En conjunto, estas cinco empresas acumulan pérdidas por 697 millones de bolivianos. El informe advierte que ni siquiera vendiendo todos sus bienes y equipos estas empresas pueden pagar lo que deben al Banco Central de Bolivia (BCB) y a sus proveedores.
Fuente: ANF
Según el informe oficial del gobierno, “Saqueo Institucional; el costo de la corrupción en las empresas públicas”, cinco empresas estatales bolivianas están funcionando prácticamente en quiebra, una situación que el propio documento define como la de “empresas zombies”. Esto significa que siguen abiertas y operando, pero gastan más de lo que tienen, deben más de lo que poseen y no generan ingresos suficientes para pagar sus cuentas.
De acuerdo con datos de la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) y del Sistema SER, las empresas que se encuentran en esta situación son:
- Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con pérdidas de 143 millones de bolivianos
- QUIPUS, con pérdidas de 108 millones de bolivianos
- YACANA, con pérdidas de 203 millones de bolivianos
- EBIH, con pérdidas de 29 millones de bolivianos
- ASBA, con pérdidas de 214 millones de bolivianos
En conjunto, estas cinco empresas acumulan pérdidas por 697 millones de bolivianos. El informe advierte que ni siquiera vendiendo todos sus bienes y equipos estas empresas pueden pagar lo que deben al Banco Central de Bolivia (BCB) y a sus proveedores.
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Un fuerte golpe a las finanzas del Estado
El documento calcula que el funcionamiento de estas empresas “zombies” ha provocado un daño económico directo al Estado de 1.294 millones de dólares. Este dinero se fue en sueldos, funcionamiento y financiamiento continuo, sin que las empresas logren ser sostenibles ni generar ganancias.
En la práctica, esto significa que el Estado ha tenido que cubrir sus pérdidas con recursos públicos, lo que aumenta el endeudamiento y reduce el dinero disponible para áreas como salud, educación o infraestructura.
Además, estas empresas forman parte de un grupo más amplio de 14 empresas públicas consideradas inviables, que absorbieron el 28% de los recursos desembolsados por el Estado. Según el informe, muchas de ellas se convirtieron en focos de ineficiencia y mala gestión.
Deudas que no pueden pagar
La situación es aún más delicada por las deudas a corto plazo. El informe señala que las empresas fallidas deben 222 millones de dólares que vencen en un plazo de 90 días, pero no generan ingresos suficientes para cumplir con esos pagos.
Esto obliga al Estado a buscar nuevas fuentes de financiamiento o a cubrir esas deudas con recursos públicos, profundizando el problema.
Un problema que va más allá de los números
El informe concluye que las empresas “zombies” no solo representan pérdidas económicas, sino que son un problema estructural para el país. Mantenerlas abiertas implica seguir destinando dinero público a empresas que no funcionan, sin un beneficio real para la economía.
Por ello, el documento recomienda detener el flujo de recursos, auditar responsabilidades y replantear completamente la forma en que se administran las empresas públicas que están en quiebra técnica, para evitar que el problema continúe creciendo.