Más que alegría o un motivo para celebrar, lo ocurrido con el expresidente Arce por el caso del Fondo Indígena debería ser un motivo de reflexión y autocrítica como sociedad. Es necesario partir de la pregunta ¿Cómo se ha permitido que durante tantos años se instaure un sistema de corrupción y delincuencia a costa de los fondos públicos? A pesar de las señales y los hechos denunciados, una y otra vez el populismo de izquierda, bajo la egida de la justicia social, la redistribución de los recursos, la igualdad y la equidad, se ha encaramado en el poder y a destruido el Estado al comprar consciencias y envilecer espíritus a través de la prebenda y la corrupción.
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Indígenas (Fondo Indígena), nació el 2005 (comenzó a funcionar el 2009) como una conquista histórica que tuvo su génesis en una movilización del pueblo Guaraní que exigía ser participe de los beneficios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con el 10%, el gobierno de aquel entonces (Eduardo Rodríguez Veltzé) otorgó el 5%, pero lo hizo para todas las regiones o comunidades campesinas e indígenas, como un mecanismo nacional de redistribución, con el fin de alcanzar su desarrollo a través de inversiones en proyectos productivos o de infraestructura que permitan mejorar la calidad de vida. Lamentablemente, esta institución se convirtió en un centro de corrupción por falta de una seria fiscalización de los recursos y porque los mismos dirigentes de las organizaciones sociales afines al gobierno definían los proyectos a financiar y recibían ingentes recursos a cuentas particulares sin más control que la afinidad con el poder, como consecuencia, el desfalco de recursos cuyo daño no se ha podido dimensionar hasta ahora. Según el abogado Eduardo León se habla de un daño económico aproximado de 4.000 millones de bolivianos, es decir, de más de $us 580 millones.
Con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, recién se ha comenzado a dimensionar el daño producido por el mal manejo de los recursos económicos que se destinaron en el Fondo indígena y a la vista está que van a rodar muchas cabezas. El Fondo Indígena sólo es uno de los tantos hechos de corrupción que se cometieron durante los continuos gobiernos de Evo Morales, que fueron de conocimiento del conjunto de la sociedad, A pesar de ello, el 2020 Luís Arce Catacora, como candidato del MAS, ganó las elecciones presidenciales con un 52,4% de favoritismo electoral, consolidando de nuevo el aplastante poder de la izquierda y la imposición de sus políticas, económicas, sociales y culturales, con un gobierno autoritario que envolvió con un manto de impunidad los hechos de corrupción de su predecesor, es MAS hizo de la corrupción un instrumento eficaz para seguir financiando su poder.
En una nota de prensa publicada por Bolivia Verifica, el 29 de octubre de 2025, en el Gobierno de Luís Arce se creó “una empresa innecesaria que abrió la puerta a la corrupción en YPFB”, porque según diferentes expertos en el área de los hidrocarburos, el daño causado es de por lo menos 355 millones de dólares. Según Alvaro Ríos, exministro del área y experto en la materia, la empresa paraguaya Botrading era un actor redundante que tan sólo encarecía los precios, a su criterio lo único que hacía era negociar precios hacia arriba y venderle a YPFB Refinación o a YPFB Corporación, en resumidas cuentas no se entiende la razón de haber creado esta empresa que negociaba precios elevados como intermediaria para la compra de hidrocarburos.
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Lo lamentable del caso es que el principal responsable de la creación de la empresa paraguaya y del desfalco de millones de dólares, ha salido del país, se conoce que Armin Dorgathen está en Brasil, no le fue difícil hacerle una seña con el dedo a la justicia boliviana y salir del país con total impunidad, tras beneficiarse de una liberación judicial que anuló su aprehensión, sin responder por sus acciones.
Otro hecho de corrupción que se arrastra desde el gobierno de Evo Morales es el caso de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) cuyo daño económico asciende a por lo menos Bs. 60 millones, en moneda estadounidense, se habla de más de 8 millones de dólares. Emapa se creó el 15 de agosto de 2007 con el objetivo de apoyar la producción agropecuaria, estabilizar mercados y garantizar la seguridad alimentaria nacional, metas que no se cumplieron, es más, la tan mentada soberanía alimentaria está en riesgo por la actual crisis económica del país. En este caso también se ha fugado el principal responsable de la desastrosa administración de esta institución, Franklin Flores, cuyo paradero se desconoce.
Si sumamos los 570 millones de dólares (Fondo Indígena), 355 millones de dólares (YPFB) y 8 millones de dólares (Emapa), sólo por estos tres casos de corrupción se tiene un total de daño económico para el país de más de 933 millones de dólares, tan sólo de tres de los casos más relevantes de corrupción de los últimos 20 años, por supuesto que existen más hechos de corrupción y las cifras se pueden incrementar mucho más.
Esta es sólo una muestra del grado de corrupción que alcanzó el Estado durante 20 años, la corrupción se institucionalizó en el país y se la normalizo en complicidad con el gobierno, las dirigencias de los denominados sectores sociales y el sistema judicial que miraba hacia otro lado para no hacer enojar al poder político. Si se habría manejado mejor los recursos que dispuso el Estado boliviano en la época de bonanza, invertido en verdaderas empresas productivas y proyectos de desarrollo; invertido en exploración y explotación de hidrocarburos; pero, principalmente aplicado una verdadera y efectiva política económica, Bolivia tendría altos niveles de desarrollo, con lo cual habría sido innecesario que el Gobierno del MAS meta sus manos manchadas de corrupción en los ahorros de los bolivianos a través de la Gestora Pública, no tendríamos una deuda externa tan elevada y menos una deuda interna.
Con todos los recursos perdidos por la corrupción y el manejo irresponsable de la economía, hoy en día no seríamos bono dependiente ni subsi dependientes. Las medidas de shock que se han tomado con el Decreto 5503, en especial lo referido a eliminar la subvención a los hidrocarburos, no tendrían el efecto tan devastador que ahora tiene, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. Abrir los ojos a la realidad no es fácil, duele, y los efectos son terribles, por eso es importante tratar de dimensionar el daño ocasionado por años de corrupción para que no se repita en el futuro, porque quienes ocasionaron el desastre económico en Bolivia quieren volver al poder, a nombre del pueblo y de una falsa justicia social.