Uno de los factores más críticos del PGE presentado por el MAS es la subvención a los carburantes, para 2026 se programaron Bs 391 millones más que lo presupuestado para 2025. La hipótesis de crecimiento del PIB es del 0,9% y una inflación de 10,1% a fin de período
Por Raúl Domínguez
Fuente: eldeber.com.bo
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A pesar que el Orden del Día de la sesión de ayer jueves, en la Cámara de Diputados, preveía en el cuarto punto el tratamiento de la Ley 049/2025-2026 “Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2026”, los parlamentarios solo llegaron al tratamiento del segundo punto —de seis— en el que se aprobó el postergado crédito de $us 95,9 millones de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
El PGE 2026 ya fue aprobado en grande y en detalle por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, el pasado 6 de diciembre. Si el tratamiento comienza el próximo lunes, restarían solo 13 días hábiles para su aprobación, tiempo en el que tiene que ser aprobado también por Senadores y el pleno de la Asamblea Legislativa para ser remitido al Ejecutivo para su promulgación.
Cabe recordar que el PGE 2025 no fue aprobado por la Asamblea, que postergó varias veces su tratamiento y por el receso de fin de año 2024. El Ejecutivo aplicó la Ley 1613 que entró en vigencia el 1 de enero de 2025.
En torno al Presupuesto 2026, un despacho de prensa de la Cámara de Diputados —publicado el 6 de diciembre— solo da cuenta que una de las disposiciones del documento garantiza la autorización al Banco Central de Bolivia (BCB) para la reprogramación de créditos a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE), brindando un alivio financiero estratégico a estas entidades. Asimismo, se consolidó la obligación de los Gobiernos Autónomos Departamentales de financiar el Bono de Vacunación con sus propias fuentes de ingreso.
Sin embargo, el despacho no detalló montos ni especificó si se realizaron modificaciones a las partidas presupuestarias.
El proyecto original
El proyecto presentado en octubre a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la gestión de Luis Arce, proyecta un gasto consolidado de Bs 298.332 millones.
La propuesta se formula en un contexto marcado por inflación elevada, presiones sobre la balanza energética y un déficit fiscal que nuevamente superará el 10% del PIB, de acuerdo a la proyección.
Según el documento al que accedió EL DEBER, el Ejecutivo de ese entonces sustentó el presupuesto sobre una hipótesis de crecimiento del PIB del 0,9%, una inflación de 10,1% a fin de período y un precio referencial del petróleo de $us 71 el barril. Este último supuesto es clave, pues determina buena parte del impacto del subsidio a los combustibles, uno de los rubros de mayor peso dentro del gasto público.
Claves del PGE presentado por el MAS
El presupuesto presentado por el entonces ministro de Economía Marcelo Montenegro, mantiene una estructura donde el gasto corriente representa la mayor parte del total consolidado, con alrededor de Bs 190.799 millones. Destacan tres componentes:
- Bienes y servicios
- Intereses de la deuda, que se acercan a los Bs 22.000 millones.
Las transferencias corrientes, por su parte, suman más de Bs 60.000 millones, dirigidas a empresas públicas, gobiernos subnacionales y programas sociales.
Los subsidios
Uno de los factores más críticos del PGE es la subvención a los carburantes. Para 2026 se programaron Bs 15.547 millones —para 2025 fueron Bs 15.156 millones— para cubrir la importación de diésel, gasolina especial, GLP y otros productos, además de los incentivos a la producción de petróleo y condensado.
El gobierno de Rodrigo Paz ya adelantó que los subsidios a los carburantes disminuirían de forma “progresiva” en su administración y que, la medida se aplicaría con enfoque social, protegiendo a los sectores más vulnerables y enfocándose en aquellos macrosectores —como el transporte pesado, la minería y la agroindustria— que tienen capacidad para asumir el precio real del diésel.
Queda en suspenso el subsidio a la alimentación básica, con Bs 826 millones destinados a programas gestionados principalmente por Emapa, empresa que ha sido intervenida y donde se investigan actos de corrupción.
Educación y salud concentran más del 20% del presupuesto. Educación recibe Bs 32.546 millones, incluyendo Bs 19.144 millones para el pago de sueldos del Magisterio y Bs 474 millones para el Bono Juancito Pinto. Salud dispone de Bs 30.081 millones, destinados a la red hospitalaria, seguros públicos, SEDES y programas de prevención y atención.
Inversión pública
La inversión pública programada para 2026 es de Bs 23.666 millones, siendo el Sector Productivo (Energía, Hidrocarburos, Industria, Agropecuario, Minero y Turismo) el que demanda el mayor monto, con Bs 10.271 millones. Luego, el Sector Social (Saneamiento, Salud, Vivienda, Educación, Deportes, etc); Infraestructura, Bs 5.340 millones (Transportes, Comunicaciones, Recursos Hídricos) y Multisectorial (Administración, Multisectorial, Defensa, Justicia, Orden Público, etc).
El financiamiento del presupuesto se apoya nuevamente en crédito externo, incluyendo organismos multilaterales y bilaterales; crédito interno, principalmente emisión de títulos del Tesoro, y utilización de recursos de empresas públicas y otros ingresos corrientes.

