Carlos Hugo Molina
Cuando escuchamos muy sueltos de cuerpo a una dirigencia arancela por el MAS, dar ultimátum y poner plazos para que se adopten medidas bajo alternativa de declarar el fin del mundo, comprobamos el daño que ha sufrido nuestra democracia. Y es que no se trata solamente del preso en el Chapare que hace gala de su cinismo; cualquier encumbrado por el poder se considera con derechos para proponer volver de donde hemos salido y a donde no queremos volver jamás.
Para que ello ocurra, necesitamos enfrentar, con firmeza y ternura, a quienes pretenden llevarnos nuevamente a la barbarie. El gobierno del presidente Paz, desprovisto hasta ahora de un militante y organizado aparato que supere la etapa de la ocupación de la burocracia, necesita portavoces en todo el territorio nacional que expliquen el cambio que se está generando. Comprobamos cómo la incorporación del sentido común y la racionalidad en las decisiones gubernamentales, establecen una diferencia radical con el pasado reciente, y, sin embargo, un presidente ocupado de labores de estadista al mismo tiempo que de oficio de fontanería, corre el riesgo de una fibrilación sino dosifica su acción y delega vocería y riesgo en los gestores públicos.
Siendo comprensibles las dificultades discursivas, se hace imprescindible una reacción democrática desde la sociedad civil que ayude a apurar este trance. Nadie en sano juicio quiere que se apliquen medidas que atenten contra la economía popular, sin embargo, algunos sectores no parecen querer que se ordene la economía para seguir lucrando con la especulación proponiendo el bloqueo antes que el diálogo. Todos podemos protestar, estamos en nuestro derecho, aunque debemos estar claros de dónde vienen las protestas. Durante 20 años de despilfarro y estos 2 años últimos de descalabro, todos, aguantamos todo, carencia, ausencia, especulación, persecución. La dirigencia arancelada cumplió su trabajo de engañar a la población y dejarla sin voz.
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No terminamos de salir del asombro del latrocinio de empresas quebradas, corrupción asquerosa, Fondo Indígena ignominioso, y de repente aparecen quienes piden la perfección divina de medidas imposibles, dando 24 horas para que se cumplan. Y como si ello no fuese suficiente, la actitud del vicepresidente Edmand Lara raya y abunda en la irracionalidad, renunciando voluntariamente al papel que la Constitución y las leyes le asignan, ser fabricante de consensos y acuerdos.
Se sabe que, en procesos de ajuste, quienes son perjudicados por el nuevo orden tienen capacidad de reacción inmediata, mientras quienes dijeron que debía ponerse atajo al desgobierno, productores, empresarios, cooperativistas, emprendedores, trabajadores, normalmente guardan silencio. Como no podemos olvidarnos en 2 meses lo que vivimos 20 años, debemos aceptar que estamos un escenario en el que las Asambleas Legislativas Departamentales todavía responden al antiguo régimen y la democracia triunfante no se dio cuenta. Ahí están los resultados con la exclusión chicanera de postulantes valiosos al Tribunal Electoral.
Está claro también que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene conducción, está cayendo en la lucha de facciones y fraccionamiento, no tiene líderes negociadores evidentes y el vicepresidente Lara todavía no se da cuenta de su responsabilidad. «Esta ALP seguramente no hubiera elegido a Huáscar Cajías, Jorge Lazarte y demás para sus cargos… De hecho, Jorge no tenía Título en Provisión Nacional y hemos perdido la posibilidad de que Gloria Ardaya, Jimena Costa, Henry Oporto, Raúl Peñaranda, Mery Vaca, Julio Aliaga y otros de mucho mérito real hagan parte del TSE. Aquí rige el criterio burocrático y la ignorancia, no el mérito…» dijo, con razón, Ricardo Calla.
Finalmente, en la coyuntura tenemos que ponerles atención a las elecciones de gobernadores y alcaldes y superar el error de la dispersión cometido hasta ahora. Necesitamos que la democracia emerja de la Bolivia autonómica que está esperando paciente, y no tenga la necesidad de tumbarle la puerta a la burocracia satisfecha.