Bolivia conmemora este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un escenario marcado por cifras alarmantes, denuncias de impunidad y un Estado que destina un presupuesto “mínimo” para enfrentar una de sus crisis más profundas.
Fuente: ANF
Las 23.639 denuncias de violencia familiar registradas hasta septiembre, que representan el 41% de todos los delitos cometidos en el país, muestran la magnitud de un problema que crece más rápido que la capacidad institucional para responderlo. A ello se suman 69 feminicidios reportados por la Fiscalía hasta el 19 de noviembre, 18 más que los registrados hasta septiembre.
En este contexto, Eulogia Tapia Quispe, activista por los derechos de las mujeres, sostiene que la situación es “muy preocupante” y “dolorosa”. “El problema sigue en ascenso y no hay quien lo pare”, lamenta en contacto con ANF, recordando que en la víspera del 25 de noviembre se reportó otra víctima mortal en Oruro: una mujer de 30 años, madre de un niño pequeño. Este patrón, dice, se repite con demasiada frecuencia y golpea cada vez más fuerte la moral de quienes luchan por frenar la violencia.
Tapia advierte que las cifras no solo reflejan muertes, sino también tentativas de feminicidio y agresiones que se escuchan todos los días. Le preocupa especialmente la creciente cantidad de niñas de 13 y 14 años asesinadas o viviendo en condiciones de violencia con sus agresores. “Hay tanta violencia y tanta impunidad que ya no se sabe dónde encontrar avances”, señala, insistiendo en que el sistema policial y judicial sigue actuando con lentitud cuando los casos no parecen “muy graves”.
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La activista enfatiza que esa falta de respuesta oportuna puede tener consecuencias fatales. “Una mujer denuncia hoy y, si no la escuchan porque no está muriéndose, al día siguiente puede ser demasiado tarde”, afirma. Tapia considera urgente que la Policía adopte una relación más empática y eficiente con las víctimas y que sus funcionarios comprendan las responsabilidades administrativas y penales que implica desatender un caso.
En la misma línea crítica, Michelle Shaw, representante de la Alianza por los Huérfanos del Feminicidio, observa que los feminicidios en Bolivia se han “naturalizado”. “Es una cifra alarmante que ya se ve como parte del paisaje”, denuncia a ANF. Shaw asegura que las políticas públicas operan hoy como un “foco de extinción”, debilitadas en prevención, atención y protección. Bolivia, recuerda, figura entre los primeros países de la región —según ONU Mujeres— con mayor prevalencia de violencia contra la mujer.
La activista subraya que esta crisis está fuertemente ligada a la ausencia de políticas de comunicación y educación que prevengan la violencia desde sus raíces. Añade que las mallas curriculares con enfoque de género no han sido aplicadas adecuadamente y que persiste una cultura machista que se refleja en la baja presencia de mujeres en puestos jerárquicos del gobierno. “No estamos haciendo los mejores esfuerzos”, cuestiona.
Shaw advierte que las sobrevivientes y los huérfanos del feminicidio se encuentran en un “completo estado de emergencia”. La falta de medidas de protección eficaces desde la Fiscalía o el Ministerio Público expone a las víctimas a nuevos riesgos. A ello se suma, denuncia, un presupuesto municipal para la lucha contra la violencia que cayó al 0,35% en 2025, muy por debajo de gestiones anteriores, cuando alcanzaba el 1,2% o el 0,7%.
Ese “presupuesto mínimo”, afirma, obliga a las víctimas a costear hojas, pasajes y trámites judiciales, un desgaste que puede llevarlas a abandonar sus procesos o incluso volver con sus agresores. Shaw también critica que la sociedad civil no haya sido convocada a la reforma judicial y expresa preocupación por el cierre del Ministerio de Justicia, ya que entidades como el Sepdavi o el Servicio Plurinacional de la Mujer podrían reducirse a direcciones y perder su capacidad de respuesta.
Para Mary Marca, del Observatorio por la Exigibilidad del Derecho de las Mujeres, el panorama es igual de grave. Pese a las campañas internacionales como “Ni una menos”, afirma, “seguimos contando una menos cada día”. El Observatorio reporta al menos 70 mujeres asesinadas en lo que va del año, la mayoría a manos de sus parejas. Marca recuerda que la violencia no ha sido abordada desde su integralidad social y que la respuesta estatal continúa siendo “carente de servicios” y recursos.
La especialista lamenta que el cierre del Ministerio de Justicia deje en incertidumbre servicios fundamentales para las mujeres, como la asesoría jurídica gratuita del Sepdavi. Tampoco observa una respuesta estructural desde el Estado ni una acción sostenida de la sociedad civil. “Hay muchos retrocesos”, advierte, y recuerda que hoy la violencia —incluidos asesinatos y violaciones— se comete con frecuencia dentro del propio hogar.
Marca insiste en que la justicia boliviana necesita cambios estructurales y una independencia real del poder político. Menciona, como ejemplo, el caso de la exconcejala Juana Quispe, cuyo asesinato quedó marcado por la falta de imparcialidad institucional. Para la activista, el problema central no es solo el presupuesto, sino la ausencia de personal capacitado y sensibilizado en derechos humanos.
Según sus estimaciones, apenas el 20% de los casos de feminicidio logra acceso a la justicia. Una cifra que, afirma, debe ser revertida con urgencia. Señala además que la sociedad civil no fue convocada a la última cumbre de justicia, pese a que mujeres líderes han vivido en carne propia la retardación judicial. “Hay fiscales y jueces sin formación suficiente, sin criterios de derechos humanos y que ni siquiera conocen las leyes destinadas a proteger a la población vulnerable”, critica en contacto con ANF.
El país llega a este 25N con una distribución desigual de la violencia: Santa Cruz concentra el 35,6% de las denuncias, seguida por La Paz (26,3%) y Cochabamba (15,9%). Oruro y Pando registran los niveles más bajos, aunque ello no significa necesariamente menor riesgo, pues la cifra oculta —casos no denunciados— sigue siendo un factor crítico. La violencia física continúa siendo la más extendida, con 17.898 casos reportados este año, y la mayoría de agresores actuó sobria.
Los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana también revelan que los concubinos son los principales agresores, con 8.076 denuncias, seguidos por familiares directos y exparejas. Aunque la mayoría de las víctimas tiene entre 18 y 29 años, la violencia no discrimina edades: también afecta a menores de edad y a personas mayores, incluidas mujeres de más de 70 años.
Las cifras de feminicidio muestran un fenómeno igualmente extendido. Hasta septiembre, había 51 casos; dos meses después la cifra subió a 69. La Paz concentra el 41,18% de los casos, seguida de Santa Cruz y Cochabamba. En todos los rangos de edad se registran víctimas, lo que evidencia que la violencia atraviesa generaciones y contextos socioeconómicos.
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