Consideran que es el momento propicio para reabrir el caso de la masacre de Chaparina, porque hay actores intelectuales, como el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a quien se le expulsó por ignominia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
Fuente: eldeber.com.bo
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Al celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, la vicepresidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, planteó reabrir las investigaciones de la masacre de Chaparina y otros casos debido a que no se sancionaron a los autores intelectuales.
«Tienen que reactivarse porque la impunidad es dejar en indefensión a las víctimas de los atropellos«, declaró Herrera a EL DEBER.
La activista consideró que es el momento propicio para reabrir el caso de la masacre de Chaparina porque hay actores intelectuales, como el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a quien se le expulsó por ignominia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
El 25 de septiembre de 2011 indígenas realizaban una marcha en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fueron rodeados por efectivos de la Policía Nacional que lanzaron gases lacrimógenos, golpearon y los maniataron a los indígenas que participaban en la marcha para ser transportados en buses hasta el aeropuerto más próximo en el poblado de San Miguel de Chaparina.
Los indígenas, entre hombres, mujeres y niños, marchaban en rechazo a la construcción de una carretera que atravesaba esa área protegida y uniría Cochabamba con Beni.
«Como APDHB vamos a presionar para que se reabra el caso y se investigue para identificar a los responsables directos e indirectos», reafirmó Herrera.
Al ser preguntada si el expresidente Evo Morales debe ser indagado, la activista dijo que si la investigación determina su nivel de participación tiene que ser procesado con un juicio de responsabilidades por vulnerar derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a la libertad de manifestación.
Morales se desempeñaba como presidente del país cuando se produjo la masacre de Chaparina a los indígenas marchistas en medio de la angustia y la desesperación.
Tres exjefes policiales fueron sentenciados por la justicia como autores materiales, pero no así a los intelectuales que ordenaron la intervención a la VIII Marcha Indígena en defensa del Tipnis.