En la próxima gestión, el gobierno de Rodrigo Paz implementará el 50/50 del presupuesto con las regiones.
Fuente: El Diario
El año que viene alrededor de 2.800 millones de bolivianos adicionales en coparticipación recibirán las gobernaciones, alcaldías y universidades, por la eliminación del subsidio a la gasolina, diésel y al Gas Natural Vehicular (GNV), según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza.
De acuerdo con medios locales, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, las gobernaciones debían recibir 9.657 millones de bolivianos (Bs 9.521 millones en 2024); los gobiernos municipales, 21.435 millones (Bs 21.246 millones en 2024).
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Todavía no se tiene claro sobre los asignados para el 2026, según información oficial, hubo un incremento en el Presupuesto General, pero ahora el anuncio del ministro de Economía podría mejorar los recursos de gobernaciones, municipios y universidades.
“(…) dejamos de subsidiar a la gasolina y el diésel, ahora ese dinero llega a los gobiernos subnacionales”, resaltó la autoridad a tiempo de indicar que éstos tienen la tarea de mejorar la infraestructura de las regiones en favor de los productores y sus habitantes.
Espinoza recalcó que, de los 10 millones de dólares invertidos en el subsidio, el 30%, es decir 3 millones, iba a parar a los bolsillos de los contrabandistas.
Algunos analistas en medios de comunicación indicaron que los transportistas todo quieren gratis, al parecer su protesta sólo muestra que son parte de un sistema de contrabando. “Son extorsivos”.
Las opiniones están divididas, puesto que algunos ciudadanos están de acuerdo con la medida pues combate el contrabando y el enriquecimiento de algunas personas, además cuestionan la defensa de la subvención, sabiendo que una buena parte va al contrabando.
Precios altos
Respecto a la protesta de la gente que vive al día, Espinoza dijo que trabajarán con las alcaldías para no permitir la especulación, debido a que no hay desabastecimiento de productos de la canasta familiar en los mercados; por lo tanto, no puede haber incremento abusivo de precios.
Informó que el costo del transporte, en el precio final del producto, no puede superar el 8%, por ello la población no debe permitir el abuso de los comerciantes y anunció que en los próximos días saldrán operativos.
Choferes
Con respecto a los choferes, indicó que ellos tienen una hoja de costos, el mismo pasa al Viceministerio de Transporte para su análisis; sin embargo, no respondió si ellos tienen el porcentaje que incide la compra de combustible en las operaciones del sector.
Algunos analistas se animaron a indicar que la incidencia del incremento de los combustibles en el costo del transporte está cerca al 20%, mientras que el alcalde de La Paz, Iván Arias, se animó a explicar que el porcentaje llega al 30% y por lo tanto el incremento debería ir en esa dirección.
Ante los cuestionamientos de los choferes del transporte público sobre el tema de que no adquieren los accesorios como llantas, todos los días, la autoridad sostuvo que, si bien es verdad, pero la compra de una de ellas a veces representa el gasto en la compra de combustible de una semana o un mes de renta.
Manifestó que están abiertos al diálogo con los representantes del autotransporte, clara y abierta, una apertura honesta y transparente, aclaró que no buscan discutir la situación de un sector, sino de las familias bolivianas.
Fue enfático en señalar que la apertura al diálogo no significa abrogar el Decreto, ya que el mismo responde a la situación crítica que dejó los 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), aunque las propuestas o acuerdos pueden incorporarse como medidas adicionales o complementarias.
Por otra parte, ante las críticas que reciben los políticos por sus salarios, el diputado Carlos Alarcón planteó reformar la Constitución para que los cargos sean “ad honorem” y las autoridades puedan trabajar en sus oficios y después ejercer el servicio público.
Ordena la casa
En el marco del Decreto Supremo que declara la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua (MDPRA) informó que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional están orientadas a ordenar la economía, reactivar la producción y garantizar el abastecimiento de alimentos, priorizando la protección de las familias bolivianas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, señaló que el país fue recibido en una situación crítica, con escasez de divisas, distorsión de precios, desabastecimiento de combustibles y un modelo de subsidios insostenible, que terminó afectando directamente al bolsillo de la población y a la capacidad productiva nacional.
“Somos conscientes de que estas decisiones tienen un impacto en la economía de las familias. No somos indiferentes a esta preocupación. Precisamente por eso estamos actuando con responsabilidad, para evitar una crisis mayor que habría golpeado con más fuerza a quienes menos tienen”, afirmó la autoridad.
Semanas atrás, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, alertó que el país se encontraba cerca de una hiperinflación, que por suerte el cambio de gobierno y las medidas buscan evitar.
Decisiones
El MDPRyA destacó que el Decreto Supremo establece medidas concretas para reducir costos de producción, eliminar trabas burocráticas y asegurar el abastecimiento del mercado interno, entre ellas: la eliminación de autorizaciones previas de importación, que permitirá agilizar el ingreso de insumos, reducir tiempos y costos logísticos y evitar desabastecimientos innecesarios; y el diferimiento del Gravamen Arancelario al 0% hasta diciembre de 2026 para la importación de maquinaria, insumos agroindustriales, alimentos, neumáticos, lubricantes y repuestos, con el objetivo de apoyar a productores, agroindustriales y transportistas.
“La mejor manera de cuidar el bolsillo de la gente no es con controles artificiales, sino produciendo más, bajando costos y garantizando oferta suficiente en los mercados”, explicó Justiniano.
Exportaciones
Respecto a las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, el Ministerio aclaró que la eliminación de restricciones administrativas no significa desatender el mercado interno. Por el contrario, el MDPRyA mantiene un rol activo de monitoreo y verificación del abastecimiento nacional, sin fijar precios ni imponer controles que desincentiven la producción.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, hacen un llamado a la calma y a la confianza de la población, subrayando que las medidas adoptadas son responsables y necesarias para sentar las bases de una recuperación económica sostenible.
“Cuando hay incertidumbre, lo responsable es hablar con la verdad. Estamos enfrentando la especulación, ordenando la economía y tomando decisiones que cuidan el bolsillo de la gente.
En el tema del transporte, no avalamos abusos ni incrementos desmedidos, pero creemos en el diálogo y en encontrar soluciones responsables que no perjudiquen a las familias.
Las reglas son claras: estamos bajando costos, quitando trabas y, sobre esa base, exigimos corresponsabilidad.
Mientras algunos apuestan al caos, nosotros apostamos a la estabilidad, al trabajo honesto y a la protección de las familias con salario y bonos concretos.
Bolivia ya empezó a levantarse. La reconstrucción está en marcha y necesita del compromiso de todos”, dijo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza.
Fuente: El Diario