El jurista Héctor Castellón calificó el proceso contra la exdiputada Lidia Patty, como “una bandera política” que se levanta de vez en cuando y se deja de lado la investigación integral del caso que debería indignar a todos los bolivianos.
Fuente: El Deber
El desfalco al Fondo Indígena y la tortura judicial que le costó la vida a su exdirector, Marco Antonio Aramayo, son crímenes que quedarán impunes, de acuerdo con el criterio del abogado Héctor Castellón, quien califica de “bandera política” los casos que se siguen en este momento contra algunos exdirigentes indígenas.
“La muerte de Marco Antonio Aramayo y el desfalco al Fondo Indígena serán crímenes impunes si continúan con estos procesos, que considero son solo banderas políticas que levantan de vez en cuando, cuando se trata de hacer daño a un rival político del gobierno de turno. Con esto no quiero que se piense que defiendo a Lidia Patty u otro dirigente implicado”, afirmó Castellón en contacto con EL DEBER.
El abogado sostiene que la muerte de Aramayo debe doler a todos los bolivianos “por el mensaje que se nos quiso dar: o eres corrupto o te callas, porque si denuncias te vas a morir en la cárcel y con torturas. Ese es el mensaje que nos dieron”, manifestó.
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Investigación
El abogado recordó que, en los memoriales escritos por Aramayo, él mismo ya dio lineamientos para una investigación seria, la cual debe empezar en la vía administrativa para luego recién ir a la justicia penal.
“Marco Aramayo se dio cuenta del desfalco en tres semanas que estuvo en el cargo. Le tomó tiempo recoger pruebas, pero cuando las tuvo lo dijo: ‘Bolivia está loteada’, porque eso le explicaban los campesinos de base, quienes acusaban a sus dirigentes de ofrecerles proyectos, hacer que presenten documentos, propuestas y luego quitarles la plata. Hago mías las palabras de Marco Aramayo: dirigentes ‘vivillos’ estaban parapetados en el Fondo Indígena para robar a los más pobres”, explicó Castellón.
Recordemos que, en 2005, durante el breve gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, se creó el Fondo Indígena a través del Decreto 28571; el mismo estaría financiado con el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
En 2010 entra en vigencia la normativa y el Fondo Indígena comienza a aprobar proyectos. Sin embargo, Castellón cuestiona que el diseño institucional estaba mal formulado, pues la capacidad operativa era la de administrar 30 proyectos por año, pero se aprobaban hasta 350 por gestión.
En 2014, varios reportajes periodísticos revelaron las irregularidades al interior de esa institución. El entonces presidente Evo Morales minimizó las denuncias, pero en febrero de 2015 la Contraloría General del Estado reveló un daño económico de Bs 71 millones por proyectos fantasmas, que implicó a dirigentes de organizaciones sociales y del MAS, como Felipa Huanca.
Solo unos meses después, el Gobierno decidió intervenir el Fondo Indígena y detectó un daño económico preliminar que alcanzaba los Bs 102 millones. No obstante, la versión oficialista es poco creíble para Castellón, quien sostiene que los análisis de Aramayo daban cuenta de un desfalco de al menos $us 200 millones.
“Hay dos tipos de responsabilidades. La primera, de quienes efectivamente recibieron el dinero y no cumplieron con su correcta administración, ya sea porque no sabían cómo hacerlo o porque lo entregaron por prebenda a sus autoridades. Pero el segundo tipo de responsabilidad también viene de quienes les tomaron el pelo a esas personas, que no tenían formación académica en muchos casos”, sostuvo Castellón.
La muerte
El hombre de “convicciones fuertes”, como recuerda Castellón a su cliente, Marco Antonio Aramayo, falleció en abril de 2022, víctima de la persecución judicial que se tradujo en 256 procesos penales en juzgados de siete departamentos. El abogado afirma que el exdirector del Fondo Indígena se negó en varias oportunidades a someterse a un juicio abreviado por un delito que no había cometido.
De acuerdo al informe titulado “El disfuncionamiento de la Justicia. Tortura y otros maltratos infligidos a Marco Antonio Aramayo”, elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), el exdirector del Fondo Indígena, expuso que fue víctima de 194 hechos catalogados como cuatro formas de tortura y maltratos, cometidos desde el momento en que reveló las irregularidades, hasta su muerte.