Por Marco A. Curi Melgar – Periodista
Hasta las dictaduras más sangrientas han caído en Bolivia y se hizo justicia. En las casi dos décadas del régimen masista disfrazado de democracia, con una primavera de un año, se cometieron una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos opositores y personas que pensaban diferente, ahora, que la justicia actuó, se declaran perseguidos políticos.
El viejo adagio ‘El que a hierro mata, a hierro muere’ es muy sabio y se acomoda muy bien a los otrora poderosos del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes abusaron del poder para perseguir y meter presos, con excusas que rayaron en lo absurdo.
Si se recuerda, el 12 de marzo de 2021, el gobierno de Luis Arce, al mando del entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, armó un monumental operativo para aprehender a la expresidente, Jeanine Añez, sindicada de supuesto «terrorismo, sedición y conspiración», por lo sucedido en noviembre de 2019, que terminó con la salida de Evo Morales de la Presidencia del Estado y ella recibió el cargo en sucesión constitucional.
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El 9 de diciembre del mismo año, en otro operativo al mando del Exministro de Gobierno, procede a la aprehensión de Marco Antonio Pumari, por delitos similares a la exmandataria.
Además el 28 de diciembre de 2022, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, es emboscado por personeros del Ministerio de Gobierno por órdenes de Del Castillo y trasladados hasta La Paz al penal de Chonchocoro, violentando sus derechos como autoridad electa.
Tanto Añez, Camacho y Pumari, fueron acusados por el masismo, de un supuesto golpe de Estado que nunca existió y que fue un pretexto para tapar el colosal fraude de Evo Morales en 2019. Incluso la ahora detenida exdiputada Lidia Patty, presentó una demanda contra ellos y se convirtió en la principal acusadora.
Las cosas cambiaron este año con el nuevo Gobierno, el 29 de agosto de 2025, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, recuperan su libertad, tras la revisión de su caso por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo.
El 5 de noviembre de 2025, la expresidente Jeanine Añez, sale libre al ser beneficiada por el TSJ con la anulación de su sentencia de 10 años, emitida en junio de 2022, por el llamado ‘Golpe de Estado II’, debido a las irregularidades del proceso, ya que debió ser juzgada en un juicio de Responsabilidades y no por la justicia ordinaria.
Una vez activado nuevamente el caso del Fondo Indígena, el 5 de diciembre del presente año, La exparlamentaria masista Lidia Patty, es aprehendida y derivada al juez cautelar, quien determinó 2 días después, 120 días de detención preventiva, acusada de recibir a sus cuentas personales, 700 mil Bs, monto destinado a 8 proyectos rurales del ExFondioc.
Por el mismo caso, el 10 de diciembre, el expresidente Luis Arce, es aprehendido, acusado por «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica» cuando se desempeñaba como Ministro de Economía de Evo Morales, 3 días después, un juzgador le da 150 días de detención preventiva.
Ahora, la madrugada del martes 30 de diciembre, el exministro Del Castillo, carcelero de Añez, Camacho y Pumari, fue aprehendido por obstrucción a la Policía, cuando se encontraba de paso por el aeropuerto Viru Viru, rumbo a Chile con destino final China.
De inmediato, la defensa del Gobernador Camacho, presentó denuncia formal contra el expresidente Arce y el exministro Del Castillo, acusados de corrupción y contra la integridad física, que se cometió con el secuestro de la autoridad departamental y con esta, hubo varias demandas contra el excandidato a la Presidencia por el MAS en las pasadas Elecciones Nacionales.
«La justicia tarda, pero llega», decían algunos activistas y líderes de opinión, demostrando de esta manera, que ningún abuso de poder debe quedar impune.