El Gobierno prevé presentar en marzo el PGE-2026. La norma prevé una reducción de cargos y de salarios jerárquicos.
Por Mauricio Quiroz Terán
Fuente: eldeber.com.bo
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No llegó a interpretar ninguna pieza musical mientras ocupó el cargo de asesor en el Ministerio de la Presidencia. Eso sí, la asignación salarial que recibía fue de Bs 20.000 como especialista en políticas públicas. La irregularidad, que pudo cometerse en el gobierno de Luis Arce, fue revelada recientemente por el viceministro de Gestión Pública, Julio Linares.
“Había una persona que trabajaba en despachos de Presidencia, ganaba 20.000 bolivianos y me dijo: ‘Soy auditor, pero nunca he trabajado en las atribuciones que me han dado, mi amigo Gustavo Torrico me ha contratado porque soy buen músico’”, relató Linares.
Según la autoridad, este funcionario tenía asignada la tarea de monitorear proyectos especiales por cerca de Bs 30.000 millones, sin contar con experiencia ni formación acordes a esa responsabilidad.
El caso del “músico”, explicó Linares en una entrevista con radio Panamericana, refleja una práctica más amplia detectada por el Ejecutivo: la creación de cargos jerárquicos “a medida” mediante decretos, sin criterios técnicos homogéneos ni reglas claras.
En la revisión de los Manuales de Puestos (POAI), el Gobierno encontró incluso que para un mismo cargo de Director General algunas entidades exigían un doctorado (PhD), mientras que en otras bastaba con ser bachiller.
El viceministro señaló que este tipo de contrataciones infló el gasto corriente y debilitó la eficiencia institucional. Por ello, el Ejecutivo apunta a recortar el gasto corriente como parte de su estrategia para reducir en un 30% el déficit fiscal, eliminando duplicidades de funciones y cargos sin sustento técnico.
Entre los ajustes en evaluación, Linares mencionó la coexistencia de entidades con competencias similares —como la Autoridad de la Tierra y la Autoridad de la Madre Tierra— y adelantó que el presupuesto reformulado, que incorporará estos recortes, será presentado el 30 de marzo de 2026.
El Gobierno sostiene que el objetivo es cerrar el paso a designaciones discrecionales y establecer reglas técnicas claras para el acceso y la permanencia en cargos públicos, con el fin de evitar que casos como el del “músico” vuelvan a repetirse.