A través de un comunicado, Asosur Santa Cruz exige que las políticas de gobierno tengan un hilo conductor coherente e integrado entre todas sus instituciones, abrogando las normas que limitan la libre comercialización.
[Foto: ABI] / Imagen referencial de venta de combustible
Fuente: Unitel
La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur) Santa Cruz) expresó su preocupación por la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN N° 0025/2025, publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
A través de un comunicado, la entidad privada señala que la ANH establece nuevas disposiciones para la comercialización de diésel a usuarios directos, incluyendo la obligatoriedad de una declaración jurada previa y el registro en una plataforma habilitada por la agencia estatal.
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En ese sentido apuntan que no se contempla una disposición específica respecto al precio internacional y no se establece el tratamiento de la facturación bajo el esquema 70/30 del crédito fiscal.
“No se deja claro el procedimiento de aprobación de las ventas una vez que el cliente realice su declaración jurada, particularmente si las estaciones de servicio deberán esperar a que dicha declaración sea presentada físicamente, si existirá una modalidad de aprobación inmediata del formulario, o si será necesario aguardar una retroalimentación por parte de los ministerios y otras instituciones que validen esa declaración jurada”, señala parte del pronunciamiento.
A esto suman que la ANH reglamenta la limintación del transporte a 1200 litros, cuando el “DS 4910 permite comercializar a los usuarios directos hasta 5000 litros al mes”, además que establece que la compra se realice en tres estaciones de servicio ”cuando no debería haber ningún problema para que se abastezcan” en cualquier surtidor, “ya que todas comercializan el mismo producto y al mismo precio”.
Asosur Santa Cruz exige que las políticas de gobierno tengan un hilo conductor coherente e integrado entre todas sus instituciones, abrogando las normas que limitan la libre comercialización con controles adecuados que permitan la fiscalización pero sin burocracias administrativas.
“Nos declaramos en emergencia y exigimos que las políticas de gobierno tengan un hilo conductor coherente e integrado entre todas sus instituciones, abrogando las normas que limitan la libre comercialización con controles adecuados que permitan la fiscalización pero sin burocracias administrativas”, señala Asosur.