El 80% de las familias enfrentará mayor inflación con poco respaldo, alertan especialistas

Los economistas Gonzalo Colque y Gonzalo Chávez indican que los primeros afectados serán quienes dependen de los combustibles para su trabajo, como los productores del agro y los transportistas.

eju.tv / Fuente: Visión 360

El ajuste a los precios de los hidrocarburos generará, por el momento, un crecimiento inflacionario en el 80% de los hogares bolivianos, aquellos que no cuentan con un soporte como el incremento al salario mínimo, según los economistas Gonzalo Chávez y Gonzalo Colque. Además, explicaron que la falta de formalidad de la mayoría de la población causará una mayor zozobra.

«Va a ver un impacto directo para la mayoría de la población, una presión inflacionaria en las familias, las cuales tendrán que absorber, por su cuenta, los efectos. Los precios van a aumentar de manera generalizada, lo cual afecta inicialmente a la canasta básica alimentaria», indicó Colque.

Esto sucede porque, como también informó el gobierno de Rodrigo Paz en distintas ocasiones, la gran mayoría de la población pertenece al sector informal. Esta condición abarca desde vendedores gremiales y transportistas hasta cocaleros, emprendedores y profesionales independientes, entre otros.

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«Las compensaciones están fuertemente concentradas en el sector formal de la economía, tanto a través del salario mínimo como de los bonos administrados por el Estado. Este diseño deja al margen a un dato clave de la realidad económica: cerca del 80% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal, sin salario mínimo garantizado, sin contratos y, en muchos casos, sin acceso directo a los mecanismos de compensación anunciados. Para este segmento, el shock del diésel se traduce en mayores costos de transporte y de insumos, pero sin una red de protección equivalente», complementó Chávez.

Para los especialistas, los primeros en verse afectados serán aquellos sectores que dependen directamente de los combustibles para su trabajo: transportistas de todo tipo y productores del agro, tanto del altiplano como de los valles y del oriente del país. Para Chávez, esta situación se ve agravada porque, hasta el momento, el Gobierno no definió mecanismos claros para estos sectores.

Esto ya ha generado los primeros conflictos de este periodo: los transportistas no solo rechazan lo que denominan un «gasolinazo», sino que ya están incrementando los precios de forma arbitraria, dependiendo del vehículo, la zona y el recorrido.

«La gran pregunta pendiente es qué ocurrirá con las tarifas del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental. Un ajuste en estos precios podría amplificar el impacto inflacionario sobre los hogares, mientras que su congelamiento trasladaría las pérdidas a transportistas ya afectados por el alza de costos», agregó Chávez.

En todo caso, ambos economistas recuerdan que apenas ha pasado un día desde el lanzamiento del Decreto Supremo 5503, por lo que aún se deben esperar más señales. Asimismo, Colque recordó que, si bien el ajuste es duro, la población ya se encuentra en un modo de emergencia, debido a la crisis económica que afecta al país.

«La gente tiene que tomar la situación con calma en el sentido que, si bien van a aumentar los precios de los combustibles, la mayor parte de la población en este momento ya sufre impactos en el poder adquisitivo de su dinero. Entonces, no va a aumentar el consumo significativamente, por lo menos en el corto plazo, porque la gente está como desplegando y minimizando el consumo que tenía años antes», consideró.

En ese sentido, advirtió que la respuesta popular puede agravar la situación, con reacciones que ya se están registrando, como el intento de acumular alimentos y otros productos.

Por su parte, Chávez advirtió que el Gobierno debe buscar consensos políticos y volcar la mirada a su propia ejecución presupuestaria. «Resulta inevitable preguntar por qué no se optó simultáneamente por medidas más duras del lado del gasto público, como el cierre de empresas estatales deficitarias, recortes significativos en planillas salariales del sector público o una racionalización más agresiva del aparato estatal. Al no abordar estos frentes, el ajuste recae de manera desproporcionada sobre los precios y el ingreso real de los hogares, en lugar de distribuir los costos entre el sector público y privado».

Colque considera que lo mejor que se puede esperar es una reducción en el déficit fiscal, «en términos macroeconómicos», lo que implicaría una mayor estabilidad.

Por su parte, Chávez indica que el desenlace dependerá «de tres factores clave: si el aumento salarial del 20% logra sostener el consumo en un contexto de costos energéticos disparados; si se diseñan mecanismos de compensación más amplios e inclusivos, especialmente para el sector informal y el transporte; y, finalmente, de la reacción de la población organizada frente a un shock que, aunque anunciado, sigue siendo social y políticamente explosivo».