El proyecto de “Ley para la Revisión de Procesos Penales Viciados por Móviles de Persecución Política”, presentado ante la Cámara de Diputados el 17 de diciembre de 2025 por el diputado Carlos Alarcón Mondonio, representa un paso fundamental hacia la restauración del Estado de derecho en Bolivia. Esta iniciativa legislativa aborda una deuda pendiente con cientos de ciudadanos que, durante casi dos décadas, fueron víctimas de un sistema judicial instrumentalizado con fines políticos.
El proyecto reconoce una realidad documentada: entre 2006 y 2025, numerosos procesos penales se tramitaron sobre bases irregulares, donde la independencia judicial y las garantías procesales fueron sistemáticamente vulneradas. La detención preventiva abusiva, los procesos abreviados forzados y la ausencia de defensa efectiva convirtieron al sistema de justicia en una herramienta de neutralización de la disidencia política.
La arquitectura jurídica del proyecto es sólida y equilibrada. Establece dos mecanismos claramente diferenciados: la Excepción Extraordinaria para procesos sin sentencia ejecutoriada, y el Recurso de Revisión para condenas firmes, incorporando una nueva causal al Código de Procedimiento Penal. Ambos instrumentos se sustentan en el marco constitucional boliviano y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país, como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Un aspecto destacable es la prudencia del legislador al excluir del ámbito de aplicación aquellos casos de violaciones a derechos humanos documentadas por organismos como el GIEI, la CIDH o la Corte Interamericana. Esta distinción demuestra que no se trata de una amnistía generalizada ni de impunidad, sino de un mecanismo de justicia restaurativa dirigido específicamente a quienes fueron perseguidos por razones políticas.
La garantía de que las decisiones finales recaigan en el Tribunal Supremo de Justicia, en su nueva composición surgida de las elecciones judiciales de 2024, otorga legitimidad democrática al proceso y ofrece mayores garantías de imparcialidad.
Bolivia necesita cerrar un capítulo oscuro de su historia reciente. Las familias divididas, los refugiados políticos dispersos por distintos países del continente, los exiliados que añoran su patria, los presos políticos y quienes perdieron años de su vida enfrentando procesos espurios merecen una respuesta institucional. Esta ley representa la posibilidad de que bolivianos y bolivianas que tuvieron que abandonar su país huyendo de la persecución puedan finalmente retornar con dignidad y sin el peso de causas judiciales fabricadas. No busca venganza, sino reparación; no pretende borrar la historia, sino corregir injusticias.
Por todo ello, el tratamiento legislativo de este proyecto debe ser prioritario y expedito. Cada día de dilación representa la prolongación del sufrimiento de las víctimas y la perpetuación de un sistema que utilizó la justicia como arma política. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la oportunidad histórica de demostrar que las instituciones democráticas pueden autocorregirse y que el Estado de derecho prevalece sobre los abusos del poder. Bolivia y su pueblo lo merecen.
Por Mauricio Ochoa Urioste
El autor es abogado.