La posibilidad de una despolitización del sistema judicial boliviano es una expectativa impulsada por señales dadas por algunas autoridades del nuevo gobierno; sin embargo, tanto el abogado Jorge Quiroz como Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), advirtieron que el camino será largo y que las expectativas deben mantenerse con cautela.
Fuente: ANF
Ambos coincidieron en que el deterioro institucional es profundo y que ninguna transformación será inmediata.
Quiroz, crítico del uso de la justicia como herramienta de persecución política, consideró que hoy existe una oportunidad distinta. Señaló que, por primera vez en muchos años, algunos actores dentro del sistema reconocen la magnitud de la crisis.
“Al parecer, el Consejo de la Magistratura toma conciencia de lo que está ocurriendo dentro de la justicia”, afirmó a ANF, destacando que ese reconocimiento ya constituye un avance en un entorno marcado por la negación y la impunidad.
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El abogado aseveró que durante dos décadas la justicia funcionó -aún funciona- bajo una lógica en la que las decisiones tienen precio. Cuenta que incluso pensó en cerrar su oficina en más de una ocasión porque le resulta “imposible ingresar dentro de esos ámbitos de corrupción”. En ese contexto, cualquier cambio en los mecanismos de designación y evaluación de autoridades judiciales representa, según él, un giro significativo.
La introducción de criterios meritocráticos en la convocatoria pública para vocales es, para Quiroz, la señal más clara de ese posible cambio. La valoración de méritos alcanza 40 de los 100 puntos posibles, algo que califica como “bastante ponderable” y “aceptable”. Agregó que la docencia, la investigación, la escritura de libros o el ejercicio prolongado de la profesión independiente constituyen formas legítimas de adquirir conocimiento jurídico que deben ser reconocidas en los procesos de selección.
A ese criterio suma un contraste con el pasado reciente: antes, dijo, los postulantes debían contar con avales de organizaciones sociales —como juntas vecinales, federaciones campesinas o sectores cocaleros— lo que en la práctica sesgaba la administración de justicia.
“Un juez avalado por cocaleros, por ejemplo, no genera presos en procesos de la Ley 1008”, ejemplificó, para demostrar cómo la politización influye en las decisiones judiciales.
La voz de Yolanda Herrera introduce una lectura más cauta. La vicepresidenta de la APDHB sostuvo que aún no es posible asegurar que los movimientos actuales dentro de la justicia representen una transformación real. Planteó que podrían ser también un simple “acomodo” al nuevo gobierno, una conducta que —dijo— ya se observó en otros momentos de transición política en el país. Aunque reconoció que algunas resoluciones recientes se ajustan más a la norma, considera que ese apego también podría ser parte de un reordenamiento coyuntural.
Herrera afirmó que es difícil adoptar una postura definitiva. Definió lo que se observa como “una luz pequeñita” dentro de un sistema judicial amplio y profundamente entrelazado con intereses políticos, económicos, de poder y de privilegios. Para ella, la magnitud de esa estructura requiere transformaciones que van mucho más allá de ajustes administrativos o modificaciones parciales.
Por ello propuso una reforma profunda y urgente del sistema de designación de magistrados mediante cambios constitucionales y una mayor transparencia en la elección de jueces. Aseguró que, mientras los mecanismos estructurales de selección no se modifiquen, la justicia continuará vulnerable a la interferencia política y a los juegos de poder.
En su análisis también advirtió que es fundamental cortar el ciclo de la “revancha política”, al que describe como un juego de “ping pong” permanente. Este fenómeno, dijo, no solo debilita la institucionalidad, sino que profundiza la fractura social y perpetúa la impunidad. La única forma de romper ese círculo es respetar estrictamente el Estado de derecho y garantizar que las decisiones judiciales no respondan a intereses coyunturales.
Herrera concluyó que, si las acciones dentro de la justicia se conducen bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, el país puede empezar a avanzar hacia un sistema más independiente. Pero enfatizó, al igual que Quiroz, que ese proceso no será rápido ni sencillo.
Quiroz coincidió en que la despolitización no ocurrirá “de la noche a la mañana”. Señaló que, si la politización se consolida durante 20 años, desarmar sus estructuras tomará probablemente otros tantos. Para él, la meritocracia en el Ministerio Público, la sanción interna a funcionarios corruptos y la reconstrucción de la credibilidad son pasos imprescindibles en ese proceso.
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