Introducción
Se ha conocido en la semana pasada el Informe del World Justice Project (WJP) 2025, que evalúa el Estado de derecho en 143 países del mundo, en base de los indicadores sobre: limitación al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Vuelven a reeditar como mejor justicia y Estado de derecho en el orden global del Estado de derecho: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda. Detrás de estos países se halla Alemania, puesto atribuible a la gran apertura de sus fronteras a migrantes que exigen mejores condiciones de vida, salud y trabajo, que rebasa en casos especiales los límites de la capacidad de los Estados referidos a sus presupuestos.
Con deterioro profuso del Estado de derecho en el mundo aparece Venezuela, que siente la presión militar de EE.UU. en la lucha frontal contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias controladas y el terrorismo. Los ocho quince botes de droga destruidos en el Caribe han dejado 61 muertos y algún sobreviviente, intervenciones que por analistas militares han sido calificadas como de excesos del poder militar norteamericano. Lo que no se conoce es la posición del Congreso de los EE.UU. si va a ampliar la autorización de los 90 días para que el Gobierno de Trump continúe con esta estrategia de guerra contra el terrorismo y las drogas, y hasta qué punto la ONU tiene capacidad para persuadir la política de Trump en defensa del Derecho humanitario.
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En la región de América Latina y El Caribe, el informe indica que Uruguay, Costa Rica, Barbados y Chile muestran mejor Estado de derecho, debido a la sólida estructura institucional democrática y a la transparencia en los informes públicos periódicos. Y como furgón de cola Bolivia se ubica a solo tres puestos del último que es Venezuela (32). A nivel global, Bolivia está a una docena de la ubicación última (143 países). En la escala de 0 a 1 Bolivia registra un puntaje global de 0,37%. Grosso modo, quiere decir que nuestro país en lo institucional no ofrece informes de cuenta confiables, el acceso a la justicia es crítica, como es negativa la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales.
El informe del WJP señala tres elementos en el deterioro del Estado de derecho: el avance del autoritarismo, la ascendente corrupción y la erosión de los derechos fundamentales. El reto del gobierno que asumirá el 8 de noviembre, será la de cambiar el modelo estructural de la justica, porque el -democrático eleccionario- para magistrados: con consorcios, con personal de pertenencia al área especial de magistrados carente de concursos de méritos, autoprorrogados que contravienen la Constitución, débil transparencia pública y marcada intromisión política gubernamental. Para revertir esta situación caótica, indefectiblemente, tendrá que pasar por un acuerdo de todas las fuerzas políticas que han logrado representación democrática en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en su caso con las minorías que fueron gobierno durante las dos últimas décadas. Ese nuevo modelo no puede ser otro que el meritocrático transparente y descentralizado, para que los magistrados seleccionados y designados por dos tercios de votos en la ALP, sean garantes firmes de los derechos fundamentales de las personas.
El director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, señaló que “el deterioro constante del Estado de derecho se había ralentizado, pero en 2025 vemos un cambio sustancial hay más países en declive y menos en mejora”. La clave estaría en priorizar la justicia, la transparencia y combatir la corrupción en forma estructural, mejorando los sistemas de ingreso por méritos a los cargos administrativos-judiciales, desterrando el poder político de los magistrados en la designación de personal.
Para la sociedad boliviana es vergonzoso que nuestro país continúe ocupando el puesto 131 de 143 países a nivel mundial, y el 29 de 32 en América Latina y el Caribe, ahogada entre sus pares, sus cómplices del ALBA, Nicaragua y Venezuela, que se pelean el oro olímpico en la grotesca danza macabra de la intrusión política autocrática. El compromiso debe ser del nuevo Gobierno Paz-Lara, las fuerzas políticas y la ciudadanía con sentido común e interés nacional, emprender la reforma parcial de la Constitución, como adelanté en un anterior artículo, para que la justicia con nueva matriz estructural y actores de intachable formación ética profesional nos lleven a los primeros puestos del Estado de derecho en el ranking global de la World Justice Project. El reto debe acabar con la crisis del poder obtuso e impune del ciclo del MAS.
¡Nepotismo! Olor a corrupción
A continuación del informe del WJP 2025, corresponde aplazar cualquier intento de -nepotismo- en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) 2025-2030 que comienza a sesionar el 4 de noviembre. Sin embargo, la entrega de credencial a Diana Romero, como diputada plurinacional del PDC que es esposa de Edman Lara, podría constituir un germen de corrupción dentro de la ALP., salvo que el nepotismo en línea prohibida (esposo-esposa) haya sido abrogada por ley expresa, lo que me temo que la prohibición legal se mantiene.
Diana Romero, en lo personal, brillará de orgullo como estrella fugaz en cielo nublado, al ser ungida por el TSE. ¡Pero, qué ironía cruel e indignante para la democracia de la República que comienza! Este problema tiene que ver con los conceptos y valores del Estado de derecho y el funcionamiento ético-legal del servidor público, por cuanto el órgano del Estado (ALP) no está para albergar y pagar dos sueldos a quienes son cónyuges y padres de familia; máxime si Edman Lara, vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al recibir la credencial de vicepresidente el 8 de noviembre en La histórica Casa de La Libertad donde nació Bolivia, agrava la incompatibilidad de la esposa diputada y, en tal perspectiva, la tarea del TSE como órgano independiente (Arts. 12.I, 208 y 236. III de la CPE), es retirar la credencial a Diana Romero diputada nacional al encontrarse dentro de la prohibición establecida por el artículo 236. III de la Constitución, textual, dice: “Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. El vínculo de Lara y la diputada Diana Romero (esposa), ciertamente es de esposos, pero la relación directa de dependencia la genera la jerarquía, la fiscalización y el presupuesto que aprueba la ALP (Art. 159.6 de la CPE).
¡Basta de dinastías en el poder! ¡Basta de destruir la República!, sostenida por la Constitución, y por lo más saludable procedan a retirar la credencial a la diputada por el PDC, Diana Romero. El nepotismo puede ser la antesala de la corrupción y descomposición institucional.
A propósito, Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz (1993) dice: “Que reine la libertad, no los políticos”.
Pedro Gareca Perales