso electoral que concluyó el 19 de octubre con el balotaje presidencial, la Sala Plena inició la ejecución de la anulación de la personería jurídica de Unión Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), partidos políticos que no lograron alcanzar el 3% de la votación mínima exigida por la norma.
Sin embargo, tras recibir la notificación oficial, los representantes de UCS y ADN presentaron una acción de inconstitucionalidad concreta que, inicialmente, fue rechazada por el TSE y posteriormente enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su pronunciamiento sobre lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 026 del Régimen Electoral.
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A pesar de la presentación de esta acción y del pronunciamiento del TCP sobre la misma, Ávila remarcó que el TSE se ratifica en lo dispuesto por la norma: las organizaciones políticas que no obtengan al menos el 3% de los votos válidos en elecciones nacionales perderán automáticamente su personería jurídica y serán eliminadas del registro del Órgano Electoral, situación en la que se encuentran ambos partidos.
En la primera vuelta electoral del 17 de agosto, UCS participó en la alianza Fuerza del Pueblo, junto al Movimiento Originario Popular (MOP), con Jhonny Fernández como candidato, y solamente logró el 1,67% del respaldo de la ciudadanía, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Por su parte, ADN tuvo como aspirante a Pavel Aracena, siendo parte de la alianza Libertad y Progreso, conformada también por las agrupaciones Pando Somos Todos y Nacer. No obstante, la votación de este frente político alcanzó el 1,45% del total de votos válidos.
La pérdida o ratificación de la personería jurídica de UCS y ADN está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya decisión espera el Tribunal Supremo Electoral (TSE).