Bolivia termina el 2025 exhausta, golpeada por una crisis económica, energética, política y social; sumida en estanflación; con un déficit fiscal por 11 gestiones consecutivas y un desbalance del comercio exterior, por 3 años; una caída del Producto Interno Bruto en 2,4% al primer semestre y una inflación del 20%, algo no visto en 40 años; la pérdida de empleos dignos en el sector formal, la pobreza en alza y una informalidad creciente, son parte de la cruda realidad, las cifras oficiales así lo demuestran.
Es lamentable decirlo, pero, buena parte de esta debacle fue autoinfligida por las políticas públicas deficientes, los insufribles bloqueos de carreteras, los paros recurrentes, los violentos avasallamientos, la escasez de combustibles y dólares, las trabas a la exportación, la burocracia asfixiante y la incertidumbre política, que frenaron el desarrollo.
En este contexto, el D.S. 5503, del 17 de diciembre de 2025, aparece como una señal necesaria y urgente, aunque no perfecta ni suficiente por sí sola, apuntando a la austeridad fiscal para la estabilización macroeconómica; al sinceramiento de precios en el sector de hidrocarburos con el levantamiento de la subvención al diésel y la gasolina, además, de medidas para que el sector empresarial privado vuelva a invertir, producir y exportar.
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En economía, las señales cuentan a veces más que las propias políticas, porque influyen en las expectativas y ya se sabe que, sin expectativas positivas, no hay reactivación posible.
Lo que preocupa es que frente a este intento de ordenar la economía, surjan los bloqueadores de siempre que dicen defender al pueblo, pero en los hechos lo castigan. Protestar es un derecho humano, una forma de libre expresión en democracia, cuando es pacífico. Pero, bloquear es otra cosa. Por definición, todo bloqueo es violento, siendo que unos pocos se imponen por la fuerza, socavando los derechos de millones de personas.
Cuando se bloquea una carretera, se vulnera el derecho al libre tránsito y al trabajo; cuando no llegan alimentos y medicamentos o ambulancias, por culpa de los bloqueadores, se vulnera el derecho a la alimentación y a la salud; cuando se interrumpen las clases, se vulnera el derecho a la educación; y, si se genera caos e inseguridad, se vulnera el derecho a vivir en paz y, al final del día, quienes más sufren son los pobres.
Bolivia ha pagado un alto precio por hacer del bloqueo un arma política: Menos producción y exportación, menos empleo e ingresos, más inflación y pobreza, menos desarrollo.
Frente a ello, el Estado no solo tiene la facultad, sino la obligación de actuar. La Constitución Política del Estado, las normas derivadas y las instituciones gubernamentales existen para garantizar la seguridad ciudadana. Hacerlas cumplir no es autoritarismo, es una responsabilidad democrática. La ley no puede ser optativa ni selectiva, si se quiere reconstruir la confianza y el orden, hay que aplicarla y punto.
El gobierno de Víctor Paz Estenssoro, luego de 23 días de ser posesionado, lanzó el célebre D.S. 21060, un 29 de agosto de 1985, y, ante los desmanes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de los “sindicalistas” en contra de la Nueva Política Económica, haciendo uso de sus atribuciones y en estricta sujeción a la ley, no le quedó otra que dictar estado de sitio y confinar a los revoltosos, logrando así pacificar al país. Viene bien recordarlo para quienes lo vivieron y para que lo sepan, los que no.
Salir de la crisis actual exige unidad, no una unidad forzada, sino, una verdadera unidad en la adversidad y diversidad, una unidad entre gobernantes y gobernados, entendiendo que el esfuerzo y sacrificio deben ser compartidos entre un Estado austero y eficiente, y la ciudadanía dispuesta a respaldar las medidas responsables del gobierno, así sean difíciles.
La única salida sostenible a la situación actual pasa por invertir y producir más, exportar más e integrarse al mundo sin complejos: las exportaciones generan dólares, fortalecen las reservas, estabilizan la economía y crean empleos dignos; los mercados internacionales son al mismo tiempo una oportunidad y un desafío a ser competitivos.
Bolivia debe volver a creer en sí misma, dejar atrás la lógica del bloqueo y abrazar el compromiso del esfuerzo, aprender de sus errores, así como de los aciertos ajenos. Un mejor país es posible, siempre que prime la estabilidad sobre el caos, la ley sobre la fuerza, y la concordia sobre el conflicto pertinaz.
De cara al 2026, con unidad de propósito y visión, podemos esperar mejores días para nuestros hijos, bajo un trabajo público-privado, sin desconfianza ni mezquindades: con la fe puesta en Dios, hasta lo imposible se vuelve alcanzable.
Así las cosas, el mayor milagro que Bolivia necesita no es económico, es humano: superar las diferencias que la dividen y aprender a vivir en paz. Si hacemos lo que Jesús dijo, que nos amemos unos a otros como él nos amó -esto es- hasta el sacrificio, entonces, créame, solo entonces una mejor Bolivia será posible.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez
Economista y Magíster en Comercio Internacional