El caso que vuelve a poner en el centro del debate judicial la responsabilidad política por el manejo del Fondo Indígena
Fuente: El Deber
La defensa del expresidente y exministro de Economía Luis Alberto Arce Catacora solicitó este viernes al juez 12 de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres que disponga su “libertad pura y simple”, argumentando que el imputado padece cáncer, tiene 62 años y se encuentra a cargo del cuidado de su madre adulta mayor, en el marco del proceso por el presunto desfalco al Fondo Indígena.
Durante la audiencia de medidas cautelares, el abogado Jaime Tapia sostuvo que Arce presenta una enfermedad oncológica que lo coloca en situación de vulnerabilidad.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Se establece que lamentablemente tiene la enfermedad del cáncer (…) presenta un hipermetabolismo glucótico sugestivo de procesos secundarios y un linfoma”, afirmó, al tiempo de invocar la aplicación del artículo 68 de la Ley 369 y disposiciones constitucionales que garantizan atención médica prioritaria a personas mayores de 60 años.
Tapia añadió que Arce, quien enfrenta imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, cumple con todos los requisitos para enfrentar el proceso en libertad, al contar con domicilio conocido desde hace más de 20 años y no representar riesgo de fuga. Según la defensa, el exmandatario reside de manera estable en un departamento en la zona de Miraflores, situación respaldada —dijo— por documentación de propiedad y pagos de servicios.
Otro de los argumentos centrales fue el entorno familiar. La defensa presentó un certificado de nacimiento y una declaración voluntaria de la madre del imputado, Olga Catacora Flores, mayor de 80 años, quien señaló que su hijo está a cargo de su cuidado, realizando visitas constantes y velando por su salud y alimentación. “Estas circunstancias refuerzan la inexistencia de riesgos procesales”, sostuvo el jurista.
En el plano de fondo, Tapia cuestionó la imputación fiscal al señalar que Arce no tenía atribuciones individuales para aprobar o rechazar proyectos del Fondo Indígena. Explicó que el entonces ministro de Hacienda formaba parte de un directorio integrado por 18 miembros, por lo que su voto era uno entre otros 17 representantes. “No es evidente que él tuviera la facultad exclusiva de autorizar transferencias de recursos”, afirmó.
La defensa también denunció que Arce habría sido “secuestrado” al momento de su aprehensión, cuando descendía de su vehículo en la zona del Montículo, aunque este extremo no fue desarrollado en detalle durante la intervención.
El juez deberá definir en las próximas horas si acoge el pedido de libertad irrestricta o si dispone una medida cautelar distinta, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate judicial la responsabilidad política y administrativa por el manejo de recursos del Fondo Indígena.