El 5 de diciembre, la Dirección General de Régimen Penitenciario lanzó oficialmente el Programa “Cero Tolerancia a la Corrupción” en San Pedro (La Paz). El objetivo era “garantizar transparencia, disciplina institucional y un servicio público íntegro”.
Fuente: ANF / La Paz
La promesa oficial de erradicar la corrupción en el penal de San Pedro duró, según los propios internos, apenas dos semanas. A 15 días del lanzamiento del Programa “Cero Tolerancia a la Corrupción”, anunciado con actos públicos, discursos y advertencias de sanciones, los cobros ilegales, la extorsión, y el ingreso de alcohol y droga no solo regresaron, sino que se reacomodaron bajo las mismas lógicas de siempre.
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Julio (nombre cambiado por seguridad), interno del penal de San Pedro, relató que una de las principales medidas —la instalación de un buzón de quejas para denunciar cobros ilegales— terminó siendo simbólica. “Han colocado un buzón de quejas para hacer llegar las denuncias, solo funcionó 15 días, ahora siguen cobrando, el buzón de quejas ahora solo es un adorno”, afirmó a ANF.
Según su testimonio, en ese buzón se denunciaron principalmente los pagos exigidos para permitir el ingreso de alimentos, así como los cobros a familiares y visitas. “Ahí pusieron sus denuncias sobre los cobros que hacen para los ingresos, lo que los policías cobran a los nuevos que ingresan alimentos y a las mismas visitas”, añadió.
La iniciativa del buzón fue impulsada por el director del penal, el teniente coronel Adhemir Santos Mengoa, junto con un nuevo Consejo de Delegados liderado por Covarrubias. Sin embargo, internos señalan que Santos Mengoa —quien llegó desde una anterior gestión gubernamental— arrastra serias acusaciones de cobros y corrupción dentro del recinto, lo que debilitó la confianza en la medida desde su inicio.
Javier (nombre cambiado por seguridad), también interno de San Pedro, coincidió en que la “cero tolerancia” fue efímera. “La medida anunciada por el gobierno solo duró dos semanas, solo dos semanas no hubo cobros de los polis, ahora ya cobran de todo”, denunció en contacto con ANF. Aseguró que incluso por ingresos considerados normales se exige dinero. “Hasta por los ingresos normales están cobrando”, señaló.
Uno de los grupos más vulnerables, según los testimonios, son los llamados pensionistas: hombres detenidos por deudas de asistencia familiar. Javier afirmó que ellos continúan siendo extorsionados y sometidos a torturas psicológicas y físicas para obligarlos a pagar por su estadía en el penal. Estas prácticas, dijo, son ejercidas principalmente por delegados provenientes de Chonchocorito, y los internos sostienen que una parte del dinero recaudado termina en manos del coronel del penal.
Raúl (nombre cambiado por seguridad), interno que vive en una de las secciones de población, advirtió que el escenario general no ha cambiado y que, con la cercanía de fin de año, la situación incluso empeoró.
“Hay más alcohol y más droga”, afirmó. Según su relato, el ingreso y consumo de estas sustancias ilegales aumentó con la complicidad de la Policía, responsable del control de los accesos al penal. Aunque reconoció que en algunos casos los montos de los cobros disminuyeron en el portón principal, subrayó que el negocio ilegal continúa intacto y bajo control policial.
El 5 de diciembre, la Dirección General de Régimen Penitenciario lanzó oficialmente el Programa “Cero Tolerancia a la Corrupción” en San Pedro. En ese acto, el director general Fernando Camacho Rivera presentó la iniciativa como parte de las nuevas políticas impulsadas por el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía. El propio Santos Mengoa aseguró entonces que el objetivo era “garantizar transparencia, disciplina institucional y un servicio público íntegro”, y afirmó que “la corrupción no tiene espacio en nuestros centros penitenciarios”.
Las denuncias de los internos contrastan de forma directa con el discurso del comandante general de la Policía, Mirko Antonio Sokol Saravia, quien desde su posesión reiteró la prohibición estricta de cobros ilegales y advirtió a los efectivos que podrían perder su libertad o su carrera. Sokol habló de “cero tolerancia”, ordenó eliminar prácticas irregulares en unidades clave, prometió mecanismos formales de denuncia y llamó a la ciudadanía a no fomentar la corrupción.
Para Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), lo que ocurre en San Pedro demuestra que el problema es estructural. Señaló que la persistencia de cobros ilegales y extorsiones en penales como San Pedro y Morros Blancos, en Tarija, evidencia una corrupción profundamente arraigada que no se resuelve con anuncios ni discursos.
Herrera advirtió que estas prácticas vulneran derechos humanos fundamentales y exigió que las promesas del comandante Sokol se traduzcan en acciones reales, sostenidas y verificables.
Mientras tanto, dentro del penal de San Pedro, los internos coincidieron en una conclusión amarga: la “cero tolerancia” tuvo fecha de vencimiento. Quince días después, el sistema ilegal volvió a operar casi con normalidad, recordando que, en las cárceles bolivianas, la corrupción no se desmonta con actos simbólicos, sino con controles efectivos, sanciones reales y voluntad política que vaya más allá del discurso.
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