En América Latina, la imagen del expresidente caminando hacia tribunales ya no sorprende. Lo hemos visto una y otra vez: en Perú, Guatemala, Panamá, Brasil o El Salvador, los juicios contra exmandatarios tienen un hilo conductor bastante claro: enriquecimiento ilícito, sobornos, lavado de dinero o uso del Estado para fines económicos privados. La región está marcada por el mismo patrón: corrupción política.
Pero cuando miramos hacia Bolivia, el panorama cambia y, paradójicamente, empeora. Porque si bien existen denuncias de corrupción, daño económico y contratos lesivos, lo más grave que hoy rodea a Evo Morales y Luis Arce no está únicamente relacionado con el manejo del Estado, sino con conductas inmorales que rompen cualquier estándar ético en la función pública. Mientras otros países procesan a sus expresidentes por casos que afectan al tesoro público, Bolivia enfrenta el escenario donde exmandatarios son denunciados e investigados por asuntos vinculados a su vida privada y, peor aún, por conductas que tocan la frontera entre delito y abuso.
Evo Morales no enfrenta únicamente cuestionamientos por proyectos fallidos o decisiones políticas discutibles; carga denuncias, imputaciones, órdenes de aprehensión por trata agravada de personas, abuso sexual de menores de edad, en cualquier país, significarían un antes y un después para la moral colectiva. Luis Arce terminó su gobierno en medio de un escándalo amoroso, una importante funcionaria de gobierno, declaró ser madre de un hijo del expresidente, y exigió lo que manda la ley, asistencia familiar para el pequeño. El expresidente evadió prueba de ADN y propuso un monto de asistencia familiar, quedó claro, reconoció paternidad. Lo que en otros países puede ser corrupción administrativa, en Bolivia se convirtió en degradación personal.
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El contraste es inevitable. Perú tiene a Humala, Toledo, Vizcarra y Castillo procesados y condenados por sobornos, lavado, coimas y redes de corrupción montadas desde el Estado. Guatemala encarceló a Otto Pérez Molina por liderar una estructura criminal que desviaba recursos aduaneros. Panamá condenó a Ricardo Martinelli por delitos financieros vinculados a poder económico y control mediático. En todos esos casos, la justicia actuó frente a delitos contra el Estado. En Bolivia, la justicia atiende denuncias e imputaciones por conductas privadas que revelan otra dimensión: la moral personal del poder.
Aquí no solo se discute si hubo contratos irregulares, sobreprecios o negociados; se discute si desde la presidencia del Estado se utilizó el poder político para obtener beneficios personales inconfesables. Y eso, más que corrupción, es decadencia moral. Si una administración se sostiene en la ética indígena, en la moral comunitaria y en el discurso de respeto a la dignidad humana, pero termina investigada por comportamientos que violentan justamente esos valores, el daño trasciende lo económico: destruye la credibilidad social.
El MAS nació proclamando ética y terminó quebrándola desde adentro. Hay denuncias por corrupción, sí, pero lo verdaderamente destructivo es el derrumbe moral. Los proyectos fracasados, las fortunas inexplicables y los vínculos turbios son graves, pero la pérdida de valores es devastadora para un país que depositó ahí su confianza política.
Hoy Bolivia no vive simplemente un proceso judicial; vive un quiebre ético. No es solo la justicia la que debe actuar, también la memoria colectiva: ¿cómo pasamos de un discurso moralizante a enfrentar acusaciones que cuestionan la conducta íntima de quienes juraron proteger la dignidad del Estado y de las personas?
Mientras Latinoamérica juzga corrupción pública, Bolivia enfrenta el juicio a la moral del poder. Y eso deja una conclusión irrefutable: cuando un proyecto político destruye los valores que decía defender, deja de ser ideología para convertirse en simple degradación. Aquí la discusión ya no es política, es moral, y esa es la herida más profunda.
El nuevo tiempo, la reconstrucción de la Patria debe realizarse en un marco de valores y virtudes, Rodrigo Paz Pereira y su círculo de confianza, tienen la obligación de constituirse en la antítesis de la degradación moral en la que cayeron los expresidentes de MAS. Evo Morales y Luis Arce deben rendir cuentas a la justicia, no es venganza política, es reivindicación moral colectiva.
Jaime Navarro Tardío
Político y ex Diputado Nacional.