Mientras el río Piraí recorre plácidamente su curso sobre enormes arenales durante gran parte del año, la política descansa en que los viejos y fuertes defensivos construidos por el SEARPI serán suficientes para evitar los numerosos y justificados estudios técnicos que alertan lo contrario desde hace décadas.

La tragedia de 1983, que hundió en miles de toneladas de barro la zona que hoy es el ex Jardín Botánico y Equipetrol norte en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se repite 40 años después en otros municipios con ribera en el río Piraí. Achira (Samaipata), El Torno, Colpa-Bélgica, Warnes, Montero, sufren la inclemencia de la Naturaleza y la desidia de las autoridades responsabilizadas por la Constitución de prever el ejercicio de sus competencias.

A decir del ex director del SEARPI, Luis Aguilera, «lo ocurrido en Achira no fue una sorpresa. No fue un accidente, sino una advertencia ignorada». Explica que desde 2006, las cuencas cruceñas ya no siguen sus patrones históricos. Los defensivos construidos entre 2009 y 2020 evitaron desastres mayores pero hoy ya no alcanzan. Acusa a municipios, ABT e INRA por permitir asentamientos ilegales y tala en las riberas. “Las áreas boscosas ciliares están deforestadas en un 50%. Sin árboles, el río no frena. Después nos preguntamos por qué se inunda”, reclama.

Señala que este año, el río Piraí movió 20 millones de m³/h, algo nunca visto décadas atrás. Plantea construir 160 km de canales en los municipios afectados para drenar el agua rápidamente. Asegura que este diseño ya existía como “Fase 6” del proyecto, pero nunca se aprobó. Los proyectos de prevención —dice— siguen guardados en un cajón.

Actualmente, el SEARPI reconoce que sólo cuenta con un presupuesto de 20 millones de bolivianos para atender 72 puntos críticos en 16 municipios.

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No es por falta de leyes que el manejo del río Piraí se encuentra librado a su suerte… y a la (mala) suerte del imperio de la Naturaleza.

En mayo de 1983, el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo promulgó la Ley 550 que crea el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regulación del río Piraí (SEARPI), como una entidad descentralizada de CORDECRUZ y capacidad de acción sobre toda la cuenca del río. Con la desaparición de la Corporación de Desarrollo cruceña, pasó a tuición del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. El año 2000, el presidente Hugo Bánzer Suárez promulgó la Ley Nº 2122, que declaró «prioridad nacional la valorización, protección y restauración del ecosistema, conformado por sus aguas, riberas, bosques, suelo, subsuelo, biodiversidad, paisajes que conforman los márgenes del Rio Piraí y sus restos arqueológicos, paleontológicos, así como la utilización sostenible, racional y óptima de sus recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento de su equilibrio ecológico». Durante el gobierno de Carlos D. Mesa, en 2004 fue sancionada la Ley 2913 que declaró como “Parque Ecológico Metropolitano Piraí” a todas las riberas del río Piraí ubicadas en los municipios de la metrópoli del Departamento de Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno.

En 2018, la Ley Nº 1037 modifica la prioridad nacional de las márgenes del río Piraí insertando que «se permitirá la construcción de puentes con sus accesos de interconexión ubicados en las riberas del Rio Piraí, los mismos que deberán contar con su estudio de impacto ambiental…» y amplía la declaración como»Parque Ecológico Metropolitano Piraí» a todas las riberas del Rio Piraí, ubicadas en los Municipios de la Metrópoli del Departamento de Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia, Colpa Bélgica y El Torno».

A esta legislación nacional, se suman leyes autonómicas en el mismo sentido. En definitiva, en la letra viva de las leyes rige un Parque Metropolitano Ecológico del río Piraí, el cual, en la realidad, no existe.

A fines de los años 90 e inicios del siglo XXI, se conformó la Mancomunidad Metropolitana constituida por Santa Cruz de la Sierra, Cotoca (sin límites geográficos con el río Piraí), El Torno, La Guardia, Porongo y Warnes. A pesar de la propuesta del ex alcalde de la capital cruceña, Ing. Percy Fernández Añez, de priorizar el estudio de la construcción de una represa a la altura de La Angostura (municipio de El Torno) las dificultades políticas de encarar un proyecto mancomunado institucional que atendiera problemas estructurales como el transporte interurbano, el manejo de la cuenca del río Piraí, la disposición de los residuos, la construcción de una autopista metropolitana a manera de gran circunvalación, etc. impidieron avanzar en esa instancia autonómica de coordinación municipal. Sin embargo, se logró emitir una norma mancomunada aprobada por unanimidad de los alcaldes respecto a la regulación de la extracción de áridos del río.

En febrero de 2024, el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz se pronunció con una «decidida y contundente defensa del Parque Metropolitano de Protección Ecológica del río Piraí» describiendo los motivos: «por ser una barrera efectiva que actúa como protección natural ante una eventual crecida del río Piraí por efectos del cambio climático; por sus quince millones de metros cuadrados (1.500 Ha), que hacen de este pulmón verde nuestro mayor recurso natural, la superficie de protección ecológica más grande y significativa de la ciudad; por ser potencialmente el mejor espacio público para uso y disfrute contemplativo, recreacional y educativo destinado a toda la ciudadanía a escala local y metropolitana, y que en este momento no sólo no se usa para este fin, sino que, por su estado de abandono, está siendo avasallado y perdiendo paulatinamente su calidad ambiental; por la variedad de servicios ambientales y ecosistémicos que nos provee como ser: hábitat de especies y refugio de vida silvestre, conservación de la diversidad genética, regulación del clima, núcleo de absorción de dióxido de carbono, regulación térmica, alimentador de acuíferos, regulación eólica y otros más que contribuyen a la calidad ambiental de la ciudad y sus habitantes, y nos ayudan a mitigar impactos globales y locales; y por ser un área protegida declarada por Ley N° 2913 de noviembre de 2004 y por Ley Municipal N° 1434 de abril de 2011, como «Patrimonio Histórico y Natural» de la ciudad, con prioridad municipal para su valorización y restauración».

Existiendo los instrumentos legales y técnicos para cumplir y hacer cumplir la obligación de restauración del área protegida, el Colegio de Arquitectos hizo un llamado a las autoridades competentes a «ejecutar un plan de protección, aprovechamiento y control, recreación y turismo ecológico, educativo, científico y cultural, plan de reforestación (Ley Nacional N° 2913, Art. 4°); ejecutar la reforestación con especies nativas de la zona geográfica de porte alto y medio, en los terrenos de dominio o uso municipal, para protección de la ciudad, conservación de refugios de la vida silvestre y protección de ecosistemas (Ley Municipal N° 1434, Art. 15° inc. 1); hacer cumplir a los propietarios y poseedores de terrenos privados ubicados dentro del área protegida a conservar la cobertura arbórea existente, además de efectuar acciones de reforestación en los mismos (Ley Municipal N° 1434, Art. 15° inc. 2); efectuar el relevamiento y la delimitación de los asentamientos humanos existentes en la zona, priorizando los que se encuentran ubicados al interior de la superficie que conforma la llanura de inundación; elaborar un diagnóstico biofísico de toda el área del «Parque Metropolitano de Protección Ecológica del Río Pirai», a efectos de poder determinar el estado ambiental actual de la zona, así como las áreas que hayan sufrido un proceso de restauración y reforestación, debiendo ser actualizado periódicamente».

Como enuncia el ex director del SEARPI, con datos, el abordaje del manejo de la cuenca del río Piraí pasa por un acuerdo imprescindible de los 16 municipios involucrados. En el aspecto técnico urgente, evidencia 72 puntos críticos que requieren planificación, presupuesto e inversión en infraestructura defensiva fluvial.

Han pasado 40 años y la tragedia que hoy vive Santa Cruz por el desborde y la mazamorra acarreada por el río Piraí pudo ser evitada. Es una falacia endilgar el desastre al cambio climático. Los negocios inmobiliarios, los asentamientos humanos, los desmontes indiscriminados, la extracción de áridos y la permisividad o la mirada hacia otro lado no exculpan a nadie. Por el contrario, la muerte de al menos 20 personas, la desaparición de un número indeterminado de otras bajo la mazamorra, el arrasamiento de viviendas y pertenencias próximas a las riberas del río, es hoy la terrible constancia de que una vez más se encubre en la genuina solidaridad desprendida de la población para paliar el desastre, la repetida irresponsabilidad de las autoridades públicas de declinar su competencia de planificar, acordar, planificar, ejecutar administrar y fiscalizar el cumplimiento de la ley.

La falta de recursos no es impedimento. Las autonomías tienen la potestad de construir alianzas público privadas para desarrollar un grandioso Parque Metropolitano Ecológico a lo largo de las riberas del río Piraí, respetando los derechos individuales y colectivos, donde las obras de mitigación involucren la inversión en proyectos turísticos, recreativos y ambientales como hasta hoy no tenemos en Santa Cruz.

Una histórica y buena institución de partida es el propio SEARPI para encabezar la ejecución del mismo.

Las autonomías tienen la palabra… y la acción inmediata.

Por Gabriela Ichaso